Amazon se salva de la ‘tasa Amazon’ de Barcelona

Amazon no tendrá que pagar la tasa Amazon del Ayuntamiento de Barcelona. En el mandato pasado, con la alcaldesa Ada Colau (comunes) gobernando en coalición con el actual alcalde, Jaume Collboni (PSC), el consistorio aprobó una tasa que grava a los grandes operadores postales por aparcar en el espacio público vehículos que entregan a domicilio compras realizadas por internet. La tasa la impulsó el grupo municipal de Esquerra Republicana en 2019 y se aprobó tras años de consultas a expertos y trabajos capitaneados por los socialistas. La cuestión es que hace unos días se ha hecho pública una sentencia de la Audiencia Nacional que falla que Amazon no es un operador postal. La decisión responde a un recurso que la compañía presentó contra la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que en 2020 consideró que las empresas Amazon Spain Fullfillement y Amazon Road Transport Spain concurrían las circunstancias para ser consideradas operadores postales. La decisión judicial es un nuevo tropiezo para un gravamen del que Barcelona ha presumido, pero que ha sido cuestionado y recurrido ante varios tribunales por la patronal y de logística y transporte Uno, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) de la Generalitat y por la propia CNMC.

El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento ha revelado la situación y preguntará por la cuestión el miércoles durante la comisión de economía. “Queremos reclamar que mientras ERC insistió para que se impulsara la tasa y se tardó un mandato entero, ninguna voz del Gobierno ha dicho nada sobre una sentencia del concepto de la tasa Amazon”, denuncia el concejal republicano Jordi Castellana. En el texto que llevarán a la comisión, ERC pide al consistorio que presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El fallo de la Audiencia Nacional lleva fecha del pasado 14 de julio y fijaba un plazo de 30 días para presentar recursos. Preguntado por la cuestión, el actual Gobierno municipal no ha respondido.

La tasa Amazon fue aprobada en el pleno de febrero y entró en vigor en marzo y su nombre oficial es TREC (tasa de reparto de e-commerce). La tendrán que pagar los operadores postales que facturan más de un millón de euros en Barcelona por entregas de compras por internet. La ciudad lleva años presumiendo de ser la primera en aplicar una tasa así, que busca igualar las condiciones del comercio electrónico con las del comercio de proximidad y fomentar la entrega de compras por internet en puntos de recogida para reducir la circulación de vehículos de reparto, que contribuyen, entiende el Ayuntamiento, a la congestión y contaminación. Después de entrar en vigor en marzo pasado, las empresas deberán presentar su autoliquidación entre el 1 y el 30 de julio de 2024 en función de su facturación en 2023. El consistorio cifró en 2,6 millones de euros anuales el coste del “aprovechamiento” del espacio público, una recaudación máxima a repartir entre la veintena de empresa postales que facturan más de un millón al año. Tras Amazon, por cuota de mercado, el Ayuntamiento citó Correos Exprés, Seur, DHL y UPS.

Amazon responde por escrito a través de un portavoz: “Desde Amazon acogemos con satisfacción que se haya admitido nuestro recurso y estamos analizando sus implicaciones. En esta fase continuaremos colaborando con las autoridades como hemos hecho a lo largo de este proceso”. El fallo de la sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional explica que, en su recurso, Amazon defendía que sus empresas Amazon Road Transport Spain y Amazon Spain Fullfillement prestan “actividades de naturaleza logística” (almacenan, gestionan y empaquetan) y no de naturaleza postal. “Ninguna de las entidades de Amazon realiza la actividad de transportista en España, sino que los servicios de transporte son contratados con terceros transportistas” apunta el fallo que acreditaba la empresa. La decisión judicial estima el recurso y anula la resolución de la CNMC. Desde el sector, otras fuentes entienden que la compañía de comercio electrónico “ya estaba fuera de la tasa, porque grava a los operadores postales cuando hacen la entrega al cliente, y las operaciones de Amazon las hacen autónomos”.

Por parte de la patronal Uno, su presidente, Francisco Aranda Manzano, reitera su “rechazo absoluto a imponer una tasa a los operadores postales por ejercer su actividad en Barcelona” y recuerda los recursos presentados hasta la fecha. “Los operadores postales ya pagan todos los impuestos que establece la ley, por lo que no tiene sentido que asuman un tributo extra por desempeñar su actividad, más si cabe cuando ejercen una labor considerada esencial. Incorporar nuevos costes lo único que hace es perjudicar a las empresas y, por tanto, frenar la creación de empleo”, asegura.

La resolución de la CNMC requería a las empresas del Grupo Amazon que presentaran declaración responsable de acuerdo a esta consideración, exigía que sus empresas y autónomos presentaran también declaración responsable para que el Ministerio de Transportes las inscribiera en el registro de empresas prestadoras de servicios postales, y hacía extensivas estas obligaciones a empresas del grupo que en el futuro realizaran las mismas actividades.

Las críticas y cuestionamientos a la tasa han sido constantes antes y después de su aprobación. En marzo, al entrar en vigor la tasa, la organización empresarial de logística y transporte Uno la criticó duramente y valoró el tributo como “antisocial” y alertó de que “incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, que se verán obligados a asumir mayores costes o a repercutírselos a sus clientes”. Su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya fue admitido a trámite, aunque desestimó la suspensión cautelar de la tasa. Más tarde, en mayo, fue la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) de la Generalitat quien recurrió la tasa. Y a finales de julio la CNMC anunció su decisión de anteponer un recurso contra la ordenanza municipal que habilitó la tasa al considerar que distorsiona el mercado porque únicamente afecta a las entregas de objetos adquiridos por internet. En su opinión, la decisión municipal es “desproporcionada” y modifica las reglas del juego “de la distribución comercial minorista y en el mercado de la distribución postal”.

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