El Govern de ERC acelera el proceso exprés para nombrar un ‘major’ de los Mossos antes de las elecciones
La dirección de la policía convoca para el viernes, dos días antes de las elecciones, las entrevistas a los dos únicos aspirantes: el actual jefe del cuerpo y una comisaria
El Gobierno de ERC no quiere abandonar el Gobierno de la Generalitat sin dejar al menos muy bien encaminada la selección del candidato que ocupará el máximo rango de los Mossos, el de major, y que está reservado al jefe del cuerpo. Una plaza pensada para el actual responsable de los Mossos, el comisario Eduard Sallent, y que fue sacada a concurso de manera precipitada después de que el presidente, Pere Aragonès, anunciase elecciones por la falta de apoyo para los presupuestos. La dirección de la policía ha publicado este martes en su intranet que el viernes, dos días antes de que se celebren las elecciones, se llevarán a cabo las entrevistas a los dos únicos candidatos a la plaza de mayor: Sallent y la comisaria Alícia Moriana, que de manera sorpresiva presentó su candidatura a una plaza que supuestamente ya tiene dueño. En la actualidad, solo hay un major en los Mossos, Josep Lluís Trapero, que no ejerce como mando del cuerpo después de ser cesado por el consejero Joan Ignasi Elena.
El proceso para convocar una nueva plaza de major -la norma prevé que pueda haber dos majors en los Mossos- se anunció el pasado 6 de marzo. En una reunión con los máximos mandos del cuerpo, el director de la policía catalana, Pere Ferrer, comunicó que se llevaría a cabo concurso, sin que nadie ocultase que pretendía ascender al actual jefe, el comisario Sallent, al máximo rango existente en los Mossos. El proceso administrativo tenía margen todavía, ya que la legislatura de Aragonès no se acababa hasta febrero de 2025, y el presidente había expresado de manera reiterada su deseo de agotar los cuatro años. Pero el guion giró de manera inesperada el 13 de marzo, cuando Aragonès no logró aprobar los presupuestos y anunció la convocatoria de elecciones para el 12 de mayo.
El director de la policía decidió entonces, para sorpresa de parte de los mandos del cuerpo, acelerar el proceso, para tener tiempo de nombrar al major con el actual Gobierno, aunque fuese en funciones. Eso suponía blindar la figura de Sallent ante un posible nuevo partido al frente de la Generalitat, que podría cambiar al jefe de los Mossos, pero en todo caso no podría retirar el galón de máxima autoridad a Sallent, lo que limita los puestos de trabajo a los que puede ser destinado. El 18 de marzo el presidente firmó la convocatoria de elecciones, y un día después el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publicó el anunció de la convocatoria para cubrir una nueva plaza de major. Desde entonces, dos sindicatos la han recurrido a los tribunales y una comisaría ha tenido la osadía de presentar su candidatura. Nadie lo hizo cuando el rango de major salió a concurso en 2017 para ascender a Trapero.
La nueva convocatoria este martes de las entrevistas, que llevará a cabo el todavía director general, ha sentado mal en parte de la estructura del cuerpo. “¿Cómo un gobierno que seguramente no gobernará puede decidir algo así”, lamentan fuentes del cuerpo, sobre la aceleración del proceso. “Es una vergüenza”, añaden. En los últimos años, los Mossos han entrado en las mismas dinámicas que la Policía Nacional y la Guardia Civil, en las que el máximo jefe policial del cuerpo cambia con cada nuevo Gobierno. Además, el major no puede estar a las órdenes de ningún comisario, y supone de facto apartar a esas personas de la estructura policial. “Tendremos a otro mayor haciendo fotocopias”, lamentan, sobre el arrinconamiento que ha supuesto el cese de Trapero, destinado a la División de Evaluación de Sistemas (DAS) de los Mossos.
El futuro del concurso es todavía incierto. El major lo elige el director de la policía, de manera discrecional. En la convocatoria de la plaza ni siquiera constan unos requisitos concretos necesarios, ni tan solo la entrevista que se ha anunciado en la intranet de los Mossos. Y después lo nombra formalmente el secretario general de Interior. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que cualquier intento de parar la convocatoria, si no es por decisión de un juez, supondría prevaricar, y detallan que en seis meses, desde que se elige al candidato, debe hacerse efectivo el nombramiento. Otras fuentes policiales aseguran que bastaría con dejar desierto el concurso, motivo al que atribuyen las prisas del actual director para elegir entre los dos aspirantes.
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