El pacto presupuestario entre ERC y PSC allana la legislatura y rompe la política de bloques en Cataluña

Tras semanas de bordear el precipicio, el Govern de Pere Aragonès ha logrado este miércoles cerrar un pacto de Presupuestos con el Partit dels Socialistes (PSC) y, de paso, allanar la legislatura que finaliza en 2025. Con un Govern sustentado en solo 33 diputados sobre 135, después de su ruptura con Junts, el president ha conseguido atar un proyecto que contempla inversiones de más de 3.000 millones de euros, ganando margen de gestión sin el desgaste de la constante pérdida de votaciones en la Cámara. Las cuentas entrarán en vigor en marzo, si no hay contratiempos.

Aragonès y el jefe de la oposición, el socialista Salvador Illa, han rubricado el acuerdo en la Sala de Diputats del Palau de la Generalitat, dejando una fotografía histórica. Posiblemente, hacía más de una década que los socialistas, arrinconados por el procés, no participaban en un pacto de ese cariz. El líder del PSC se apresuró a aclarar que seguirá construyendo su alternativa, que no se trata de un acuerdo de legislatura y que solo es presupuestario. No lo será, pero el documento tiene casi 30 páginas y se le parece bastante. La imagen tiene también una importante carga simbólica, pues consuma la ruptura de la política de bloques entre independentistas y constitucionalistas que ya se iba resquebrajando esta legislatura con pactos trascendentales como los que alumbraron la ley de lenguas o la renovación de la dirección de órganos como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

El acuerdo tiene además otra variable y una doble lectura: despeja el final del mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que los republicanos hubieran amenazado con retirarle su apoyo y dejar en el aire varias leyes como la de la vivienda o la reforma de la ley mordaza. No hubiera sido la primera vez porque ERC no votó a favor del cambio en la reforma laboral. Los de Gabriel Rufián facilitaron este miércoles el trámite sobre la normativa de seguridad ciudadana, un movimiento que se ha producido tras la fumata blanca a las cuentas.

Mientras, en Cataluña, se consuma lo que ya se presagiaba: la ruptura definitiva del bloque independentista. Junts ha puesto el grito en el cielo al acusar a ERC de haber roto la legislatura del 52% en referencia al porcentaje de votos independentistas de las últimas elecciones autonómicas. El líder parlamentario de Junts, Albert Batet, ha augurado el nacimiento de un nuevo tripartito entre PSC, ERC y los comunes, similar al que gobernó Cataluña con Pasqual Maragall y José Montilla a la cabeza. “No volvemos al 2017, volvemos al 2004 y se constata un cambio de ciclo en la política catalana. Aragonès ha abandonado la mayoría independentista”, ha apostillado. El partido de Laura Borràs se apresta ahora a usar el pacto para remarcar lo que considera el abandono de la apuesta secesionista por parte de los republicanos y sacar provecho de esa idea en la campaña de las elecciones municipales.

La realidad es que con su pacto con el PSC, Aragonès ha dado de hecho un giro copernicano a su política: durante la campaña electoral firmó que no pactaría la investidura con los socialistas; logró formar Govern gracias a Junts y la CUP y año y medio después aprobará las cuentas con el PSC y, de nuevo, con En Comú Podem. Tras la ruptura con los exsocios, Oriol Junqueras, presidente de ERC, acusó al PSC de ser un partido de la represión y lo descartó como socio para las cuentas. La negociación ha estado, por tanto, llena de espinas, desencuentros y recelos por mucho que las dos formaciones pacten en el Congreso y que el Gobierno concediera los indultos parciales y la reforma penal de la sedición y la malversación.

En las filas de los socialistas catalanes sentó fatal que ERC intentara presionar directamente a Sánchez para agilizar el último tramo de las negociaciones. Desde el día 22 de agosto, los de Illa habían tendido la mano para tener las cuentas y siempre habían recibido desplantes. De ahí que el PSC se haya puesto como objetivo claro marcar la agenda política del Ejecutivo de Pere Aragonès con el impulso de grandes infraestructuras, aunque incomodaran ideológicamente a las bases republicanas.

Una muestra de ese último punto es el aparte específico sobre infraestructuras. Allí están el aeropuerto de El Prat, un tramo de la autovía B-40 (orbital de la capital catalana) y el complejo recreativo y de convenciones Hard Rock (en Tarragona). Ambos tuvieron que hacer cesiones. El PSC había apostado hasta el final por “un todo o nada”, exigiendo el cumplimiento íntegro de su acuerdo, y finalmente ha renunciado a que la palabra “ampliación” figure en el texto final. Ahora se habla de “la modernización” del aeropuerto de El Prat, para que “gane capacidad” respetando “la biodiversidad”, aunque sin concretar cómo. ERC quería que se descartara “el modelo impuesto por Aena” y comenzar de cero en una mesa bilateral. Los republicanos tuvieron que ceder en la autovía, asumiendo el coste político y electoral en el territorio pues abanderaban el rechazo a lo que consideran una infraestructura “anacrónica”.

“Hablamos de aumentar el número de vuelos de 70 a 90 la hora. Y eso quiere decir lo que quiere decir”, ha afirmado Illa. Para el socialista, con este pacto “Cataluña pasa de la inercia a la acción”. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, por su parte, ha insistido en la necesidad de que El Prat sea un punto de conexión internacional, pero considera que la ampliación de la pista afectando el espacio natural de La Ricarda “ni es necesaria ni útil ni responde al modelo aeroportuario de país”. Los comunes, comandados por Jéssica Albiach, han considerado que el acuerdo Aragonès-Illa no pone en peligro su pacto con ERC. Los Presupuestos recibirán así 74 votos de los 135 posibles.

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