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Los Mossos suspendieron un año a un agente por colaborar con la seguridad de Vox en su tiempo libre

El policía, que ha recurrido a los tribunales, acusa a la Generalitat de aplicar un doble rasero en comparación con los escoltas voluntarios de Puigdemont

Sucesos Torroella de Montgrí
Una pareja de 'mossos', en una imagen de archivo.David Borrat (EFE)
Rebeca Carranco

El Departamento de Interior de la Generalitat sancionó en abril del año pasado a un mosso d’esquadra por ejercer de coordinador con el servicio de seguridad de Vox cuando tenían un acto en Girona: interlocutaba a través de mail y por teléfono con la propia policía catalana para informar de los eventos en los que participan los líderes del partido. El agente lo hacía fuera de sus horas de trabajo y sin cobrar. El mosso fue sancionado por una falta muy grave, con un año y un día de suspensión de empleo y sueldo. Después de una investigación, la División de Asuntos Internos (DAI) consideró que el policía, Carlos Pérez, ejercía una actividad incompatible con la de ser funcionario y que ponía en entredicho la “imparcialidad y la independencia del cuerpo”. Pérez esgrime que se trataba de un “voluntariado”, sin funciones de seguridad propiamente, y que no está sujeto a ningún permiso, y denuncia que la Generalitat aplica un doble rasero cuando asegura que los policías que escoltaban al expresidente Carles Puigdemont en Francia pueden hacer lo que quieran en sus días libres.

La investigación interna a Pérez, un agente destinado en el área seguridad ciudadana en Girona, empezó en marzo de 2021. Se acercaban las elecciones autonómicas, y el policía había asumido desde noviembre del año anterior hacer una tarea de coordinación con los responsables de seguridad de Vox. Su papel, como afiliado al partido, consistía en comunicar “los actos públicos, mítines, itinerarios y desplazamientos” de los líderes de Vox en Girona. Antes, el propio responsable de la dirección de seguridad del partido informó a los Mossos por mail de que interlocutarían con Pérez. Las comunicaciones fluidas se interrumpieron cuatro meses después, cuando se abrió una investigación. Los superiores insistieron a Pérez, según consta en el expediente, que debía pedir autorización. Pero él se negó: “Es ilógico pedir permiso para desarrollar una actividad en mi tiempo libre, que respalda la Constitución”, insiste. Y añade que ya lo sabían y esgrime que en ningún momento escoltaba o proporcionaba seguridad a los políticos.

Un año después de la investigación, asuntos internos concluyó que resultaba “evidente que su actividad como coordinador de seguridad” para Vox tenía la “finalidad de garantizar la seguridad de los actos públicos” del partido en Girona. En su argumentación, consideraron que ese trabajo “compromete la imparcialidad y la independencia” del policía en Girona, donde insisten que le conocen, porque llevaba entonces 16 años trabajando, y él debe actuar “en todo momento y en todo lugar, esté o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana”. Lo que, añaden, podría provocarle “conflictos de intereses”: “Como por ejemplo, que se produzcan actos espontáneos que alteren el orden público o actos organizados por grupos contrarios a Vox, encontrándose en la disyuntiva de tener que escoger ejercer sus funciones como agente de los Mossos d’Esquadra y velar por la seguridad pública... o como coordinador de seguridad que defiende los intereses de un partido político”. Por todo ello, concluye que incumple de “forma palmaria la normativa sobre incompatibilidades” como policía, además de suponer un “conflicto de intereses” por “falta de imparcialidad o independencia que se pueda dar”.

En abril de 2023, comunicaron la decisión a Pérez, que firma la secretaria general de Interior, de sancionarle con un año y un día de suspensión de empleo y sueldo. Pérez, que está de baja desde entonces, ha recurrido judicialmente y en diciembre está agendada la vista. “Siempre he sido muy meticuloso”, explica Pérez, por teléfono, sobre su labor en Vox, que ejerció en días libres (acostumbraba a trabajar de noche). Considera que lo suyo “es una persecución política” que vulnera su “libertad ideológica”, y pone como ejemplo que en 2012 empeñó el mismo rol con Ciudadanos y entonces nadie le sancionó. “La situación política era distinta”, opina. Desde que se le abrió el expediente hasta la sanción, Pérez siguió trabajando. Ya de baja, la gota que ha colmado el vaso fue cuando escuchó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, defender que los mossos que escoltan a Puigdemont en Francia en la pasada campaña electoral pueden “hacer lo que quieran” en su tiempo libre.

Asuntos internos no ha abierto una investigación a los agentes que han dado seguridad al expresidente catalán en Francia. “Nadie comprueba ni investiga qué hacen los agentes en sus días de descanso porque no están ejerciendo”, asegura un portavoz de los Mossos, a pesar de que mandos de la policía catalana indicaron a este diario que analizarían la situación. Y señala que la diferencia con el caso de Carlos Pérez es que el agente ejercía de coordinación de seguridad de un partido político, que es incompatible con la función policial. Y que él así lo manifestó, a través de las comunicaciones que llevaba a cabo, mientras que los mossos desplazados a Francia no se han significado de ninguna manera. Pérez insiste que él ha seguido interlocutando con la policía catalana, y lamenta que al final, si le dan la razón, su calvario se solucionará con una indemnización, sin que nadie responda por ello.

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Sobre la firma

Rebeca Carranco
Reportera especializada en temas de seguridad y sucesos. Ha trabajado en las redacciones de Madrid, Málaga y Girona, y actualmente desempeña su trabajo en Barcelona. Como colaboradora, ha contado con secciones en la SER, TV3 y en Catalunya Ràdio. Ha sido premiada por la Asociación de Dones Periodistes por su tratamiento de la violencia machista.
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