‘Frenteadoras’: las mujeres con hijos que usan las mafias de la ocupación para apropiarse de viviendas

Hay delitos en los que la frontera entre ser víctima o victimario es muy delgada. Las mulas transportan droga en sus cuerpos desde países lejanos y son detenidas en los aeropuertos por narcotráfico. Pero si alguien se ha aprovechado de su vulnerabilidad para cargarlas con el estupefaciente pueden ser consideradas víctimas y resultar absueltas (así lo recoge ya alguna sentencia). Las mujeres explotadas sexualmente son víctimas de un delito contra la libertad sexual, pero si se integran en la organización y acaban como controladoras de otras mujeres prostituidas, pueden ser condenadas por esa misma categoría penal. En las ocupaciones de viviendas, esa línea es aún más fina, a veces casi imperceptible, y también aquí son las mujeres las que quedan a menudo con un pie a cada lado.

La mafia de la ocupación desarticulada por los Mossos en Barcelona contaba con un arma imprescindible: las frenteadoras, mujeres que, una vez derribada la puerta, se encierran dos o tres días en el piso con niños menores de edad para simular una situación de desamparo y disminuir así el riesgo de un desalojo exprés. En jerga, frentear es “hacer frente a una situación de riesgo”, señala la policía. Cinco de esas mujeres forman parte de los detenidos en noviembre por ocupar desde 2020 decenas de viviendas en Barcelona y L’Hospitalet, la mayoría propiedad de bancos y fondos de inversión.

El sumario del caso Squatter, al que ha accedido EL PAÍS, considera a estas mujeres parte de la organización criminal. Eran conscientes de lo que hacían y cobraban por ello, si bien “cantidades irrisorias” en comparación con la que ganaban los presuntos líderes de la banda, los hermanos colombianos Plinio C. y José C. Estos, según la investigación, alquilaban y “vendían” los pisos o negociaban compensaciones con los propietarios a cambio de abandonarlos. El caso nació cuando los agentes comprobaron que la clasificación de denunciados por usurpación de vivienda en el barrio de Sants estaba copada por mujeres colombianas.

Juana N., de 21 años y procedente de Ibagué (Colombia), ha sido identificada en seis ocupaciones desde 2019. Cuando los Mossos llegaban al piso recién ocupado —bien porque se activaba la alarma, bien porque los vecinos denunciaban— su relato siempre era el mismo: que llevaba “tres días” allí con sus hijos menores, que no se marcharía y que había sido “víctima de una estafa”. Un “cubano” del que no sabía dar más señas le había ofrecido el piso por 1.700 euros. Aunque Juana N. no llegó a ser detenida, la policía ve sus explicaciones “más que sospechosas” y subraya que “nunca denunció” la aparente estafa pese a su supuesta existencia precaria.

Las frenteadoras integradas en el grupo criminal saben cuál es su tarea. Cuando los hermanos Plinio y José abren el piso y cambian la cerradura, ellas ya están allí, “acompañadas de menores que utilizan en caso de presencia policial para hacer creer que están en situación de grave vulnerabilidad”. Durante los dos primeros días, lo más probable es que sean identificadas y “constarán como las personas que han cometido el delito de usurpación”. Pasados unos días, abandonan el piso, que queda a disposición de los jefes para su venta o alquiler. Cobran por su presencia y por llevar a los menores. “Los niños más pequeños son los más caros”, subraya la policía.

Sonia G., es una de las más activas y busca a otras mujeres para frentear. El 24 de agosto de 2022, Tatiana G. la llama para decirle que acaba de llegar al piso ocupado con un niño y que se ha presentado un vigilante de Securitas. Sonia le da indicaciones precisas por teléfono: le dice que no abra la puerta “por nada del mundo”, le recuerda que el vigilante “no tiene derecho ni a tocar la puerta” y la anima a contar que la han estafado. Una vez que la policía llega al piso, en L’Hospitalet, ambas mujeres vuelven a hablar por teléfono. Sonia le dice que puede estar tranquila porque ahora “ya no la echarán” y que el proceso judicial “tarda un año”.

“Les di mis ahorros”

La investigación judicial recoge casos de mujeres que se prestan a frentear porque necesitan una vivienda. Ese último eslabón, el de los inquilinos, es el más débil. Algunos de ellos, sugieren los Mossos, “podrían llegar a desconocer la ocupación ilícita del inmueble”. Pese a ser víctimas de estafa, no denuncian: la comunidad colombiana de Barcelona no es tan grande y “tienen miedo a represalias aquí o en su país”. Al final, como todas las mafias, esta también “se aprovecha de personas que en algunos casos están en situación de vulnerabilidad”, dice la policía.

Así se encontraba Yenny Paola G., de 39 años, cuando llegó a España en 2019 con dos hijas. “Les dimos todos los ahorros que teníamos a unos propietarios que resulta que no lo eran”, explica a este diario. Yenny admite que, más tarde, supo que el piso estaba ocupado, pero siguió viviendo allí porque no tenía otro lugar adonde ir. “Sin papeles, sin posibilidad de trabajar, accedí a seguir pagando”, cuenta.

A Yessica C., prima de los dos líderes del grupo, le ocurrió algo parecido. Llegó a España en diciembre de 2021 con sus tres hijos, dos gemelas de 10 años y un niño de nueve. Intentó ocupar, con ayuda de los primos, un piso cerca de la Ciudad de la Justicia, pero no salió bien. Pasó cuatro meses en un piso social. Hasta que encontró en un parque a Adriana R. (una de las detenidas), que le ofreció instalarse en una habitación en la calle de Sant Baltasar de Barcelona gratis y sin pagar luz, agua ni gas. Tenía que aceptarlo porque “limpiaba ocasionalmente en domicilios dos días a la semana” y cobraba 50 euros por semana.

En su declaración ante los Mossos como testigo, Yessica C. admitió por qué no pagaba: fue frenteadora ocasional. “Me han utilizado para ir a un piso que habían ocupado y evitar que la patrulla pudiese desocupar la vivienda”, dice en alusión a una ocupación frustrada de una vivienda en la calle Montseny de L’Hospitalet, en septiembre de 2022. Cuando llegaron los Mossos, Yessica C. explicó que había pagado 1.500 euros. Horas antes, los hermanos habían hablado por teléfono: la ocupación debía ejecutarse a las 5.00, aprovechando “el cambio de turno” policial, y romper la alarma enseguida. Si llegaba la policía, la estrategia era jugar la baza de los menores: “Que ponga a los niños delante de la puerta a llorar y que lo grabe todo con el teléfono móvil”.

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