El PSC se lanza a la batalla contra las ocupaciones para no ceder terreno a la derecha

Los partidos de derecha han recurrido como uno de los temas estrella en esta campaña a las ocupaciones de vivienda pese a que los últimos informes indican que están descendiendo en toda España. El PSC ha enfocado su carrera electoral con el objetivo de afianzarse en el espacio de centro y este martes, para no sufrir una fuga de votos hacia la derecha, ha presentado su propuesta de crear una oficina de la Guardia urbana de prevención de la ocupación que quieren ubicar en el mismo edificio donde se instalará en el futuro centro de emergencias de Barcelona, en el complejo oficinas de las Tres Xemeneies, en el Paral.lel.

Jaume Collboni, alcaldable del PSC, ha expuesto que esa oficina de “prevención” tendrá el objetivo de acompañar a los propietarios que sufran una ocupación y particularmente a las comunidades de propietarios afectadas. Su plan es habilitar desplegar un protocolo y un teléfono de emergencias 112 con un protocolo específico de cómo actuar. El proyecto se inscribe en la nueva ley aprobada en el Parlament, propuesta por Junts, que habilita a los Ayuntamientos para iniciar el procedimiento en 30 días en el caso de que no lo haga el propietraio. “Es un cambio legislativo importante. Con la prevención queremos distinguirnos del histerismo de los partidos de derecha”, ha puntualizado.

El programa electoral no contempla específicamente la nueva oficina de prevención de la ocupación cuyo fenómeno acaparó el arranque de la campaña por el conflicto de la casa okupada de la Bonanova. La realidad es que las ocupaciones en Barcelona han descendido en 2022 un 18,45% respecto a 2019, según un informe del Ayuntamiento basado en datos de los Mossos d’Esquadra (1.610 ocupaciones a las 1.313). La misma tendencia se ha producido en el conjunto de España: las ocupaciones han bajado un 3,2%. El ranking de Comunidades Autónomas lo lidera Cataluña. Con todo, los socialistas buscan no consolidar, dicen, el fenómeno y detectar “desde la proximidad, de forma anticipada, casos de ocupaciones delictivas”.

El interrogante es qué sucederá cuando una familia vulnerable ocupe un piso vacío propiedad de una entidad bancaria. Albert Batlle, concejal de Seguridad y responsable de la Guardia Urbana, ha recalcado que todas las ocupaciones son “ilegales” y que será ya la autoridad judicial la que determine si se trata de un delito o bien de una falta administrativa. “No podemos consolidar la tendencia porque no hay seguridad entonces ni para los propietarios ni para los ocupantes”, ha afirmado el edil que ha subrayado que la posición del PSC siempre ha sido clara en un gobierno de oposición.

Maria Eugènia Gay, número dos de la candidatura y exdelegada del Gobierno, ha remarcado que la oficina ofrecerá asesoramiento jurídico a los afectados. “Es fundamental que la gente sepa sus derechos”, ha dicho. Collboni ha insistido en que su propuesta tiene cobertura legal que tuvo el apoyo de todas las fuerzas del Parlament salvo de los comunes y de la CUP y ha remarcado su voluntad de poner el acento en que el Ayuntamiento de una “alternativa real” a las personas vulnerables”.