Competencia recurre la ‘tasa Amazon’ aprobada en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona aprobó en febrero la denominada tasa Amazon, que pretendría gravar la actividad de las empresas de comercio electrónico por el uso especial que hacen del espacio público. La Comisión Nacional del Mercado y Competencia (CNMC) ha anunciado este jueves su decisión de anteponer un recurso contra la ordenanza municipal que habilitó la internamente llamada TREC (tasa de reparto de e-commerce), al considerar que distorsiona el mercado porque únicamente afecta a las entregas de objetos adquiridos por internet. En su opinión, la decisión municipal es “desproporcionada” y modifica las reglas del juego “de la distribución comercial minorista y en el mercado de la distribución postal”.

Los intentos de que la medida, impulsada por el actual alcalde, Jaume Collboni, no fuera recurrida han sido en vano, pese a que fueron encargados trabajos a diferentes universidades, entre las que se encuentra la de Barcelona. El objetivo municipal, apoyado por ERC, era conseguir un consumo más sostenible y tras darle diferentes vueltas al asunto, se optó por gravar el aprovechamiento “especial” del dominio público de la ciudad que se produce cada vez que un mensajero reparte un paquete. El gravamen se calculó teniendo en cuenta el supuesto coste de la ocupación de la vía pública, que se situaba en torno a los 2,6 millones de euros.

Competencia, sin embargo, no considera como el Ayuntamiento que la tasa Amazon no se pueda tumbar en los tribunales. En un comunicado, el regulador viene a cuestionar que la carga impositiva sobre los 26 operadores postales que reparten paquetería en Barcelona no se aplique “a las entregas a domicilio de bienes adquiridos en tiendas físicas o mediante venta telefónica ni a las entregas que no haga un operador postal, aunque se trate de una compra hecha mediante comercio electrónico”.

Además, Competencia también cuestiona que queden fuera de la tasa “los operadores postales con una facturación anual inferior al millón de euros”, pese a que ningún estudio encargado por el Ayuntamiento, señala la CNMC, “evidencia” que “utilicen menos el dominio público que los operadores con una facturación superior”.

El pasado mes de marzo entró en vigor la medida. Un1, la patronal de la logística y el transporte, cargó contra ella al considerarla, como la CNMC, “discriminatoria y antisocial”. De hecho, intentó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tumbara la ordenanza, decisión que el alto tribunal rechazó como medida cautelar y abogó por estudiar “el fondo del asunto”.

El anterior gobierno municipal se reivindicó como el primero de una ciudad dispuesta a gravar el comercio electrónico, que se ha convertido en la máxima competencia de un pequeño comercio urbano que sobrevive a duras penas. Las empresas afectadas por la medida todavía no han liquidado la tasa, ya que lo tienen que hacer en el ejercicio siguiente. hasta julio de 2024 no se tenía que realizar.

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