La Generalitat anuncia por carta al Gobierno que licitarán una “auditoría exhaustiva” de Rodalies

El Departamento de Territori de la Generalitat ha anunciado este jueves una carta dirigida al Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, donde ha solicitado al Ministerio de Transportes el acceso a todas las instalaciones gestionadas por Adif para licitar una “auditoría exhaustiva” de Rodalies. Se trata de una medida incluida en el traspaso de competencias del servicio ferroviario que la Generalitat implementará para analizar el estado de la infraestructura y detectar los elementos que no cuentan con medidas de seguridad adecuadas.

Este jueves ha habido nuevas incidencias en Rodalies. Según han informado fuentes de Renfe a Europa Press, un tren vandalizado lleva cuatro días sin poder utilizarse al no poder acceder al punto de limpieza de la estación de Montcada Bifurcació (Barcelona) por las afectaciones derivadas del robo de cobre del pasado domingo. Las restricciones de capacidad de las vías producidas por la incidencia dificultan pasar unidades desde L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde se encuentra el convoy, hasta Montcada i Reixach (Barcelona).

Es el quinto día consecutivo que el servicio ferroviario catalán sufre problemas de inutilización, retrasos de viajes o cancelación por el robo realizado el día de las elecciones al Parlament de Cataluña. Reparar todo el daño llevará como mínimo dos meses, aunque no hay una fecha establecida para la normalización del servicio. Es la comunidad que más actos vandálicos concentra de España desde el año 2019 (más del 50%), con Barcelona, como ciudad, a la cabeza (32%), seguida de Madrid (11,4%) y Tarragona (10%). Renfe asegura que estos delitos, como el del tren inutilizado este jueves, le han costado a los catalanes 10 millones de euros.

El servicio ferroviario catalán ha sido objeto de disputa en los últimos días entre el Gobierno español y la Generalitat. El ministro de Transportes, Óscar Puente, eximió el lunes de responsabilidades por las incidencias a Renfe y Adif, mientras que apuntaba a la labor de los Mossos d’Esquadra como una de las causas de los reiterados robos de cobre. “Si los Mossos no tienen responsabilidad, Adif y Renfe menos. Son las víctimas [...] de gente incívica o algo peor”, dijo el ministro en una comparecencia. La Generalitat defendió al día siguiente la labor del cuerpo policial en tareas de seguridad y prevención de robos de cableado eléctrico. “Es una irresponsabilidad acusar a la policía de inacción. ¿Cómo puedes afirmar que los mossos no investigan? Hemos hecho entre el domingo y el lunes tres inspecciones físicas en la zona de los incidentes y revisado todas las cámaras”, señaló el director de los mossos, Pere Ferrer, que reclamó al Ministerio de Transportes alrededor de 3.600 millones de euros de inversiones que no se han realizado desde el año 2010 en los trenes catalanes.

El último encontronazo con el ministro fue el martes en el Senado, donde Josep Lluís Cleries, miembro de Junts, achacó a Puente que vigilar las afectaciones de los trenes de Rodalies forman parte de sus competencias. “Es preocupante la falta de asunción de responsabilidad. Ustedes son los que tienen que velar por las vías y estaciones para garantizar un servicio de transporte eficiente”, afirmó Cleries, quien insistió en que la desinversión ayuda a que proliferen actos vandálicos. El ministro de Transporte remarcó en que Renfe y Adif son “las víctimas” y “no los agresores” en los robos que se “producen por desgracia con excesiva frecuencia en Cataluña”. Y añadió: “Renfe y Adif han invertido desde 2020 en el servicio de Rodalies 1.700 millones de euros. El servicio de Rodalies lo gestionamos ahora con la Generalitat hasta que se produzca el traspaso de competencias. ¿Qué van a hacer cuando la responsabilidad sea exclusivamente del Govern? ¿Le echarán la culpa al Gobierno español?”.

El juzgado de Cerdanyola deriva el caso a Barcelona

Serán los juzgados de Barcelona quienes continúen la investigación del robo de 120 metros de cobre en Rodalies tras analizar un informe de los mossos que solicitó una jueza de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), donde el Ministerio de Transporte interpuso en primer lugar la denuncia. En el documento policial, se constata que han sido 120 metros sustraídos y que el punto exacto donde se produjo el hurto compete a la justicia barcelonesa. “Habiéndose producido el corte y la sustracción de los 120 metros de cable de cobre en coordenadas geográficas sitas en el partido judicial de Barcelona, este juzgado no tiene competencia para realizar la investigación y procede a inhibirse”, recoge el auto.

La jueza de Cerdanyola ha aclarado que la causa está abierta por un posible delito de robo con fuerza o uno de desórdenes públicos, que provocaron incendios en varios puntos del servicio de tren “afectándo gravemente al día de la jornada electoral”.

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