La justicia obliga a Catalana Occidente a pagar por la estafa de una agente de seguros a seis clientes

La Audiencia de Lleida ha condenado a Catalana Occidente por la estafa cometida por una agente de seguros de la compañía a seis clientes. La aseguradora deberá asumir, como responsable civil subsidiaria, la devolución del dinero a los afectados si la mujer, Marina B., no lo hace. El tribunal considera probado que la agente se apoderó de 187.000 euros de seis vecinos de Sant Llorenç de Morunys, en el Prepirineo de Lleida, por productos financieros que, supuestamente, les ofrecía la compañía. Los afectados pusieron su dinero en manos de Marina B. porque estaban convencidos de que contaba con el respaldo de Catalana Occidente.

La sentencia, a la que ha accedido EL PAÍS, concluye que “no hay duda de la responsabilidad civil subsidiaria” de la empresa. Desde 2005 y hasta que fue despedida en 2019, Marina B. fue agente exclusiva de la compañía, estaba “sometida a las instrucciones” de la empresa “sobre el modo de realizar su actividad”, se encontraba con los clientes en una oficina de Sant Llorenç que “contaba con un rótulo de Catalana Occidente” y utilizaba “documentación de la aseguradora en la elaboración de los contratos fraudulentos”. En sus declaraciones, las víctimas coincidieron en que autorizaron las operaciones que les propuso la agente “confiando en que contrataban con Catalana Occidente” y afirmaron que creían que el dinero desembolsado iba a parar a cuentas de la compañía.

Marina B. ha sido condenada a tres años y medio de cárcel como autora de un delito de estafa agravada. La Fiscalía solicitaba una pena de seis años, pero los magistrados la han rebajado al aplicarle, como circunstancia atenuante, dilaciones indebidas del proceso judicial. Además de pagar una multa de poco más de 1.000 euros, la mujer tendrá que devolver a los afectados las cantidades que desvió a su bolsillo y que, según declaró, utilizó para comprar droga porque sufría una fuerte adicción. La mujer difícilmente podrá devolver el dinero: según declaró, tiene dos hijos a su cargo y cobra menos de 800 euros al mes. Si no lo hace, será Catalana Occidente la que deba asumir el pago.

Preguntado por decisión de la Audiencia de Lleida, un portavoz aseguró que la compañía “atenderá” el dictado de la sentencia y no la recurrirá. Catalana Occidente recordó que tiene “establecidos controles internos” y que, “tras detectar las irregularidades” cometidas por la agente, actuó “de forma rápida y diligente” y “puso los hechos en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad” en abril de 2019. Antes del juicio, la empresa ya había anunciado su intención de asumir “cualquier responsabilidad” que se determinara en la sentencia.

Pólizas fraudulentas

La estafa, según considera probado la sentencia, se prolongó de 2013 a 2019. Marina B. “aprovechó su larga trayectoria” para ofrecer productos y servicios que supuestamente iban a ser muy ventajosos para los clientes. Llegó a prometerles, entre otras cosas, un interés anual medio del 2,5% con un plazo fijo que, además, iba a reportarles un descuento en el importe de los seguros. El dinero iba a parar a una cuenta corriente personal de Marina B. Dos de los afectados, el matrimonio formado por Antoni Gasol y Dolors Rabella, llegó a ingresar 120.000 euros que, hasta ahora, no han logrado recuperar, tal como ha explicado su abogado, el penalista Jordi Bertomeu. Empezaron a ver que algo no iba bien en febrero de 2019, cuando intentaron rescatar la inversión por necesidades económicas. Marina confesó: les dijo que había “reinvertido personalmente” el dinero, les pidió disculpas pero les animó a no denunciar el caso porque no iba a servir de nada.

A Domènech C., la agente le hizo firmar una póliza de vida con la promesa de que, si ingresaba 5.000 euros, recibiría a los dos años 400 euros. Con Mayra T. gestionó el seguro de un coche que también iba a reportarle un beneficio (380 euros anuales) pero dejó sin efecto el producto al día siguiente de haberlo contratado. Magdalena T., otra afectada, “canceló anticipadamente una póliza de seguros” con 55.000 euros para firmar un nuevo contrato que, supuestamente, le iba a aportar mayor rentabilidad. Así, hasta seis vecinos del pequeño municipio de Sant Llorenç (apenas mil habitantes) que reclaman esas cantidades. Otros cuatro clientes de esa misma oficina también fueron estafados con cantidades menores, pero alcanzaron un acuerdo extrajudicial con la condenada y ya no reclaman.

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