Los sindicatos aceptan dialogar con la Generalitat tras el relevo en la dirección de la cárcel donde se acuchilló a una cocinera

La decisión del departamento catalán de Justicia de aceptar este miércoles la renuncia del director de la prisión de Mas d’Enric, en Tarragona, logra encarrilar el conflicto laboral desatado tras el asesinato de una cocinera del centro, a manos de un preso que después se suicidó. Tras dos semanas de protestas, los seis sindicatos enviaron por la noche un comunicado en el que aceptan finalmente sentarse en la mesa de negociación. El gesto de buena voluntad, sin embargo, viene acompañados del anuncio de convocatoria de dos días de huelga, coincidiendo con la campaña electoral.

El hasta ahora director de la prisión, Paco Romero, puso a disposición de Justicia su cargo tras los hechos, el pasado día 6. La Generalitat no la aceptó entonces, esperando conocer el resultado de su investigación interna sobre lo sucedido. Aún no es claro el móvil tras el ataque de un condenado en 2016 a 11 años de prisión por matar a cuchilladas a una prostituta, que contaba con buenos informes de conducta sostenidos en el tiempo y tenía buen nivel de reinserción. Los sindicatos desde el primer momento habían pedido la dimisión del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, como condición previa para sentarse a negociar el levantamiento de las protestas convocadas a raíz de la tragedia y que forzaron el confinamiento de los presos en sus celdas.

La decisión de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, de mantener a Calderó fue muy mal recibida por los sindicatos. Con ambas partes enrocadas el conflicto no parecía tener salida posible. La interlocución la asumió la vicepresidenta catalana Laura Vilagrà y, tras el anuncio de ayer del relevo en Mas d’Enric los sindicatos finalmente ahora posible sentarse con “representantes válidos” de la Administración, aunque creen que se ha sacrificado “un peón” e insisten en que quieren la dimisión del secretario, a quien acusan de obviar años de quejas sobre las condiciones laborales. La portavoz de los socialistas, Alícia Romero, ha criticado a través de la red social X (antes Twitter) que el cambio en la dirección del centro haya tardado dos semanas.

En una nota de prensa enviada a las dos de la tarde de este miércoles, Justicia explica que el ahora exdirector de Mas d’Enric y Calderó pactaron el movimiento y le agradece el trabajo hecho por Romero desde 2005 —inauguró entonces el equipamiento penitenciario— y explica que a partir de ahora ocupará “nuevas responsabilidades directivas”. No se sabe exactamente cuándo llegará el sustituto, pero de momento sí ha servido para desbloquear la situación.

La complejidad del primer caso de un asesinato de un trabajador de una prisión a manos de un interno en la historia reciente de España hizo que Justicia descartara aceptar la propuesta de Romero y anunció que se depurarían responsabilidades una vez se conociera el informe interno encargado. Ese llamamiento a actuar con cabeza fría no sentó bien en los sindicatos de los trabajadores de prisiones, que se pusieron automáticamente en pie de guerra. Tras años sin apenas visibilidad, frente a otros colectivos similares como los maestros y las enfermeras, la tragedia les permitió transmitir el descontento acumulando por falta de respuestas a sus quejas —el pliego de sus condiciones laborales no se renueva desde 2006— y optaron por tensar la cuerda.

Romero, funcionario de prisiones desde 1988, dirigió la antigua prisión de Tarragona entre 2005 y 2015 y se encargó de gestionar el traslado del centro a Mas d’Enric. Justicia pone en valor su trayectoria y por eso decide mantenerlo dentro de la estructura, en un puesto que será anunciado en breve. No hay una fecha específica para que el Diario Oficial de la Generalitat publique el nombramiento de su relevo.

El cese de funciones llega un día después de que los equipos directivos de las prisiones de Lledoners (Barcelona) y Ponent (Lleida) decidieran retirar del trabajo en cocina a presos con condenas por homicidio. Desde 2015, todas las cocinas de los centros penitenciarios dependen del Centro de Iniciativas para la Reinserción, la empresa pública que gestiona la bolsa de empleos para los presos. Sin embargo, la circular con las recomendaciones para elegir a los perfiles es de 2002, en la que no se tiene en cuenta el riesgo específico de esa actividad.

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