Collboni aumentará el valor de las multas para castigar el incivismo en Ciutat Vella

Lo dijo en campaña y lo ha querido evidenciar un par de semanas después de hacerse con la alcaldía de Barcelona. El socialista y alcalde Jaume Collboni marca Ciutat Vella como su zona prioritaria. Con la misma receta que pretende acabar con la suciedad en las calles -más sanciones y más inspectores-, Collboni quiere combatir la inseguridad del distrito más complejo de la capital catalana. Collboni se ha reunido este viernes con los agentes de la Guardia Urbana de Ciutat Vella. Les ha mostrado su “confianza y orgullo” y les ha señalado que el barrio es el corazón de Barcelona: “Estaré a vuestro lado”. El alcalde ha anunciado que patrullarán las calles más agentes uniformados, que insistirá en su exigencia de 600 Mossos más a la Generalitat y ha informado de que revisará la ordenanza de civismo para “incrementar el régimen sancionador”. De nuevo Collboni advierte de que utilizará las multas para domar las conductas incívicas.

En Ciutat Vella viven en una extensión de 4,3 kilómetros cuadrados más de 109.000 habitantes, con una renta media un 15% menor que el resto de los vecinos de la ciudad y con el 70% viviendo en pisos de alquiler. Además, el 52% de los vecinos de este distrito han nacido fuera de España y se cuentan por decenas el número de desahucios que se ejecutan cada semana. A estas situaciones, en muchos casos muy vulnerables, se le suma que Ciutat Vella es la zona preferida para los 17 millones de turistas que visitan anualmente la capital catalana. Es el caldo de cultivo perfecto para que se cronifiquen por un lado la falta de limpieza y por otro la inseguridad.

Collboni ha querido este viernes lanzar un mensaje de apoyo al cuerpo policial reuniéndose con los agentes de la Guardia Urbana de la comisaría del barrio del Raval. El nuevo alcalde ha acudido acompañado por el teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, y por el intendente mayor de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez. Batlle ya ocupó el cargo en el mandato pasado, durante el gobierno municipal de coalición con los comunes.

Cuando la exalcaldesa Ada Colau llegó por primera vez a la alcaldía en 2015 se topó, de la noche a la mañana, gobernando al cuerpo policial que había criticado durante toda la campaña y al que se había enfrentado en su etapa como activista. La Guardia Urbana no confiaba en ella y BComú intentó acabar con la unidad antiditurbios. Hubo varios enfrentamientos entre los agentes y el entonces equipo de gobierno. En el segundo mandato, la alcaldesa delegó la responsabilidad del cuerpo en el PSC y fue Albert Batlle el que se encargó de dirigir (políticamente) el cuerpo policial. Collboni este viernes ha confesado a los agentes que la Guardia Urbana no volverán a ser cuestionados: “Este es mi primer encuentro. Es un acto de expresión de confianza con la Guardia Urbana y de mostrar el orgullo de tener una policía como la de Barcelona”. El teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, ha apostillado: “La Guardia Urbana es un cuerpo querido y, a partir de ahora, queremos que se quiera más”. Batlle ha destacado que el equipo de gobierno mantendrá su “compromiso de lealtad” a la policía local.

El alcalde ha señalado a los agentes que la prioridad es “ordenar” la ciudad. Collboni ha admitido que en Barcelona hay zonas vulnerables y por eso en lugares “como Ciutat Vella o el Besòs” es más importante la presencia policial. “Estamos decididos a recuperar el corazón de la ciudad que es Ciutat vella. Para recuperarla necesitamos convivencia y seguridad”, ha destacado olvidando que en el pasado mandato la seguridad ya estaba en manos del PSC. “La seguridad es un derecho y un valor básico para la convivencia. Las preocupaciones de los barceloneses serán nuestra principal preocupación y hoy los vecinos lo que nos piden es vivir tranquilos y en un barrio ordenado”, ha destacado el alcalde.

El primer edil ha marcado a los agentes que son prioritarias las actuaciones policiales en materia de prevención; sobre todo en violencia machista, agresiones LGTBIfóbicas y racistas. Ha prometido más “presencia policial uniformada en las calles, más coordinación entre policías y municipios del área metropolitana” y ha garantizado “los mejores recursos humanos y técnicos”. Collboni ha prometido que mantendrá “lealtad institucional” y ha exigido que se cumpla “el compromiso firmado por el presidente de la Generalitat por el que se desplegarán 600 Mossos más en Barcelona”.

Por último, el primer edil ha destacado la revisión de la ordenanza de civismo para incrementar el régimen sancionador. No es la primera ocasión en que se incrementa el régimen sancionador para luchar contra el incivismo. La receta de aumentar el coste económico de las multas ya la utilizó Batlle, en agosto de 2022, para luchar contra el botellón. Hasta entonces cuando la Urbana multaba a los participantes en un botellón les imponía sanciones por haber vulnerado la ordenanza de convivencia y las sanciones no superaban los 60 euros. Los infractores se acogían a una reducción del 75% y, al final, se quedaban en 15 euros. Batlle dio una orden pidiendo que se exprimiera al máximo la normativa y fuesen sanciones de 100 euros, que con la reducción se quedaban en 25. Pero, además, les exigió que cuando el botellón molestara al vecindario, se cortara el tráfico o hubiera altercados, se aplicara la ley mordaza con sanciones de entre 300 y 600 euros. Aquella modificación fue solo una prueba y ahora, el alcalde Collboni pretende modificar la normativa para que las sanciones castiguen, y mucho, el bolsillo del incívico.

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