Las trabajadoras de atención domiciliaria en Barcelona van a la huelga: “Estamos ya muy quemadas”

La atención a las personas mayores y dependientes es un trabajo esencial. Limpiar el hogar, asear a los usuarios, llevar un control de su medicación, hacer la compra, y por último aunque en muchos casos sea muy importante, dar conversación y hacer compañía. Pese a que en muchas ocasiones las familias optan por contratar estos servicios a empresas privadas, existe un servicio público en todos los municipios de más de 20.000 habitantes. Y el de Barcelona, con 4.000 empleadas —la mayoría son mujeres— para 24.000 usuarios, está al límite. Las trabajadoras, convocadas por los sindicatos CGT y Co.Bas, iniciaron ayer una huelga que continuará el miércoles y el viernes, para reclamar mejoras salariales y de organización de horarios, entre otras medidas que se tienen que pactar en el convenio que se renueva este diciembre. Las trabajadoras en huelga acusan al Ayuntamiento de Barcelona de adjudicar el servicio a empresas que concurrieron con un presupuesto a la baja, y piden a la alcaldesa, Ada Colau, que escuche sus reivindicaciones. El consistorio apunta que el convenio es de ámbito catalán y que ya han incluido mejoras laborales cuando ha sido posible.

El seguimiento de la huelga este lunes, según los datos del Ayuntamiento, ha sido del 2%. Los sindicatos lo explican por la gran atomización del sector: “Nosotras si cuando vamos a trabajar nos cruzamos por la calle con una compañera, no nos reconocemos, porque no sabemos quiénes son las compañeras. Es un logro haber podido reunir a este grupo”, explica Pilar Cárdenas, de CGT, en la concentración que ha dado el pistoletazo de salida a las protestas. Unas cincuenta personas se han manifestado frente al Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona, para luego dar una marcha hasta las sedes de las empresas en las que está subcontratado este servicio público.

El servicio de atención domiciliaria (SAD) lo prestan tanto las auxiliares del hogar (que se encargan de tareas de limpieza) como las trabajadoras familiares. Las primeras perciben un salario mensual bruto de unos 1.070 euros, y las segundas, de unos 1.200 euros. “Pero casi nadie está contratada por una jornada completa, que es de 37 horas, la mayoría tenemos jornadas de 30 o 35 horas, así que el salario neto acaba siendo mucho menos. Buena parte de las trabajadoras son madres solas, y están condenadas a buscar otro trabajo para complementar la jornada. Se da la paradoja de que muchas trabajadoras que asisten a dependientes luego tienen que ir a los servicios sociales porque no llegan a fin de mes”, explica Juana Picazo, del sindicato Co.bas. El servicio en Barcelona está dividido en cuatro zonas, dos de ellas las gestiona la empresa Suara, y las otras dos Servisar, perteneciente al grupo DomusVi.

El día a día de las trabajadoras consiste en visitar una hora o hora y media a un usuario, hacer las tareas e ir a visitar al siguiente, llevando a cabo entre cuatro o cinco visitas al día. “Pero las jornadas son muy irregulares, porque también dependen de cuando puedan ellos, y la coordinación está muy mal hecha, a veces se solapan usuarios y no puedes visitarlos, o a veces hay tramos en los que no tienes trabajo, y entonces se crea una bolsa de horas que debes, con lo que luego te pueden llamar a horas que no tocan para que hagas visitas, porque las debes”, explica Cárdenas, que lamenta que este funcionamiento dificulta la conciliación. “Es un trabajo muy solitario y en el que hay riesgo de tener lesiones y sobrecargas musculares”, señala Cárdenas. Ana, que prefiere no dar su apellido, explica que ella trabaja sobre todo con usuarios del barrio de la Barceloneta, donde casi no hay edificios con ascensores. “Es muy desgastante, y luego tienes que mover a los abuelos... en seis años solo he visto una grúa dentro de una casa, y porque la había puesto la familia”, explica.

Las trabajadores también reclaman que el nuevo convenio reconozca pluses de antigüedad, que cubra al 100% las bajas por incapacidad temporal, y que se establezcan mejoras salariales. “En cada convenio hemos ido perdiendo derechos, pero ahora con la subida del coste de la vida no podemos permitirlo. Estamos ya muy quemadas. En siete años solo se han subido 20 euros brutos al año”, señala Picazo.

Los sindicatos reclaman que a partir de sus reivindicaciones se haga un convenio para Barcelona que sirva de base para el catalán, pero el Ayuntamiento recuerda que las condiciones laborales las fija el convenio autonómico. “El Ayuntamiento ha conseguido recientemente un incremento de las aportaciones de la Generalitat al contrato programa de servicios sociales, aunque por debajo de lo que reclamaba”, señala un portavoz del consistorio, que destaca también que Barcelona ha sido la primera ciudad en licitar un nuevo contrato público que pueda recoger las mejoras laborales del nuevo convenio catalán, con un incremento del 14% en salarios en los próximos cuatro años, unas mejoras que las trabajadoras aún ven insuficientes. Entre las novedades que ha introducido el Ayuntamiento está el reconocimiento de categorías laborales como la terapeuta ocupacional o la integradora social, la licitación de un lote de control independiente para garantizar la calidad del servicio, o la implantación de las “superislas sociales”. Las trabajadoras que protestaban han señalado que esta última medida les obliga a ellas a coordinar a los horarios de los usuarios de estas distintas superillas, algo para lo que, dicen, no están formadas. El Ayuntamiento, en cualquier caso, ha asegurado que está abierto a “estudiar cualquier mejora”.

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