Memoria, concordia y amnesia

El próximo 5 de mayo se cumplirán 79 años de la liberación por las tropas estadounidenses de Mauthausen. Banderas republicanas españolas y una pancarta escrita en castellano les daban la bienvenida: “Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras”. Un total de 5.166 españoles –de los 9.161 deportados– murieron en los campos nazis, entre ellos cerca de 2.000 catalanes, valencianos y baleares. No está de más poner esos datos sobre la mesa cuando en Aragón, Comunidad Valenciana o Castilla y León, PP y Vox han decidido reescribir la historia según su peculiar idea de concordia.

La propuesta de la ultraderecha y la derecha es la reacción ante las leyes de los gobiernos de Zapatero y a la movilización social en pro de la memoria antifascista. Desde hace 15 años, el PP considera roto el mainstream ideológico de la transición, que igualaba a los contendientes, daba por muerta y enterrada la tradición democrática republicana, propugnaba no reabrir heridas y recluir la memoria en el ámbito de lo privado, como si de una creencia religiosa se tratara. El historiador y experto en proyectos de memoria Ricard Vinyes hace un recorrido por esas bases teóricas y prácticas en su ensayo histórico Crítica de la razón compasiva. Reconstrucción, transmisión y poder en la memoria del pasado (Icaria editorial, Vilassar de Mar, 2023).

De hecho, el PP nunca ha condenado de forma solemne e institucional a la dictadura franquista, que en su fervor liberticida ofreció no solo a los suyos sino a precedentes lejanos –los contendientes de las guerras carlistas– pensiones extraordinarias y el grado de teniente del ejército por ser “defensores de las tradiciones patrias y precursores del Movimiento Nacional”, según ley de 14 de marzo de 1942.

Durante los primeros años de la transición, sin embargo, no solo la derecha sino también la gran mayoría de las fuerzas políticas quisieron identificar deliberadamente memoria con amnesia para conjurar el retorno de fantasmas del pasado. Y eso alcanzó a Cataluña, contrariamente a lo que sostiene cierto independentismo, que trata de presentar un manto diferencial sin mácula. El diputado Josep Benet, independiente y cabeza de lista del PSUC, preguntó en enero de 1981 por qué razón nadie del Govern había participado en un acto de las entidades memoriales ante el monumento a los voluntarios catalanes en la Primera Guerra Mundial en el Parc de la Ciutadella, una tradición iniciada por la Generalitat republicana. Las entidades habían resignificado el monumento como referente de la lucha por la democracia y contra el fascismo. La respuesta del consejero adjunto a la Presidencia, Miquel Coll Alentorn, fue muy contundente: la ausencia se debió a la “imposibilidad de obligar a nuestras autoridades a perder una parte importante de su tiempo (… )” [para asistir] “a solemnidades de este tipo, que en un pueblo tan pleno de recuerdos históricos surgirían a cada paso”. El líder democristiano se preguntaba si no debía celebrarse también “la salida de Jaume I de Salou para la empresa de Mallorca, la jornada de Coll de Panissars de 1285 o la batalla de Montjuic de 1641″ y añadía “consideramos que el 11 de Setembre simboliza y reúne todas nuestras efemérides de signo patriótico o cívico y al lado de los héroes de 1714 recordamos a todos los catalanes que se han ofrecido en sacrificio en pro de una noble causa”. El Govern también rehuyó unos días más tarde adherirse a la celebración del 5 de mayo –como ya hacían otros países europeos –y honrar así la memoria de los catalanes muertos en los campos nazis.

En los primeros años de la transición, la consecuencia del miedo inducido fue la privatización de la memoria. Pasados 40 años de la dictadura y otros 40 de libertades, ya es hora de articular –como sugiere Vinyes– un espacio ético que restaure de forma pública el patrimonio democrático.

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