La anulación de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona abre la puerta a un alud de recursos por las multas cobradas

La confirmación por parte del Tribunal Supremo de la anulación de la ordenanza que acompañó la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona entre 2020 y finales de 2022 abre la puerta a un alud de recursos por las multas que se impusieron durante ese periodo a conductores que ya las han pagado. La nulidad de aquella ordenanza, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no afecta al actual funcionamiento de la ZBE, para la que se redactó una segunda versión del texto, mejorando aspectos que cuestionaba la sentencia (veía excesivo el ámbito de aplicación y las condiciones del veto), y fue aprobada en enero de este año. Pero durante la vigencia de la anterior, el Ayuntamiento impuso 320.013 multas a conductores de vehículos contaminantes que entraron en la ciudad pese a no tener etiqueta ambiental de la DGT. El consistorio no detalla cuántas se han pagado y asegura que “la sentencia no afecta a ninguna multa firme [pagada] interpuesta con la antigua ordenanza”. Sin embargo, ha provisionado casi 32 millones de euros pensando en el peor escenario de impacto económico que “podría llegar a tener una sentencia contraria a la ZBE”, explican fuentes municipales. Las entidades que llevaron la ordenanza al TSJC mantienen que sí se podrán recurrir las multas.

En una sentencia del 2 de noviembre, el Supremo rechaza el recurso de casación que presentaron el Ayuntamiento, el Área Metropolitana de Barcelona y la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en 2022 tumbó la ordenanza que señala las condiciones de aplicación del veto a los coches más contaminantes. El recurso de las tres administraciones situaba la preservación de la salud pública ante el impacto de la contaminación del tráfico como principal argumento para defender la ZBE. La ZBE fue impulsada por los comunes de Ada Colau en su primer mandato de Gobierno y entró en vigor en el segundo, gobernando con el PSC. El equipo del actual alcalde, el socialista Jaume Collboni, mantiene silencio y no ha valorado la ratificación de la nulidad.

El Ayuntamiento aporta otro dato: que la recaudación total desde 2020 ha sido de 10,7 millones de euros, que también incluyen las casi 50.000 multas de este año, con la segunda versión de la ordenanza. En un cálculo aproximado, a 100 euros por sanción, podrían ser unas 107.000 (un tercio de las de la primera época), aunque la reincidencia se penaliza con un 30% más de multa. Vistos los plazos de una y otra ordenanza, en un cálculo aproximado de este diario, las multas pagadas serían un tercio de las impuestas hasta 2022.

Las patronales, asociaciones y gremios que recurrieron la ordenanza de 2020 no tienen dudas de que las multas se pueden recurrir. “Tras la ratificación de la nulidad de la primera ordenanza por parte del Supremo, todas las sanciones que derivan de la misma son nulas de pleno derecho”, advierte Carlos Folchi, el secretario general de la patronal de los autónomos y pequeñas y medianas empresas transportistas (AGTC). Por parte de la Asociación de afectados por las restricciones de circulación (ASOPARC), una de las entidades más beligerantes contra el veto al coche contaminante, Mònica Xufré asegura también que “entre las multas pagadas entre 2020 y 2022 se pueden recurrir, por mucho que el Ayuntamiento diga que no”. “Cualquiera que tenga multa y se vaya con la sentencia del Supremo a un abogado puede exigir la devolución, y con intereses”, asegura.

Xufré señala, además, que las mismas cinco patronales, asociaciones y gremios que recurrieron la ordenanza de 2020, lo hicieron de nuevo con la de 2023, actualmente vigente. Consideran que la flexibilización que se hizo de las condiciones en las que se puede circular con un vehículo sin etiqueta (el criterio para medir la vulnerabilidad de una familia o el número de permisos anuales) son insuficientes. Un extremo que confirma el Ayuntamiento: “Hay tres recursos contencioso-administrativos contra el acuerdo de plenario del 27 de enero de 2023 de aprobación definitiva de la Ordenanza que fija los criterios de acceso, circulación y aparcamiento de vehículos en la ZBE”. “Que no saquen pecho porque la segunda versión también está recurrida y no descartamos acudir ante el tribunal que sea, porque el derecho a la movilidad y la libre competencia se continúan vulnerando”, zanja.

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