La ley y la cuenta de resultados

En 2020, en plena pandemia, se produjeron 240.070 cortes de electricidad y 17.763 de gas en toda España. Familias monoparentales —monomarentales, en realidad— personas a quienes no alcanzaba el salario, la pensión o la prestación social fueron las principales afectadas. Y ello a pesar de tener a su favor una legislación que las protegía, pues prohibía la interrupción del suministro en el conjunto de España y era especialmente garantista en Cataluña, gracias a la ley 24/2015. Ellas no lo sabían. Las empresas suministradoras, sí.

Un informe elaborado por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) pone negro sobre blanco el impacto de la Ley 24/2015, que busca ofrecer alquileres sociales a las víctimas de desahucios y veta —con el correspondiente informe de los servicios sociales— los cortes de energía por falta de pago. La nómina de entidades que facilitan los datos en Cataluña —la Generalitat, que lo centraliza todo, no tiene un registro propio y las empresas suministradoras no están por la labor— son todas aquellas que la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática llevaron sin éxito a los tribunales por considerarlas privilegiadas en el reparto de subvenciones de Ada Colau. El 82% de las personas que recurrieron a estas entidades, sin embargo, recuperaron el suministro, no sin problemas, pues solo en 2021 en Barcelona 2.000 personas denunciaron haber sido objeto de coacciones por las eléctricas. De haber triunfado la querella interpuesta por los partidarios de la transparencia y la calidad democrática, la oscuridad sería tal vez mayor.

Hoy sabemos que esos cortes tienen nombres y apellidos. Se han solucionado casos como los de Margarita, Karen, Cristina, Mari Carmen o Ana. Pero el invierno se acerca, los precios se disparan, el Govern no está motivado y las eléctricas se hacen el sueco. Hace unos días la Taula del Tercer Sector y las entidades sociales anteriormente citadas acusaron a la Generalitat y las compañías de ir al ralentí en el cumplimiento de lo pactado.

Al Govern le faltan ganas de hacer cumplir los acuerdos y la ley. En Cataluña hay instalados solo 37 contadores sociales de luz, frente a 914 de agua, y para este 2022 está todavía por crear el previsto fondo solidario para afrontar la deuda. De lo único que hay sobreabundancia es de alegaciones dilatorias por parte de las eléctricas. Es comprensible: están incómodas con una legislación que gracias a ayuntamientos y entidades sociales evitó más de 200.000 cortes en toda Cataluña entre julio de 2015 y diciembre de 2020.

El pacto entre Endesa y la Generalitat —al que no se suman las restantes compañías— ha servido para condonar 30 millones de euros de deuda a más de 35.000 familias. Falta por resolver un montante de 19 millones de euros correspondiente al año 2021. Aunque manuales y sabios recomiendan huir de la demagogia fácil, resulta tentador constatar que esos 19 millones son solo 4,7 millones de euros menos de lo que cobró el año pasado el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quien en mayo calificó —con el know how que ofrece el cargo— de “tontos” a quienes se acogían a la tarifa regulada. Iberdrola, por cierto, es una de las eléctricas que no ha firmado el pacto con la Generalitat para condonar la deuda.

En la Cataluña de la pospandemia, y mientras el Govern sestea, otros actúan con la convicción de que las cuentas de resultados están por encima de la ley.

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