La estafa de una agente de seguros que Catalana Occidente evita asumir
La compañía, responsable civil en el juicio, alega que era “imposible” detectar el engaño de una trabajadora que se apoderó de 187.000 euros de cinco vecinos para gastarlos en cocaína
Con el tiempo, Marina B. se había ganado la confianza de los vecinos de Sant Llorenç de Morunys, en el Prepirineo de Lleida. Trabajaba como agente de seguros en una oficina de Catalana Occidente de esta localidad de menos de 1.000 habitantes de la Cataluña interior. Desde que, en 2005, empezó a trabajar de manera exclusiva para la compañía, había tenido días mejores y peores, pero nadie le supo encontrar una mancha. Llegó a formar parte de lo que en argot corporativo se llamaba el “club de los millonarios”, los comerciales capaces de vender más pólizas y que por ello eran premiados con viajes de placer a cargo de la aseguradora.
Antoni Gasol y Dolors Rabella, ancianos y vecinos de Sant Llorenç, eran dos de los clientes de la oficina, perfectamente identificable con el logo de Catalana Occidente. Confiaban en Marina, de modo que cuando esta les prometió un interés anual del 2,5% con un plazo fijo que, además, les iba a suponer descuentos en los seguros que ya tenían contratados, no lo dudaron. El matrimonio ingresó 120.000 euros en una cuenta que, según les dijo Marina, era de la aseguradora. Les mintió.
El dinero nunca llegó a ningún depósito, sino a los bolsillos de Marina, entonces adicta a la cocaína, tal como reconocería más tarde, en su declaración como investigada por estafa. Antoni y Dolors descubrieron que algo no iba bien en febrero de 2019, cuando intentaron rescatar sin éxito lo invertido. Marina confesó de inmediato. Dijo que había “reinvertido personalmente” el dinero y les pidió “disculpas de todo corazón”. “Me avergüenzo, no me lo perdonaré nunca, no era yo, no sé cómo he podido hacer algo así”, les escribió la agente de seguros, que al mismo tiempo les pidió que se abstuvieran de emprender acciones legales porque “no servirá de nada”.
Algo de razón tenía. Han pasado tres años desde que Antoni, Dolors y otros tres vecinos —todos ellos, víctimas de estafa— denunciaran el caso. Hasta la fecha, ninguno ha cobrado. La estafadora confesa no puede pagar: expulsada de Catalana Occidente tras 14 años y separada, tiene dos hijos a su cargo, cobra menos de 800 euros al mes y estaba recuperándose de su adicción a las drogas en diciembre de 2019, cuando declaró ante el juez. Marina aprovechó aquella comparecencia para denunciar el “afán de beneficios” de la compañía y contó cómo anticipó dinero a clientes que habían sufrido un accidente y a quienes la empresa se resistía a pagar.
El problema, para los afectados, es que Catalana Occidente tampoco responde. Las víctimas “pensaban que contrataban productos de la compañía” y pusieron “los ahorros de una vida de trabajo” en manos de una empresa que no ha efectuado “ni un solo pago”, según el escrito de acusación de Antoni y Dolors. Ambos piden cuatro años de cárcel para la que fue su persona de confianza por estafa agravada, una pena que la Fiscalía eleva hasta los seis años. “No imaginábamos que esto pudiera ocurrir. Estamos muy decepcionados con ella, pero también con la aseguradora”, explican por teléfono.
En el proceso, cuyo juicio se celebra este jueves en la Audiencia de Lleida, la compañía figura como responsable civil subsidiario; en caso de condena, y si Marina —como es previsible— no puede devolver los 187.273 euros que adeuda a los afectados, tendrá que responder. Pero por ahora no está dispuesta a hacerlo. En su escrito de defensa, Catalana Occidente dice que los clientes no contrataron ningún producto, sino que ingresaron unas cantidades en las cuentas indicadas por la agente, por lo que la estafa era “indetectable”. La empresa subraya que su forma de proceder “no puede considerarse negligente” y agrega que Marina no era empleada, por lo que llevaba su actuación “de forma totalmente independiente”, lo que hacía “materialmente imposible” controlar lo que hacía. Consultada por este diario, una portavoz añade que la compañía fue la que en primer lugar investigó los hechos y presentó una denuncia contra Marina. Recuerda, además, que la empresa “ha colaborado con las autoridades” y que, en caso de sentencia, “asumirá cualquier responsabilidad que se determine”.
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