Los alumnos de la ESO en Cataluña deberán apagar y guardar los móviles durante toda la jornada lectiva

Los alumnos de la ESO en Cataluña deberán apagar los móviles a la entrada del instituto y mantenerlos guardarlos durante toda la jornada, a excepción de los momentos en que haya que usarlos con un motivo pedagógico, que el docente determinará. En infantil y primaria, los dispositivos quedan totalmente prohibidos. Esta es la síntesis de las instrucciones sobre el uso de móviles que el Departamento de Educación ha enviado este martes a los centros educativos públicos y concertados sobre el uso de los móviles, y que recoge las intenciones que la consejera Anna Simó ya ha repetido en las últimas semanas: nula presencia en primaria y usos pedagógicos en secundaria. “Las instrucciones tienen que educar, más que prohibir. Reducimos la presencia de los móviles, pero Educación no se lava las manos, tenemos que hacer competentes a los alumnos en el buen uso de estos dispositivos, y que hagan un uso crítico y responsable”, ha sintetizado Simó.

Las instrucciones llegan el día antes de que Simó se reúna con la ministra Pilar Alegría y el resto de comunidades para tratar este tema, que en los últimos meses se ha colado en la agenda política gracias a la iniciativa de centros que de forma masiva han prohibido el uso de móviles este curso y al de familias de Barcelona, que han logrado abrir el debate sobre si es necesario regalar el primer teléfono a los adolescentes de 12 años. La regulación sigue el mismo espíritu -prohibir en primaria, limitar en secundaria- del documento aprobado el pasado jueves por el Consejo Escolar de Estado y en diciembre por el Consejo Escolar de Cataluña. Y también se suma al ejemplo que otras comunidades que ya han aprobado normativas igual de restrictivas que Cataluña, aunque hay algunas regiones con doctrinas más laxas.

En detalle, el documento determina que los alumnos deben apagar los móviles al entrar en el instituto y guardarlos durante toda la jornada, aunque el lugar -mochila, taquilla…- lo deberá concretar cada centro. Se indica que hay que priorizar el uso de ordenadores e incluso se da opción a que los centros que opten por la prohibición total lo puedan hacer. El centro también deberá especificar qué restricciones marca en el caso de las excursiones o salidas. Durante el horario no lectivo -comedor, acogida matinal o extraescolares- tampoco se permite usar el móvil, a excepción de que un docente lo autorice para una actividad concreta. Los institutos con un proyecto pedagógico que incluya un uso más intensivo del móvil del que contempla la normativa, deberá solicitar una autorización especial al departamento.

En cuanto a la etapa de infantil y primaria, se veta el uso tanto en horario lectivo. Los alumnos que lleven un teléfono a la escuela, lo deberán apagar y guardar en el lugar que determine el centro. En cuanto a la postobligatoria, la normativa es más laxa (aquí hay alumnos mayores de edad) y se apela a la responsabilidad de los alumnos para que hagan un buen uso, pero también se indica que solo se usen para asuntos académicos.

La normativa se centra básicamente en los alumnos y en cuanto a los adultos -profesorado y familia- se limita a recordar que deben actuar como “referentes”, haciendo “un uso ejemplar” de estos dispositivos. “Hay que ser coherente con los que se predica en el centro”, ha asegurado la consejera.

Reducir distracciones

La regulación parte de un principio claro: “El uso de los teléfonos móviles tiene que ser el mínimo posible y que los usos permitidos tienen que estar justificados educativamente”. También confirma la posición del departamento de no decretar una prohibición radical de los dispositivos, sino buscar una posición intermedia en que su regulación sea compatible con lograr una educación digital de los alumnos. En este sentido, aboga por enseñar tanto los beneficios como los riesgos que suponen estos dispositivos tecnológicos.

El documento también argumenta que cuando se recomienda ciertas limitaciones se hace para “preservar la concentración de los estudiantes y fomentar las interacciones cara a cara, reduciendo las distracciones que pueden afectar negativamente en el rendimiento académico y el neurodesarrollo”.

Tal y como avanzó el departamento, no se trata de una normativa de obligado cumplimiento, sino de unas instrucciones o indicaciones –”un marco general común”-, “que cada centro tomará como referencia para luego concretar el régimen interno” del centro, en función de los acuerdos internos que se tomen. Para ello, se recomienda llegar a cabo un proceso de debate y reflexión entre la comunidad educativa (profesores y familias). En este sentido, cada centro deberá elaborar sus normas propias e incluirlas en las Normas de organización y funcionamiento del centro, publicarlas, informar a las familias y entrarán en vigor ya el próximo curso. Estas normas deberán incluir el tipo de faltas y sanciones que se pueden aplicar en caso de incumplimiento.

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