Puigdemont solo logra movilizar al 6% de los inscritos en su ‘Generalitat’ paralela en la consulta sobre el futuro de la entidad

Carles Puigdemont tiene luz verde para reformar la estructura y asegurarse un mayor control de su gobierno paralelo. El expresident ha logrado llevar adelante su plan para desarbolar la Asamblea de Representantes del Consell de la República, la entidad secesionista que se presentó en octubre de 2018 y que comanda desde Bélgica, país en el que se instaló un año antes, escapando de la justicia española, tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña. La consulta telemática que, durante una semana, ha preguntado a los afiliados al Consell su posición acerca de la reestructuración de los órganos de gobierno de la entidad se cerró este lunes con una participación de apenas el 6,5%, sobre un censo de 90.400 socios. Los resultados se han hecho públicos este martes y el sí se ha impuesto con un 76% de apoyos. El resultado da aire a Puigdemont, en un momento en que un sector de los afiliados al Consell cuestionan la legitimidad del expresident para liderar la entidad, a la vez que dirige las negociaciones de Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez.

El proceso para introducir cambios en el Consell de la República lo comunicó el propio Puigdemont el pasado agosto en una carta que recibieron los 103.000 afiliados al Consell. El expresident defendió disolver la Asamblea y sustituirla por dos cámaras: una de representación de las secciones locales de la entidad que hay en muchos municipios catalanes y un segundo foro, integrado por juristas expertos, cuyo objetivo es elaborar una “legislación republicana”. Los cambios quedaban sujetos a validación mediante una consulta interna. “Tenemos las herramientas, pero las debemos reforzar para hacerlas más eficientes y eficaces en el objetivo que da sentido a nuestra existencia”, argumentó Puigdemont en la carta.

En la Asamblea hay más de un centenar de representantes, y una treintena de esos miembros replicaron las intenciones de Puigdemont criticando que trataba de imponer “medidas unilaterales”. Los críticos han reiterado que el gobierno del Consell ha entrado en una “deriva autoritaria” y ponen en la diana al número dos del organismo, Toni Comín. “Esta manera prepotente y española de hacer es propia de las cúpulas de partidos políticos con poca o nula democracia interna y es contraria a los valores de la república en la que pretendemos vivir”, defienden en su escrito.

Esta semana, el Consell arranca otra consulta. Un grupo de afiliados han logrado los avales necesarios para someter a votación si hay que promover un bloqueo a la gobernabilidad de España. Hasta el 23 de octubre, y de manera telemática, los socios pueden pronunciarse sobre una pregunta clara: “¿El Consell de la República tiene que promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?”. Se da la circunstancia que Puigdemont es presidente del Consell, por lo tanto el máximo encargado de cumplir con el mandato de las bases, y mientras tanto diseña la estrategia de Junts para llegar a un acuerdo con el Gobierno en funciones para la reelección de Pedro Sánchez.

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