La Generalitat eleva a 70.000 euros la indemnización a una mujer por un pelotazo de los Mossos en las protestas postsentencia

La Generalitat de Cataluña ha aceptado indemnizar con 69.218,10€ a una mujer que resultó herida en las protestas postsentencia del año 2019. El Departamento de Interior ha doblado la cantidad propuesta inicialmente, 30.000 euros, al descartar que la víctima, Olga A., actuase con imprudencia, lo que suponía una rebaja del 50% de la responsabilidad patrimonial. De esa forma, la administración asume la postura de la Comisión Jurídica Asesora, un órgano consultivo, que resolvió que los Mossos d’Esquadra actuaron desproporcionadamente en una zona en la que no se producían disturbios y dispararon en la cabeza a la manifestante. La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico del que tuvo que ser operada, perdió el 80% de la audición de un oído y sufre epilepsia crónica. La víctima reclama a la Generalitat 200.000 euros.

El Departamento de Interior considera que ha quedado acreditado con las pruebas documentales aportadas por la víctima que la Brimo, los antidisturbios de los Mossos, actuaron en el lugar donde ella se encontraba la noche del 18 de octubre de 2019, uno de los días más duros de las protestas contra la sentencia del procés, con la conocida como batalla de Urquinaona. Y añade que, a pesar de que no hay pruebas concluyentes, las lesiones que sufrió son compatibles con una bala de foam -pelotas de espuma dura- disparada por la policía catalana. La Brimo realizó un breve informe sobre lo ocurrido, en el que concluía que no se podía descartar que hubiesen intervenido en Jardinets de Gràcia, donde se encontraba la víctima, poco antes de las once noche. La “situación generalizada de desórdenes públicos nunca vista” supuso “numerosas actuaciones” de los agentes con “movimientos continuos de las furgonetas”, lo que les impide “aportar información rigurosa y detallada” sobre el lugar en el que se encontraban en cada momento.

En la nueva resolución, el Departamento de Interior descarta que la mujer actuase con imprudencia, como resolvieron inicialmente sus servicios jurídicos. Consideran que no se puede acreditar que en aquel punto concreto hubiese disturbios, y que ella se quedase allí en una contexto evidente de peligro. Inicialmente, el Departamento argumentó que la mujer se “colocó en una situación de riesgo” y “no adoptó unas cautelas mínimas necesarias de autoprotección ante una situación altamente conflictiva” en la ciudad. La Comisión Jurídica Asesora ya se mostró en contra de esa rebaja de la indemnización por su presunta imprudencia ya que no se ha probado que en el lugar que resultó herida se estuviesen produciendo altercados.

La policía catalana no supo nada de la denuncia de Olga A. hasta que recibió la reclamación patrimonial, según explican fuentes policiales, presentada el 15 de octubre de 2020. El proceso lleva tres años y medio vivo, en lo que la víctima ha presentado los informes médicos que acreditan sus secuelas y que determinan que son compatibles con un pelotazo de foam. También ha aportado vídeos donde se aprecia que los Mossos se encontraban en la zona donde resultó herida, y se oyen varias detonaciones compatibles con los disparos de las pelotas de foam. Los altercados después de la sentencia del procés fueron los más graves ocurridos en Cataluña en los últimos años. A resultas, el Departamento de Interior anunció la auditoría interna más grande en la historia de los Mossos para revisar posibles negligencias policiales. El caso de Olga A. nunca formó parte de las actuaciones dudosas que se examinaron.

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