La Generalitat se resiste a cumplir la orden judicial de suspender la convocatoria de mayor de los Mossos

El Departamento de Interior de la Generalitat que dirige Joan Ignasi Elena (ERC) está dilatando la suspensión de la convocatoria de mayor de los Mossos ordenada por un juzgado como medida cautelar, tal como solicitaba un sindicato. El comisario jefe, Eduard Sallent —el candidato elegido para ascender al máximo rango de la policía catalana—, sigue este martes en el curso, según han confirmado diversas fuentes policiales. Los servicios jurídicos de la consejería han pedido a la titular del juzgado contencioso-administrativo número 8 de Barcelona que especifique en qué términos ha ordenado la “paralización” del proceso. Interior asegura que en ningún caso desoye al juzgado, sino que pretende aclarar los detalles de la orden porque paralizar el concurso supone también un perjuicio para la administración, ya que hay profesores movilizados para las clases a las que deberá asistir durante dos meses Sallent.

Las medidas cautelares dictadas por el juzgado son de obligado cumplimiento para la Generalitat, según las fuentes judiciales consultadas por este diario. Interior tiene margen para recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC), como han anunciado que harán, pero mientras tanto está obligado a implementar la medida ordenada por la jueza. En el caso de la plaza de mayor, Interior se aferra al hecho de que la que parte dispositiva solo especifica que se concede la cautelar solicitada por SAP-Fepol, pero no indica nada más. “Lo que nos diga que tenemos que hacer es lo que haremos”, asegura un portavoz del Departamento de Interior.

Para el sindicato denunciante, Sap-Fepol, no hay dudas de que la medida es clara y concreta. Solicitaron la “medida cautelar consistente en la suspensión de la convocatoria” y la jueza considera que “ha lugar a la medida solicitada”. A la espera de que se produzca una aclaración de la resolución, el sindicato puede instar un incidente de ejecución si considera que el Departamento de Interior ha incumplido la orden judicial. En su auto, la jueza otorga la paralización del proceso denunciado por la posible inconcreción de las bases, entre otras cosas, ante la posibilidad de que en un juicio se decretase la nulidad de la convocatoria, y después fuese muy complicado retrotraer la medida, con consecuencias tanto para la administración como para el propio Sallent.

La agonía ha marcado todo el proceso de la convocatoria de la plaza de mayor de los Mossos, la tercera que se convoca en la historia del cuerpo. El director general de la policía, Pere Ferrer, se vio obligado a sacarla a concurso con las elecciones ya convocadas de manera sorpresiva. El candidato se eligió el viernes 10 de mayo, el último día hábil de las elecciones catalanas. En ese tiempo, el concurso de libre designación ha sumado cuatro denuncias: la de los dos sindicatos mayoritarios, Sap-Fepol y Uspac, la de un sindicato de mandos, y la que ha presentado la única otra persona que se presentó a la plaza, diseñada desde el inicio para Sallent: la comisaria Alícia Moriana. Los juzgados han denegado todas las medidas cautelarísimas solicitadas, pero han aceptado la cautelar (de menor urgencia) pedida por Sap-Fepol.

El nombramiento de mayor de Sallent es un blindaje a su figura y su función en el cuerpo. En el caso de que fuese cesado por un nuevo Ejecutivo catalán, sus dependencias están limitadas al director de la policía catalana, formaría parte del máximo rango en el cuerpo, que ahora solo ocupa Trapero, nombrado mayor en 2017, y no podría estar a las órdenes de ningún comisario. La convocatoria a las puertas de unas elecciones ha sentado mal entre los mandos del cuerpo, que ven una maniobra política que condiciona su trabajo y su imagen pública.

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