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La Cataluña que se jubila: miles de trabajadores del sector público se retirarán en los próximos cinco años

El porcentaje de mayores de 60 años en colectivos como el de administración de justicia, administración y servicios, sanitarios o servicios penitenciarios supera el 12%

Manifestaciones
Interinos de la función pública se manifestaban en 2021 en Barcelona.MASSIMILIANO MINOCRI (EL PAÍS)

El relevo generacional en el sector público es una asignatura pendiente en Cataluña. La crisis de 2008 terminó con dos de las herramientas más importantes para hacerle frente: la reposición de las plazas que iban quedando vacantes —muchas se amortizaron dando lugar a plantillas más reducidas y con más carga de trabajo— y la convocatoria de nuevas plazas para dar entrada a trabajadores jóvenes. Ambos procesos se han ido recuperando paulatinamente en los últimos años, con nuevas promociones y convocatorias, y con tasas de reposición más generosas, pero no en todos los colectivos se ha dado de la misma manera y algunos avisan de que la renovación es urgente: el porcentaje de mayores de 60 años supera el 12% entre los trabajadores de justicia, de administración y servicios, sanitarios y funcionarios de prisiones, con lo que en los próximos cinco años miles de trabajadores públicos tendrán ya la edad para retirarse.

Conocer la edad de todos los trabajadores públicos en Cataluña no es fácil, ya que operan distintas administraciones (el Estado, la Generalitat, las entidades que prestan servicios públicos de forma delegada por parte de la Generalitat, y las administraciones locales) y solo la Generalitat tiene datos actualizados y completos. Tomando como referencia la última Encuesta de Población Activa (EPA), en el conjunto de España los trabajadores públicos mayores de 55 años representaban el 30% del total. En Cataluña hay 26.318 trabajadores públicos que dependen del Estado, en servicios como la Seguridad Social, el servicio público de empleo estatal (SEPE), las fuerzas armadas o la administración de justicia; 93.991 personas trabajan en administraciones locales; y 282.887 personas conforman el sector público autonómico (184.509 de las cuales dependen directamente de la Generalitat, y el resto, trabaja para las 206 entidades que prestan servicios públicos de forma delegada).

Solo entre los trabajadores que dependen directamente de la Generalitat, 16.550 tienen más de 60 años, y representan casi un 9% del total. Pero algunos colectivos están más envejecidos que otros: mientras los cuerpos de seguridad, los bomberos y los docentes tienen un porcentaje de mayores de 60 años menor al 5%, en grupos como la administración de justicia de la Generalitat, la administración y servicios o los agentes rurales, este porcentaje supera el 16%, y en los sanitarios y funcionarios de prisiones está por encima del 12%. Por poner un ejemplo, en los próximos cinco años se podrán jubilar 6.856 trabajadores de administración y servicios que dependen directamente de la Generalitat.

Esta situación ocurre también en las entidades de servicio público, como en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), un ejemplo paradigmático: buena parte de los trabajadores entraron, jóvenes, en los ochenta cuando se fundó, y han alcanzado la edad de jubilación en los últimos años o lo harán próximamente. La media de edad es de 50,9 años, y 405 trabajadores tienen más de 60 años (el 17,2% del total). “Hace años que lo teníamos previsto, y desde el 2015 el comité ha ido impulsando medidas: hace poco firmamos las jubilaciones parciales, que permite avanzar la jubilación sin perder parte de la pensión, haciendo una reducción de jornada que esté ligada a un contrato de relevo a una persona nueva, con lo que hay transferencia de conocimiento. Y se han hecho muchos procesos de selección para tener una bolsa de gente para cuando haya jubilaciones”, señalan fuentes del comité de empresa. “Es verdad que muchos empezamos en 1983, éramos muy jóvenes, y ahora nos hemos hecho mayores. Pero también influye que la plantilla es más reducida: desde 2010 se han perdido 600 trabajadores, y durante años no se podían reponer las vacantes”, añaden.

