Las entidades claman contra el Govern por los incumplimientos sobre pobreza energética

Con la perspectiva de un invierno duro, con la factura de electricidad a precios nunca vistos, las entidades sociales han empezado a movilizarse ante la previsión de que la pobreza energética aumente y afecte cada vez a más hogares. En Cataluña, donde la ley 24/2015 da un marco jurídico para proteger a las familias, existe un acuerdo entre Generalitat y Endesa, firmado en marzo de 2021, para condonar la deuda contraída por familias vulnerables que no pueden pagar las facturas de la luz. Pero este viernes la Taula del Tercer Sector y la Alianza contra la Pobreza Energética han dado un toque de atención al Govern porque consideran que no se están cumpliendo los compromisos de este convenio. Acusan al Ejecutivo catalán de no haber resuelto la condonación de la deuda de 2021, aunque el departamento de Derechos Sociales afirma que la resolución es “inminente” y que el montante rondará los 19 millones de euros, casi el doble de la cifra de 2019 y 2020.

Según la última encuesta de condiciones de vida del Idescat, el porcentaje de familias que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada pasó del 9,4% en 2020 al 15,9% en 2021, y también creció un punto porcentual, hasta el 13%, la tasa de retrasos en el pago de gastos asociados a la vivienda. El contexto de crisis energética, agravado por la invasión de Ucrania, preocupa a las entidades, y más en un asunto, el de la pobreza energética, en el que los avances y compromisos de las empresas energéticas y del Govern han costado años. Las entidades afirman que no solo no es una prioridad de la Generalitat de cara al futuro, sino que todavía no se han cumplido los compromisos, y por ese motivo han decidido no asistir a la próxima reunión del grupo de trabajo sobre el convenio, prevista para mediados de noviembre. El convenio estableció la condonación de la deuda acumulada de 38,7 millones, entre 2015 y 2020 contraída por 35.000 familias.

“No se entiende que en el contexto actual el Govern tenga una actitud tan pasiva. Los mecanismos están, solo hace falta que cojan el liderazgo”, ha señalado Maria Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, acompañada por Francina Alsina, portavoz de la Taula. Los incumplimientos, según han explicado, son en cuatro ámbitos. Primero, la resolución de la deuda acumulada en 2021. El compromiso era que las familias que los servicios sociales consideran vulnerables recibiesen la carta de la condonación de la deuda este verano, pero todavía no se ha resuelto. El director general de Servicios Sociales de la Generalitat, Josep Maria Forné, explica que está presupuestado y se pagarán los 19 millones que calcula el departamento en un plazo corto, pero argumenta que los procesos administrativos “son complicados” y dependen también de qué administraciones locales estén dispuestas a participar.

El segundo compromiso del convenio era que, en lugar de que las familias generen deuda y reciban periódicamente los requerimientos de las empresas, las administraciones y las empresas energéticas creen un fondo solidario para que la deuda se pague con él. Esto lleva al tercer compromiso, extender el convenio más allá de Endesa, la única que lo firmó, y que por lo tanto asume la mitad de la deuda (la otra mitad corre a cargo de las administraciones). Endesa tiene el 65% del mercado energético catalán y el grueso de las familias vulnerables, pero si se sumaran Naturgy e Iberdrola se llegaría al 88%. “El problema es que tienen que querer hacerlo”, reconoce Forné.

Por último, las entidades denuncian que solo se han instalado 37 contadores sociales de luz en hogares vulnerables que estén ocupados, mientras que de agua hay 914. Las entidades consideran que es una herramienta “imprescindible” para desincentivar las conexiones irregulares y los riesgos que conllevan, y afirman que no es una prioridad del Govern. Forné argumenta que la Generalitat no cuenta con todos los datos de familias vulnerables en situación de ocupación, sino que en muchas ocasiones dependen de las administraciones locales, y que “no todas entienden de la misma forma los requisitos”.

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