Las trabas burocráticas reducen el número de beneficiarios de la renta garantizada pese al incremento de posibles receptores

Uno de los grandes hitos de los presupuestos de 2023 fue el de incrementar el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC). Estaba congelado desde el 1 de enero de 2010, y por fin se aumentó, aunque fuese solo un 8%. El IRSC es el baremo que fija la cuantía de la mayoría de ayudas sociales, y también marca el tope de ingresos necesario para poder acceder a ellas. Por lo tanto, cabía esperar que si este baremo subía, también aumentarían las personas que podrían recibir las prestaciones, especialmente la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Los últimos datos de la Generalitat muestran que no es tan fácil: en julio había 163.739 beneficiarios de la RGC, una cifra un 1% menor que en enero, y un 6% inferior a los beneficiarios que había en julio de 2022. Las trabas administrativas que han acompañado desde el inicio el despliegue de la ley de la RGC son el motivo de que pese a incrementar el baremo haya caído la cifra de beneficiarios.

El año que viene hará 10 años que los promotores de la RGC, un grupo ciudadano que había trabajado intensamente para idear una nueva prestación social que sustituyese el sistema de ayudas recortado por el Gobierno de Artur Mas, presentaron la proposición de ley al Parlament fruto de una iniciativa legislativa popular. Tras idas y venidas, la norma vio finalmente la luz en julio de 2017, por unanimidad y con una gran novedad: la Renta Garantizada sería un derecho subjetivo. Es decir, que todas aquellas personas que cumplan con los requisitos para cobrarla, tendrán derecho a ella sin importar la disponibilidad presupuestaria. Pero el resultado dista mucho de ser satisfactorio: apenas llega al 40% de las personas que están en situación de pobreza severa y que son considerados como “elegibles”, según un informe que Ivàlua, el instituto de la Generalitat que evalúa las políticas públicas, presentó el pasado mes de julio.

El porcentaje aún es menor si se toman en consideración las tasas de pobreza. En Cataluña, el 8% de la población (589.000 personas) sufre pobreza severa, y el 24,7% (1.868.500 personas) está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, que sobre estos colectivos la tasa de cobertura actual de la prestación es del 27% sobre los más pobres, y del 8,7% sobre los que están en riesgo de pobreza.

El Departamento de Derechos Sociales explica que el número de beneficiarios ha caído hasta un 6% en un año porque ha habido más bajas que altas. De entrada, hay menos solicitudes (19.068 entre enero y julio, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 24.435), y hay más personas que salen del sistema (se les termina o se les suspende la ayuda) bien porque han encontrado trabajo (1.333 familias) o bien porque han pedido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y con esta ayuda estatal superan el tope de ingresos previsto para pedir la Renta Garantizada. El IMV también tiene una cobertura muy baja (el 16,2% de los catalanes bajo el umbral de la pobreza, según los datos de mayo), y la Generalitat reclama desde hace dos años gestionarlo directamente para eliminar duplicidades, un acuerdo que ahora parece estar a punto de cerrarse.

Trabas burocráticas

Pero las entidades sociales van más allá, y apuntan que las trabas administrativas son las responsables de que la prestación no llegue a más gente. Los problemas no son nuevos, empezaron desde el inicio de la ley con un alto número de denegaciones de solicitudes, demandas contra el Govern y trabas burocráticas. “El incremento del IRSC aumentó las cuantías —actualmente están en 717,10 euros al mes para una unidad familiar de un adulto, o 1.290,78 euros al mes para una unidad de cuatro personas, por poner algunos de los casos más usuales— pero no hizo aumentar la cobertura”, explica Sira Vilardell, vicepresidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. “Hay muchas personas que podrían acceder y no lo hacen por varios factores: por falta de información sobre cómo solicitarla, porque aunque tengan acceso, se autoexcluyen y no lo intentan por las dificultades del proceso, o por dificultades administrativas o de justificación de sus solicitudes”, abunda. Según los datos de la Generalitat, solo el 44% de las solicitudes cumplen con los requisitos, y la mayoría se deniegan porque los ingresos presentados son superiores a lo establecido, porque no se ha podido acreditar la insuficiencia de ingresos o porque se tiene derecho a otras prestaciones.

Vilardell destaca que las barreras administrativas “no se han movido”. “Las entidades que hacemos acompañamiento sufrimos mucha frustración, porque muchas personas están en situación de vulnerabilidad pero no pueden acceder por estas barreras, que son muy grandes porque además se tienen que hacer por Internet, y sufren también la brecha digital”, explica. Enumera situaciones de laberinto burocrático: a veces lo deniegan por la dificultad de demostrar cómo es la unidad de convivencia, ya que hay personas que viven con mucha gente en la misma vivienda, o que no pueden demostrar que viven en una habitación realquilada porque no tienen contrato; otras veces no pueden aportar alguna documentación por la dificultad del tramo y los plazos, como las deudas fiscales o disponer de una cuenta corriente. “Los trámites pueden tardar seis meses o más. Para alguien que está en situación de urgencia, este tipo de control tan rígido lo hace muy difícil”, lamenta.

La comisión de gobierno de la RGC ha presentado un informe al Parlament para que se aprueben medidas que podrían mejorar la cobertura. Una de ellas es hacer compatible esta prestación con las rentas del trabajo, para evitar que encontrar un trabajo sea motivo suficiente para suprimir la prestación, y establecer periodos de transición. La comisión promotora de la RGC también mandó una carta para que se haga efectiva esta compatibilidad al menos con las jornadas parciales, ya que no se está aplicando de forma generalizada pese a establecerlo la ley. Y en la carta piden también que el Govern detalle cuál es el ahorro fruto de la implementación del Ingreso Mínimo Vital. La RGC es subsidiaria de la prestación estatal, es decir, que si se percibe el IMV la Generalitat solo paga un complemento para llegar a la cuantía de la RGC. “La Generalitat se ahorra una parte muy grande, y no se está dedicando a aplicar criterios menos restrictivos para cumplir con la ley”, apunta el portavoz de la comisión, Diosdado Toledano. Denuncia que el departamento “sigue aplicando medidas restrictivas, deniegan solicitudes y hacen que la gente desista” por la dificultad que entraña recurrir. Ha pedido a los grupos parlamentarios que reclamen una auditoría independiente. “Lo escandaloso es que la práctica que han tenido desde el principio ha sido ahorrarse todo el dinero que pueden, y eso que es un derecho subjetivo. En Euskadi la prestación que se le parece tiene una cobertura del 70% de la población en pobreza severa”, recuerda Toledano.

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