Condenados dos mandos de la Policía Nacional por liderar una banda de ‘narcos’ en el puerto de Barcelona

La corrupción policial en torno al puerto de Barcelona se ha cobrado esta vez dos piezas de caza mayor: Cale y Paco, apodo de dos mandos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) integrados en una organización de narcotraficantes que introducía grandes cantidades de cocaína a través de los muelles. La Audiencia de Barcelona ha impuesto una pena de 15 años de cárcel al inspector Calixto M. G., que era precisamente uno de los jefes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del cuerpo al tiempo que lideraba y daba cobertura a la banda. Su compañero, el subinspector Francisco Ll. M. -que ya se había jubilado anticipadamente del cuerpo cuando ocurrieron los hechos- ha sido condenado a otros cinco años y medio de cárcel, según la sentencia a la que ha accedido EL PAÍS.

El caso Romeo llevó al banquillo de los acusados a esos dos mandos policiales y a una treintena de personas más por tráfico de drogas a través del puerto. La sentencia considera probado que participaron en la entrega de 200 kilos de cocaína de Brasil y que planearon, sin éxito, la llegada de un barco con otros 2.000 kilos de esa droga desde Colombia. La mayoría de los acusados han sido condenados a penas severas de cárcel. Lo han sabido este mismo viernes, cuando el tribunal les ha entregado personalmente la sentencia y han acudido rápidamente a las últimas páginas, donde consta el fallo, para conocer su futuro. La Fiscalía pedía inicialmente 18 años de prisión para el inspector Cale por liderar una banda que trató de importar, desde Sudamérica, grandes cantidades de cocaína ocultas en contenedores, mientras que solicitaba 13 años para Paco.

La sentencia considera probado que el inspector “se dedicaba al tráfico de cocaína de forma incesante y se aprovechaba de su condición de policía”. Aunque a él no se le intervino ninguna cantidad de droga ni participaba directamente en los transportes, las pruebas (en especial, las conversaciones telefónicas) son concluyentes. Cale ejercía el liderazgo en el grupo y “aleccionaba” a sus miembros para comunicarse de forma segura y adoptar medidas de precaución; además, les suministraba información -que consultaba en las bases de datos policiales- que facilitaban su trabajo.

El tráfico de drogas, con los elevados beneficios que reporta, es “especialmente apto para corromper a las personas” y, en especial a quienes “tienen encargada la represión de este delito”. La investigación de los bienes de Cale dio como resultado que disfrutaba de un nivel de vida que “no se corresponde a los ingresos de los funcionarios públicos en España”, sigue la resolución dictada por la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona.

Un puesto en el puerto

El inspector de la Policía trató de hacerse con un puesto clave en el puerto de Barcelona para facilitar las operaciones de la banda, según consta en las conversaciones telefónicas del caso, que han sido clave en la sentencia. Durante el juicio, el inspector alegó que había sido víctima de una trampa y que sus vigilancias en la zona del puerto estaban relacionadas, en realidad, con una investigación sobre un clan gitano. Pero los magistrados no dan ninguna credibilidad a esa versión. “Si hubiese estado investigando una trama de tráfico de cocaína de esa entidad, no se alcanza a entender que nadie en el cuerpo policial supiese lo que estaba haciendo”, indican. Y recuerdan que Cale “llegó a seguir” a un agente de los Mossos d’Esquadra ante la sospecha de que le estuviese vigilando durante una reunión con otros acusados.

La sentencia condena a Cale por un delito contra la salud pública con una circunstancia agravante (le atribuye la “jefatura de la organización criminal”) y una circunstancia atenuante (dilaciones indebidas). La pena por ese delito queda fijada en los 13 años de cárcel más el pago de multa de 795.000 euros. A ello hay que sumar dos años más por un delito de revelación de secretos atribuido a funcionario público. En el caso de Paco, el tribunal aprecia además la atenuante de drogadicción, por lo que la pena queda en cinco años y medio de cárcel por tráfico de drogas y el pago de una multa de 815.000 euros.

El caso nació por las declaraciones de Javier Z., responsable de almacén de una empresa logística que colaboró en una entrega de droga y, posteriormente, se arrepintió. En febrero de 2015, permitió la descarga de 200 kilos de cocaína de un contenedor procedente de Brasil en el almacén y, presuntamente, cobró por ello medio millón de euros. Pero cuando se negó a repetir una operación similar, recibió amenazas de varios miembros del grupo. Fue así como supo que la banda contaba con la protección de dos miembros de la policía y, presionado, lo denunció a los Mossos d’Esquadra en abril de 2016. Tras un año de investigación, los dos policías fueron detenidos. El tribunal duda de este trabajador -sospechan que pudo utilizar el dinero recibido en crear otra empresa para actividades ilícitas- pero sostienen que lo explicado por él ha sido corroborado con otras pruebas.

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