Interior incumple la orden de entregar unos mails al exjefe de investigación de los Mossos

El Departamento de Interior ha incumplido la resolución de transparencia que obligaba a entregar unos correos electrónicos al exjefe de investigación de los Mossos, el intendente Toni Rodríguez. En los mails, el comisario jefe, Eduard Sallent, solicitaba a través de su gabinete el acceso máximo a las bases de datos que permiten consultar todas las investigaciones, también las secretas y confidenciales. El intendente ha requerido ese intercambio de mensajes para demostrar que su cese en realidad se debió a su negativa a facilitar información de casos judicializados para evitar injerencias políticas. Consultado por este diario, el Departamento ha declinado pronunciarse.

La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), un organismo independiente designado por el Parlament, resolvió el pasado 19 de octubre que el Departamento de Interior librase al exjefe de investigación de los Mossos los “correos electrónicos que se intercambiaron desde la Jefatura de la Policía y la División de Sistemas de Información Policial sobre la necesidad de validar y confirmar la tramitación del nivel de acceso que se menciona en la reclamación”. Para esquivar la entrega, el director de la policía catalana, Pere Ferrer, alega que no constan unos mails sobre el acceso a las bases de datos relacionados con el reconocimiento de la categoría laboral del intendente Rodríguez.

Su posición laboral y las causas de su destitución, hace dos años, son los caballos de batalla que el mando de la policía catalana mantiene con el Departamento de Interior, y sus argumentos ante transparencia para conseguir diversos documentos. Entre ellos, requiere unos mails determinantes que llevaron al equipo que investiga causas de corrupción a trabajar fuera de los servidores de la policía catalana. Se enviaron el 29 de mayo de 2020, según indicó el intendente, con el objetivo de que la jefatura de Mossos obtuviera los máximos permisos de acceso al Núcleo de Información Policial (NIP), la base de datos donde la policía vuelca toda su información. En ese momento, los Mossos investigaban con total hermetismo a su propio consejero, Miquel Buch, por la escolta de Puigdemont en Bélgica.

En su reclamación a transparencia, el intendente no indica que los correos electrónicos se refiriesen directamente a su categoría laboral o a sus funciones. Pero, según su criterio, son una prueba irrefutable de la injerencia de la jefatura en una investigación incómoda contra Buch, que se encontraba judicializada, y de la que él no compartía ningún detalle con sus superiores. La solicitud se presentó a la División de Sistemas de Información Policial (DSIP) y en los mails constaban diversos mandos de la jefatura de los Mossos d’Esquadra, entre ellos un comisario y un inspector. Fuentes implicadas en ese intercambio han reconocido a este diario que los correos existen. Precisamente por lo poco habitual de la petición, indican fuentes policiales, el proceso se alargó varios días. Fuentes cercanas a la jefatura han defendido el legítimo papel de supervisión de la cúpula policial.

En escritos anteriores, para denegar la información, el Departamento alegó que suponía un peligro para la “seguridad pública” porque desvelaba “niveles de perfiles autorizados” así como “los funcionarios que pueden acceder”. Y añadió que podía “entorpecer” las investigaciones y suponer un peligro para los policías que disponen de los máximos permisos. A pesar de sus argumentación, el Departamento de Interior nunca clarificó si los mails existían o no, algo que el GAIP reprochó. “Ya debería haber quedado aclarado”, lamentaron desde el organismo, que ordenó entregarlos anonimizados para preservar la protección de datos de los implicados y su seguridad.

El intendente Rodríguez fue cesado en diciembre de 2021 por el equipo designado por el consejero del Interior, Joan Ignasi Elena (ERC), el mismo día que sustituyeron a hasta entonces jefe del cuerpo, Josep Lluís Trapero, y otros mandos considerados afines. Rodríguez pasó de dirigir el buque insignia del cuerpo, la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC), a ser jefe de la comisaría de Rubí, donde sigue. En su etapa, lideró la investigación contra Buch, por la que ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel. También capitaneó la investigación contra la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, condenada también a 4,5 años por trocear contratos.

En la demanda administrativa por su cese en los juzgados, el intendente ya acusó directamente al comisario Sallent de pedir una “copia de las diligencias” de la investigación contra Miquel Buch a través de personas interpuestas. Requerimiento que “no se atendió y generó tensión con la cúpula del cuerpo” que finalmente “tuvo acceso a las mismas por vías desconocidas”. El comisario Sallent siempre ha negado cualquier injerencia . “Es falso y mentira”, aseguró en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que se refirió a las “acusaciones gratuitas” de Rodríguez como una estrategia para lograr la nulidad de su cese, lamentó el daño reputacional que suponía para él, y la sombra de duda para los Mossos en general.

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