La junta de tratamiento limita también las visitas presenciales en prisión a Rosa Peral, condenada por el crimen de la Guardia Urbana

La junta de tratamiento de la prisión de Mas d’Enric (Tarragona), donde se encuentra interna Rosa Peral, condenada por el crimen de la Guardia Urbana, ha decidido limitar también las visitas presenciales que puede recibir en la cárcel. En una reunión este jueves, han optado por restringir a sus familiares de primer y segundo grado y a las personas de primera afinidad las comunicaciones en los locutorios y el vis a vis, según fuentes conocedoras de la medida, que se aplicará durante un mes, pero que puede reducirse en función de la evolución del caso. La mujer tiene también las llamadas telefónicas limitadas desde el martes.

La decisión es paralela al expediente sancionador abierto por las entrevistas que ha concedido Peral a Catalunya Ràdio y a la productora del documental Las cintas de Rosa Peral, Brutal Media, saltándose el reglamento interno, lo que supone una falta grave. Por ese motivo, el Departamento de Justicia redujo las llamadas telefónicas que puede efectuar la interna a exclusivamente sus familiares directos. Peral tiene derecho en todo momento a hablar con su abogada, que además puede visitarla en prisión siempre que lo considere necesario.

La medida de la junta de tratamiento de la cárcel, formada por psicólogos, trabajadores sociales y juristas, es de tipo técnico, aseguran esas mismas fuentes, y se debe a la “sobreexposición mediática” de estos días sobre su “actividad delictiva” y las consecuencias negativas que puede tener para su propio proceso de reinserción. Esas mismas fuentes subrayan que está desvinculada del expediente sancionador por las entrevistas, que sigue su propio curso.

El Matí de Catalunya Ràdio emitió el miércoles una entrevista telefónica con Rosa Peral, donde critica la serie de Netflix El cuerpo en llamas, sobre el asesinato de quien era su pareja, Pedro Rodríguez, por el que fueron condenados Peral y su entonces amante, Albert López, a 25 y 20 años de cárcel respectivamente. Los tres eran policías de la Guardia Urbana de Barcelona. “Me han querido hundir”, aseguró la interna, sobre la imagen que se ha dado de ella en la serie y en los medios de comunicación. Para conceder la entrevista, Peral se valió de las llamadas telefónicas autorizadas a su entorno (los presos pueden telefonear a 10 números elegidos por ellos). También lo hizo así para conceder una entrevista al documental Las cintas de Rosa Peral, a través en este caso de videollamadas.

Tanto la limitación de las llamadas telefónicas como de las visitas se han comunicado al juzgado de vigilancia penitenciaria, que tiene la última palabra sobre las medidas que se aplican a los presos. La abogada de Peral, Nuria González, ha denunciado que el miércoles a mediodía se registró su celda, y que todavía no han dado de alta la nueva lista de teléfonos a la que puede llamar. El Departamento de Justicia asegura que los registros son medidas habituales para comprobar que los internos no esconden material no autorizado, y que el proceso de autorización de teléfonos tiene su curso. También aseguran que ante cualquier situación de urgencia, Peral o cualquier otro preso en su situación puede solicitar comunicarse con el exterior y el director del centro lo autoriza. González ha contado que están a la espera de la decisión última de la junta de tratamiento sobre el expediente sancionador, y de ser desfavorable para su clienta, recurrirán ante el juzgado de vigilancia penitenciaria.

El estreno en Netflix de la serie El cuerpo en llamas, la más vista de la plataforma en España, y del documental Las cintas de Rosa Peral, ambos a la vez, el día 8, ha devuelto la actualidad a uno de los crímenes más mediáticos del los últimos años en España. Peral y su entonces amante, Albert López, mataron de mutuo acuerdo en mayo de 2017 a la pareja de ella, Pedro Rodríguez. El juicio se alargó durante dos meses en la Audiencia de Barcelona, donde las pruebas cercaron a los dos condenados, que a día de hoy se culpan el uno al otro del asesinato. La sentencia firme del Tribunal Supremo considera que lo hicieron de mutuo acuerdo y después colocaron el cuerpo de la víctima en el maletero de su coche y le prendieron fuego junto al pantano de Foix.

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