SOS del Gobierno catalán ante la falta de familias para acoger menores tutelados

La vida de Luca y Fran dio un vuelco hace nueve años. La rutina de pareja se convirtió en trasiego como padres cuando Carla (nombre ficticio), de entonces 14 meses, entró por la puerta. Luca y Fran son una de las 902 familias de acogida que hay en Cataluña. Descubrieron la existencia del programa de acogida a través de la asociación LGTBI de la que son miembros. “Una las posibilidades que estaban a nuestro alcance para formar una familia era esta. Y fue una de las mejores decisiones que hemos tomado. Animamos a personas de nuestro entorno a hacerlo. Ya hemos conseguido diez familias”, afirma orgulloso Luca.

Pero no son suficientes. El Departamento de Derechos Sociales ha lanzado una alerta para encontrar más familias de acogida y engrosar esa cifra de 900, “que hace 10 años que está congelada”, admite Núria Valls, secretaria de Infancia. “Necesitamos más familias porque los niños estarían mejor en familias que en centros”, añade. La consejería prefiere no cuantificar la magnitud de la necesidad, pero las cifras hablan por sí mismas: hay unos 3.000 menores tutelados por la Generalitat viviendo en diferentes tipos de centros, a los que se suman unos 500 adolescentes de entre 16 y 17 años viviendo en pisos. A un paso de la mayoría de edad, son un perfil difícil de encajar en hogares, por voluntad propia o por falta de interés. “Las familias solo quieren niños pequeños. A los mayores se les estigmatiza y acusa de delincuentes. Pero, en realidad, todos son víctimas”, reivindica Valls.

Un menor pasa a la tutela de la Generalitat cuando se detecta —vía policía, hospitales, escuela, justicia…— una situación de riesgo, o cuando los propios padres renuncian a la criatura. En concreto, según Derechos Sociales, en el 42% de los casos se ha producido una negligencia, en el 12% hay un maltrato físico o psicológico, en el 10% renuncian, mientras que en un 0,5% se producen abusos. Pero el grueso —45%— son los casos de menores migrantes no acompañados.

A finales de 2022 había 8.678 menores tutelados por el Govern. La mayoría de ellos (un 58%) acaba en un centro o en un piso, dependiendo de la edad. Lo más habitual es residir en un centro residencial de acción educativa (CRAE), donde viven de media una quincena de menores de diferentes edades y es donde permanecen mientras aparece una familia o ya llegan a una edad —los 16 años— y un grado de autonomía para ir a un piso tutelado.

En cuando al 42% restante —3.629—, sí están acogidos por familias. En dos de cada tres casos se logra que familiares —abuelos o tíos, por ejemplo— se hagan cargo de ellos, mientras que las familias de acogida representan una realidad todavía reducida: 902.

Hay cuatro tipos de modalidades de acogida: la de urgencia (acoge a bebés durante un tiempo corto), la simple (se prevé que el menor vuelva con los padres), la permanente (cuando el retorno con los progenitores se prevé difícil) y las colaboradoras (acogida solo durante los fines de semana o vacaciones). Adicionalmente, el departamento que pilota Carles Campuzano acaba de poner en marcha una prueba piloto para crear un tipo de acogida especializado en salud mental, para que menores con problemas en ese aspecto o de conducta puedan residir con parejas en que alguno de los miembros tenga formación especializada en psicología, psicopedagogía o educación social.

El Departamento pone el foco en buscar familias de emergencia —actualmente solo hay 98, pero en 2022 la Generalitat asumió la tutela de casi 200 bebés menores de un año— y también las colaboradoras (unas 130). “Empezar siendo una familia colaboradora es una buena forma de conocer el sistema paulatinamente, y después posiblemente se animarán a otras formas de acogimiento”, apunta Valls.

El perfil habitual de la acogida es una “familia de nivel económico medio-alto, con hijos y que quieren ayudar a otros niños. Con estabilidad económica y emocional y con proyecto de vida”, detalla Valls. Las que se postulan como candidatas, primero tienen que pasar un proceso de varias reuniones informativas, entrevistas y evaluaciones, un proceso que se puede alargar unos ocho meses.

“En las reuniones se les explica la realidad de los niños, la casuística de las familias que no los pueden cuidar, los requisitos que se piden para la acogida y el tipo de acogida que hay”, detalla Núria Verge, responsable el programa de acogida de la Cruz Roja.

Salvador y Quima son una pareja que asistió a este encuentro en la ONG el pasado 23 de febrero en Barcelona. “Hace tiempo que le dábamos vuelta a la idea, vimos un anuncio y pensamos que ahora es el momento”, explica Quima, que ya tiene una hija mayor de edad. La pareja se muestra abierta a todo tipo de acogida. “Queremos dar un servicio a la sociedad, nos adaptamos a lo que necesite el niño”, añade Salvador.

Las familias de acogida reciben una ayuda de 400 euros mensuales de base, pero según la necesidad se añaden complementos.

Uno de los elementos en que se incide en esas charlas es cómo abordar la emancipación o la separación. Todos ellos son conscientes de que, tarde o temprano, su hijo de acogida se marchará. “Tu trabajo es proteger a los niños durante el tiempo necesario, sabemos que no es una situación permanente. Pero también llega un momento en la vida en que los hijos se hacen mayores y se van de casa”, asevera Luca. Sin saber cuándo llegará ese momento, habla de Carla como “mi hija”. “Mucha gente le da importancia al tema biológico, al ADN y a los apellidos, pero esto no te hace padre. Lo que te hace padre es el amor y compartir una vida. ¿Quién se levanta por la noche si está enferma? ¿Quién la acompaña a las actividades o resuelve sus dudas sobre la vida?”, plantea el padre.

620 adolescentes en pisos

A la espera de ser acogidos en una familia, los menores permanecen en centros (muy restringidos a la prensa) o en pisos tutelados, principalmente ocupados por menores migrantes no acompañados. Y es que este colectivo supone casi la mitad de expedientes de tutela que actualmente tiene abiertos la Generalitat: 2.392 en 2022, básicamente adolescentes de 17 años provenientes de Marruecos o de países subsaharianos. La mayoría son altamente autónomos, así que son trasladados a pisos —hay unos 170— donde conviven con varios jóvenes y los asiste un educador.

Aimad , de Marruecos, y Ebrima, de Gambia, ambos de 17 años, viven en un piso en el Vallès Occidental con dos jóvenes de Senegal y la India. Aquí combinan los cursos de lenguas con los de formación ocupacional. Sentados a una mesa donde esperan el té preparado por ellos mismos, Aimad explica que estudia por las mañanas y por la tarde le gusta jugar al fútbol. Dice que le gustaría trabajar como instalador de aparatos de climatización. Ebrima prefiere la carpintería y está en un taller de rehabilitación de edificios.

Míriam Carrasco, directora del servicio de pisos tutelados de la Fundación Pere Tarrés, defiende que la estancia en estas viviendas supone una preparación hacia la vida adulta. “La intención es cubrir la parte de madurez y acompañamiento que tendrían si estuvieran en una familia, para que puedan hacer la transición correctamente y aprendan a moverse socioculturalmente, porque pronto deberán hacerlo solos”.

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