Más pisos turísticos en Barcelona: un agujero que nadie sabe cuantificar

El caso de la concesión de 120 licencias de piso turístico en un edificio de la calle de Tarragona de Barcelona ordenada por un juez en respuesta al recurso de una inmobiliaria de Barcelona contra el Ayuntamiento podría no ser el único. Lo confirman fuentes del sector urbanístico y legal de la ciudad y lo admite la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz.

Barcelona aprobó en enero de 2017 un Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) que cerraba el grifo a más pisos turísticos (hay 9.600) y centrifugaba la apertura de hoteles o albergues a la periferia de Barcelona. En julio de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tumbó la norma entera con el argumento de que no incluía un estudio económico y financiero. La sentencia no era firme y el PEUAT, sostiene el ejecutivo de Ada Colau, seguía en vigor hasta que se resolviera el recurso de casación que presentó el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal no admitió el recurso, por lo que la anulación definitiva llegó en mayo de 2021. Mientras, se redactó una segunda versión del PEUAT, que se aprobó inicialmente en enero de 2021, definitivamente en diciembre de ese año y es vigente. El juez que ha dado la razón a la propiedad de los 120 licencias de la Inmobiliaria Gallardo argumenta que en septiembre de 2019, cuando se solicitaron las licencias, el PEUAT sí estaba vigente.

Sanz ha rechazado estos últimos días la concesión de las licencias de la calle de Tarragona y cuestiona la interpretación judicial en este caso. Aunque que ha admitido que poco hay que hacer (porque el juez dice que no cabe recurso) más allá de revocarlas, para lo que necesitaría aliarse con la Generalitat e indemnizar a la propiedad. Además, la responsable de Urbanismo reconoce también que no saben cuántos casos parecidos pueden darse. Podrían ser de concesión de pisos turísticos o de cualquier otro establecimiento: hoteles, albergues, pensiones. El consistorio desconoce la cifra porque no admitió las solicitudes de las promotores cuando acudieron a los servicios técnicos de los distritos, explica Sanz. Unas solicitudes que entraron después del verano de 2019, después de que el TSJC tumbara el plan por primera vez.

Fuentes de los sectores turístico, urbanístico y legal de la ciudad aseguran que hubo más casos. Las propias empresas de apartamentos turísticos se informaron entre ellas de que podía haber un agujero legal. La teniente de alcalde, con todo, asegura que no se trata de que hubiera un “agujero legal”, sino de la interpretación judicial del caso de la calle de Tarragona. Sanz recuerda, además, que en verano de 2020 el consistorio dictó una moratoria para impedir que entraran solicitudes de licencias de habitaciones turísticas (reguladas por la Generalitat pero que Barcelona no permite) y también de pisos turísticos.

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