Otro ejemplo es el colectivo de médicos. Según cálculos del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (Comb), que agrupa alrededor del 80% de los facultativos de toda Cataluña, un 15% de los médicos en activo tienen más de 60 años. El año pasado se jubilaron más de 800 profesionales y la cifra aumentará progresivamente año a año hasta alcanzar los más de 1.200 facultativos retirados en 2025. “Será muy difícil cubrir todas estas bajas con nuevos médicos, porque no los hay”, lamentan fuentes del Comb. El Colegio reclama aliviar la carga de burocracia que día tras día resta tiempo a los profesionales para dedicarse a cuestiones puramente médicas.

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“No se ha hecho casi nada para prevenir la oleada de jubilaciones”, explica Manel Pulido, coordinador de Área Pública en el sindicato CC OO, que destaca que esta situación es generalizada y afecta a la mayoría de colectivos y de administraciones. “El principal problema es que no se planifica en función de la edad de cada plantilla, sino en función de las jubilaciones que van ocurriendo, que ahora se pueden sustituir con la tasa de reposición. Pero lo que hemos empezado a hablar es cómo se puede conseguir la flexibilidad para convocar plazas antes de que lleguen las jubilaciones. Lo hemos hablado con el Estado, con el que llegamos a un acuerdo pero no se ha trasladado a los Presupuestos, y con la Generalitat, con la que estamos empezando a negociar leyes como la de Ocupación Pública”, señala Pulido.

La Secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat también confía en esta futura ley para alcanzar el rejuvenecimiento de las plantillas. Mientras no se apruebe, fuentes de la secretaría indican que están trabajando para, ya este año, “dotar de herramientas y metodología a los recursos humanos de los departamentos para que puedan detectar y planificar los relevos necesarios”, especialmente de personal con mucha experiencia y habilidades, para garantizar la transmisión de conocimiento a los relevos.

Diferentes colectivos apuntan que permitir la jubilación anticipada ayudaría al proceso de renovación, y aliviaría a los más mayores de tareas peligrosas o con una alta carga de trabajo. Ha sido así en el caso de los Mossos d’Esquadra o los Bomberos, que pueden jubilarse a los 60 años, pero no para otros colectivos, como los funcionarios de prisiones. “Ya en 2016 hicimos un estudio para alertar de que la media de edad en algunos centros penitenciarios era preocupante. Nuestros hermanos “ricos”, los Mossos, ya tienen la jubilación anticipada. Los sindicatos firmamos un acuerdo con la exconsejera Ciuró, pero se ha quedado encallado en el Congreso”, indica Alberto Gómez, responsable de prisiones del sindicato CSIF. Su homólogo en UGT, Xavier Martínez, indica que el colectivo de funcionarios de prisiones (unos 3.500 trabajadores, 430 de los cuales tienen más de 60 años) ha perdido unos 600 efectivos desde 2008, en un contexto de aumento de agresiones por parte de los reclusos (700 graves en los últimos cinco años) y sin tener ante estas la protección jurídica que tienen los Mossos. “Hacemos una tarea muy complicada y peligrosa, y cada vez hay más bajas y más largas. Necesitamos más dotaciones, un rejuvenecimiento inmediato y anticipar la jubilación a los 60 años, como ya pasa en los funcionarios de prisiones del Estado”, dice Martínez.

Pilar González, responsable de Política Sindical de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, destaca que otros colectivos están en esta situación —plantillas envejecidas con una carga de trabajo y una exposición a riesgos importante para las personas de mayor edad— como los docentes, los sanitarios o los trabajadores de servicios sociales. “El proceso de estabilización de interinos está muy bien pero no es la solución, porque ni rejuvenece las plantillas ni las incrementa. Hay que hacer un replanteamiento, y esto pasa por dar salida a los mayores con jubilaciones parciales o con la jubilación anticipada”, resume.

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Sobre la firma

Josep Catà Figuls
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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