Tres inundaciones en cinco años: el viacrucis de los alcaldes para cobrar las ayudas de zona catastrófica

Cuenta el alcalde de Alcanar (Montsià), Joan Roig, que su municipio “encadena tres declaraciones de zona catastrófica” por las inundaciones de 2018, 2021 y 2023. Una situación que oficialmente ha cambiado de denominación: ahora se declaran Zonas Afectadas por Emergencias de Protección Civil (ZAEPC). “La normativa fija que la emergencia no termina hasta que el pueblo no vuelve a la normalidad, la situación del día antes del aguacero. Y ya ves, aquí se solapan, las ayudas tardan años y no cubren todo lo necesario”, lamenta. Tras la tromba de agua de 2021 avisaba de que no había cobrado las ayudas de la de 2018. Y ahora, que no han llegado las de 2021. En junio, la Generalitat sacó la convocatoria de las ayudas, 2,4 millones de euros, y todavía no se ha resuelto. El domingo, Alcanar, donde se construyó al pie de una sierra de la que bajan 10 torrentes, volvió a registrar más de 200 litros de precipitación en apenas unas horas y se convirtió, como en 2021 y en 2018 en uno de los epicentros de los daños causados por la Dana.

La cifra de euros que han llegado al Ayuntamiento fruto de la declaración de 2021 es cero. El procedimiento desespera a los alcaldes, que afrontan un viacrucis de papeleo que satura a los técnicos municipales y traslada la presión de la ciudadanía a los Ayuntamientos, “con unos aguaceros que nada tienen que ver con la gestión del consistorio”, señala Roig. Ahí va el ejemplo de 2021: la declaración de ZAEPC por las tormentas del 1 de septiembre la firmó el Consejo de Ministros el día 21 del mismo mes. Luego los alcaldes tienen que enviar al ministerio de Fomento la relación de daños en equipamientos, espacio público o infraestructuras... y la estimación de costes de reparación. Una vez aprobada la cantidad, la mitad la afronta el consistorio y la otra mitad el Gobierno, salvo en Cataluña, donde los fondos están transferidos y los gestiona la Generalitat. En este caso, el convenio Gobierno-Generalitat se firmó en diciembre de 2022 (16 meses después de la tromba de agua). Y no fue hasta junio que la Generalitat sacó la convocatoria para presentarse a las subvenciones (casi dos años después). Han pasado otros tres meses y no se han otorgado. Preguntado sobre el retraso, el departamento de Presidencia, a través de una portavoz, responde con la relación de trámites que la administración debe dar después de firmar el convenio: traspaso de fondos a la Generalitat, generación de crédito al presupuesto autorizada por Economía, informe de las bases de la convocatoria de ayudas, publicación de las bases en el Diario Oficial y apertura de la convocatoria.

Mientras, en Alcanar el campo de fútbol sigue sin césped, en el pabellón deportivo hacen lo que pueden porque sufrió daños y el 80% de los caminos del pueblo están dañados. ¿Y cómo se ha pagado lo que se ha arreglado? “Pues endeudándonos, llegamos en 2019 con 1,5 millones de remanente y ahora estamos al límite de deuda, y sin poder hacer inversión real en la próxima década, porque va todo a arreglar infraestructuras. Lo que cuesta lo de un lado lo sacas de otro, y tienes que reducir subvenciones, actos culturales, es desesperante”, asegura el alcalde.

Y hay otro problema, añade la alcaldesa de Ulldecona, a solo 12 kilómetros, Núria Ventura: “Después de firmar el convenio con el Gobierno, el criterio de la Generalitat para conceder ayudas es más restrictivo y no otorga ayudas por caminos de tierra, que son una parte muy importante de los daños”. “Esto no es Barcelona, en el medio rural los caminos no son para ir a pasar el domingo al monte: comunican campos o a granjas. ¿Cómo le dices a un vecino que no puede llegar a dar de comer a sus animales?”. En 2018, recuerda, la declaración de daños en Ulldecona fue de 1,5 millones de euros. De los 750.000 que el ministerio transfirió a la Generalitat, solo se otorgaron 150.000 en ayudas, y el resto la tuvieron que devolver”, asegura. “Si es vergonzoso para la gente que lo escucha, para nosotros es desesperante”, suspira. Este municipio llevó el criterio del Govern a los juzgados y está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En el caso de Alcanar, de los ocho millones cuantificados en 2018, solo se otorgaron subvenciones por 800.000 euros, un 10%, explica Roig. Tanto él como Ventura pidieron este lunes a los consejeros de la Generalitat más agilidad y un cambio de criterio en las ayudas, para que incluyan los caminos de tierra.

Las inundaciones de 2018 y 2021 tuvieron tantísima afectación, que a veces obra el milagro y las administraciones se arremangan en casos clamorosos. En Ulldecona, la limpieza del llano de La Foia, donde se encuentran los barrancos que bajan de la sierra de Godall con los que bajan de los de la del Montsià, la pagaron con ayudas y préstamo de la Diputación de Tarragona. En Alcanar, en las obras de emergencia del puerto “se conjugaron muy rápido la Agencia Catalana del Agua (ACA), la Generalitat y Costas, uno hizo el proyecto, otro las obras y se subsanó porque era esencial para el municipio”, relata el alcalde. A la pregunta de si se plantean pedir las ayudas europeas Next Generation, Roig asegura que no tienen capacidad para gestionarlo: “Ni nos lo planteamos”.

Los consejeros de Presidencia, Laura Vilagrà, e Interior, Joan Ignasi Elena, visitaron este lunes la zona y prometieron ayudas, sin concreción: “Una vez evaluados, veremos qué posibilidades de restablecimiento y ayudas podemos hacer, aunque no es suficiente con esto. Tenemos que ver qué inversiones y elementos de futuro debemos hacer para evitar afectaciones tan graves en esta provincia”, afirmaron.

Ayudas de la Generalitat a los empresarios

Para los empresarios, en 2021 hubo ayudas directas y a fondo perdido de la Generalitat para comercios y negocios de Alcanar. Oscilaron entre 3.000 y 8.000 euros. Entre sus beneficiarios estuvo Mario Sancho, dueño de una náutica de Les Cases d’Alcanar. Recuerda “los gravísimos daños” de entonces, más que la tromba del pasado domingo, y que la ayuda contribuyó a cambiar la puerta del local, que quedó destrozada. En el restaurante Racó del Port, en primera línea de mar, Rosa Maria Sancho explica que entonces los daños fueron enormes, porque el agua arrastró troncos, coches y todo lo que encontró a su paso. “Tuvimos que hacer la cocina, baños, terraza”, cobró 8.000 euros. Este lunes, a primera hora recibió la visita del representante del Consorcio de Seguros. Sancho lamenta que el muro de las obras del paseo que se hicieron después de 2021, aunque solo mide unos palmos, les perjudica, “porque no deja salir el agua directa y crea un efecto piscina y rebufo”.

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