La financiación como arma partidista
Vistas las experiencias del pasado, quizás ahora sería mejor dejar de utilizar la financiación como arma partidista y plantear una propuesta fuerte y compartida por el conjunto de las fuerzas políticas
Según las noticias -opacas, deshilachadas- de los últimos días, se va perfilando el perímetro de la negociación que podría llevar, o no, a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat, gracias a los votos de ERC, siempre y cuando su dirección sea capaz de encauzar el duro debate interno. En el centro de este perímetro está el sistema de financiación, que unos llaman propio, otros, singular. Sin embargo, y más allá del modelo resultante, hay que reflexionar sobre la idea de fondo: que el sistema de financiación sea objeto de una negociación política contingente, una circunstancia que en el sistema político catalán no se ha producido desde siempre.
En las primeras legislaturas autonómicas, la negociación de los sistemas de financiación interesaba al conjunto de las fuerzas políticas catalanas. Evidentemente, cada partido tenía sus propuestas, pero el debate -piénsese en 1986, con la adopción del llamado “sistema definitivo”, o en el bienio 1992-93, cuando se produjeron las primeras cesiones de tramos de IRPF-, se había celebrado fuera de los contextos electorales, o de estricta competencia partidista y se había desarrollado fundamentalmente en espacios unitarios e institucionales.
La primera vez que la financiación se presentó como un logro capitalizable política y electoralmente por uno de los actores fue en el pacto del Majestic en 1996, cuando se incrementaron los porcentajes de los tramos cedidos de algunos impuestos. Sin embargo, el salto definitivo se dio en febrero de 1999, cuando Artur Mas, entonces conseller de Finances, en una conferencia en el Círculo de Economía de Barcelona, presentó su propuesta de pacto fiscal como globo sonda para saber si podía ser uno de los leitmotiv de la campaña de CiU para las elecciones del siguiente mes de noviembre. No funcionó: las otras fuerzas políticas catalanas criticaron la iniciativa por partidista y, con la mayoría absoluta del PP en 2000 -y la dependencia del último gabinete presidido por Jordi Pujol en Barcelona-, durante unos años la propuesta desapareció.
La financiación volvió a debatirse en el marco del Estatut, y se aprobó un nuevo sistema, mayoritariamente consensuado, que ha tenido muchos problemas en su implementación. En 2012 la financiación volvió a utilizarse instrumentalmente, cuando Mas volvió a sacar el pacto fiscal ante el Gobierno de Mariano Rajoy para intentar capitalizar la agitación independentista. De todo aquello no salió nada reseñable en términos de mejora de la financiación. Vistas las experiencias del pasado, quizás ahora sería mejor dejar de utilizar la financiación como arma partidista y plantear una propuesta fuerte y compartida por el conjunto de las fuerzas políticas catalanas, que tenga en cuenta las necesidades reales (que pivotan, sobre todo, en la población), y que pueda contar con una mirada sobre el conjunto del sistema fiscal español.
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