Arbúcies derriba 15 años después un hotel ilegal en la falda del Montseny

De piedra vista, en comunión con el entorno, el hotel que Baden Grup había levantado a 700 metros de altura, en la falda del Montseny, amagaba con ser una exclusiva opción de turismo rural. El problema es que la edificación de 3.400 metros cuadrados nunca debió construirse sobre unos terrenos protegidos, según la justicia. A pesar de contar con todas las licencias, pagar las tasas correspondientes y haber desembolsado ingentes cantidades de dinero para construirlo. El pasado 25 de enero, unas grúas iniciaron un derribo ordenado hace 15 años, en 2009, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los dueños reclaman más de seis millones de indemnización al Ayuntamiento de Arbúcies y la Generalitat.

El proyecto nació hace más de 25 años, cuando Baden Grup, presentó un plan para reformar una antigua masía, de Sant Climent, prácticamente en ruinas. De un proyecto para la cría de faisanes, pasó a un complejo con cuatro estructuras y 3.400 metros cuadrados. Los vecinos de la urbanización de Fogueres de Montsoriu denunciaron y finalmente la justicia les dio la razón y ordenó “el derribo de lo construido”, “la restauración de la realidad física anterior” y “el cierre, clausura y precinto” de un hotel que estaba prácticamente acabado. Pero lo que parecía una batalla ganada una década después, era en realidad solo el inicio de un periplo, que necesitaría todavía 15 años más parece acercarse al fin, con la destrucción de las edificaciones.

El hotel de Baden Grup es más que un conflicto por una construcción en unos terrenos protegidos. Como recuerda su dueño, Francesc Badia, las obras se llevaron a cabo con todas las licencias y con el pago correspondiente de las tasas asociadas. El mismo Ayuntamiento que abrió un expediente sancionador a la empresa por derribar supuestamente los restos de la masía original y considerar las obras que se habían hecho “ilegales e ilegalizables”, en solo 37 días, cambió de opinión y autorizó la construcción. La justicia no ha resuelto quién es el responsable de ese repentino giro y los motivos que hay detrás, pero considera que es “inasumible” e “inaudito”.

“Yo no tuve nada que ver”, defiende el actual alcalde, Pere Garriga (Entesa per Arbúcies), que formó parte del Ayuntamiento como concejal de Urbanismo hasta 2003, se marchó y regresó como alcalde en 2011. Él asegura que ha dado la orden de derribar el hotel “a contra corazón”, porque no ha sido capaz de poner de acuerdo a todas las partes y encontrar una alternativa a tirarlo abajo. Pero un juez inusitadamente insistente apremia, y recuerda periódicamente al Ayuntamiento que tiene la obligación de destruir el hotel levantado en suelo protegido. La sentencia incluso amenazó con cobrar, del patrimonio personal del alcalde, 50 euros por día que tardase en tirarse abajo, aunque nunca se hizo.

Y cuando ya nadie tenía esperanzas de que esa edificación, querida por unos y demonizada por otros, se fuese al suelo, hace unas semanas aparecieron las grúas. Badia se presentó en la finca, preguntó qué ocurría y finalmente franqueó el paso a los trabajadores de los derribos. El administrador de Baden Grup lleva años solicitando que se ejecute de una vez la sentencia. Solo así podrá volver a activar su demanda de restitución patrimonial. Ya en 2017 acudió a los juzgados exigiendo una indemnización de 6,6 millones. “Lo hice todo con las licencias y los permisos”, recuerda, en conversación telefónica. A sus 84 años, asegura que lleva años atrapado por un litigio que supone una rémora para él, para sus descendientes y un agujero en su patrimonio familiar.

Las partes ahora aguardan que el derribo se lleve a cabo definitivamente. Las grúas, solo unos días después de empezar, se han ido. El alcalde explica que la empresa adjudicataria de la destrucción, Excavacions Rosell, tiene varios meses para llevarla a cabo. El temor de algunos de los implicados es que el Consistorio haya gesticulado, con la intención de que parezca que se ha ejecutado la sentencia, para esquivar los nuevos frentes que se abren una vez se destruyan todos los edificios. Badia reclama contra la Generalitat -la comisión de Urbanismo dio luz verde a su proyecto- y el Consistorio, que le otorgó las licencias. “Será un juez quien determine las responsabilidades de cada uno”, asegura Garriga, que considera una “injusticia que el Ayuntamiento, con los impuestos de la gente, tenga que pagar una obra mal hecha según una sentencia judicial”.

La abogada Elena Moreno, de la comunidad de Fogueres de Montsoriu, celebra que finalmente una construcción ilegal en las faldas del Montseny vaya abajo. “Es vergonzoso lo difícil que es ejecutar las sentencias, sobre todo de derribo, como si los temas de ladrillo fuesen menos importantes que un condenado entre en prisión”, opina. “Era un proyecto sólido y bonito y adecuado. Yo quiero el Montseny, donde hace 50 años que me muevo”, defiende Badia. “Casi no me da tiempo de seguir este litigio”, se queja el empresario, que también sopesó otras salidas. “Se buscó una alternativa, que me expropiasen y usarlo con utilidad social o científica”, recuerda, pero no funcionó. La letrada Moreno lo que no entiende es que la demolición vaya a alargarse aún más en el tiempo: “No creo que cueste meses hacerlo. En semanas, podría estar acabado”.

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