La Generalitat multa al lobby ultracatólico Hazte Oír con 20.000 euros por su autobús tránsfobo

La entidad ultracatólica Hazte Oír tendrá que pagar 20.000 euros a la Generalitat por una violación grave a la ley catalana de igualdad de trato. La portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, ha anunciado este martes que el departamento de Igualdad y Feminismos ha optado por imponer esa sanción a raíz de la campaña que el lobby hizo en las calles de Barcelona, en noviembre pasado, cuando hizo circular un autobús que exhibía mensajes tránsfobos. Hazte Oír ha sido multada anteriormente pero no ha tenido que pagar pues la justicia ha resuelto que su actividad está protegida por el derecho a la libertad de expresión.

“Las leyes de igualdad no son recomendaciones. Esta sanción, impuesta en aplicación de la ley de igualdad, es un ejemplo claro. Los discursos de odio no tienen cabida en Cataluña”, ha asegurado Plaja en la rueda de prensa semanal posterior al Consell Executiu. La campaña de Hazte Oír, en noviembre del año pasado, coincidió con la tramitación en el Congreso de la ley trans y consistió en que el vehículo luciera mensajes como “No a la mutilación infantil” o “Les niñes no existen”. Los Mossos detuvieron el autobús, instados por el departamento de Igualdad, que posteriormente les abrió un expediente.

Plaja ha explicado que la acción de la entidad “menoscaba” la dignidad de las personas transexuales y supone un atentado al derecho a la identidad de género. La sanción llega cinco meses después de los hechos e implica que la Generalitat ha tipificado como “grave” la falta a la norma de igualdad de trato. En su día, la consejera Tània Verge advirtió que la asociación que también lideró la protesta contra el matrimonio homosexual se podía enfrentar a una multa de hasta 40.000 euros (la parte superior de la horquilla) pero finalmente el expediente fija en 20.000 euros el dinero que se ha de pagar. Igualdad tuvo en cuenta la intencionalidad, la situación de riesgo, la repercusión social y el hecho de no se haya tenido ningún tipo de voluntad de reparar el daño para decidir la cuantía.

El expediente sancionador también impide que el lobby pueda solicitar ayudas públicas de la Generalitat por cinco meses. No es la primera vez que recibe multas por sus actividades aunque en algunas ocasiones decisiones judiciales le han librado de tener que pagarlas. El Ayuntamiento de Barcelona les denunció en 2019 por “atentar contra la dignidad de las personas” por un autobús que circuló contra las leyes de violencia machista. La entidad recurrió la multa ante el juzgado contencioso-administrativo número 9 de Barcelona, que estimó parte de las alegaciones, al considerar que los mensajes utilizados forman parte de la libertad de expresión. La Audiencia Nacional ya les retiró la condición de asociación de “utilidad pública”.

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