Pugna por la lengua entre la política y los tribunales

La manifestación que este domingo recorrerá las calles de Barcelona en defensa del uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo catalán es el último episodio de un conflicto lingüístico que parece no tener fin. Las entidades que defienden el bilingüismo llevan décadas luchando, sobre todo a través de los tribunales, para lograr que ambas lenguas tengan una consideración similar en las aulas de una comunidad autónoma donde, sin embargo, ha prevalecido el sistema de inmersión lingüística. La pugna sigue viva, a la espera de saber si se ejecuta o no la sentencia sobre el 25% de castellano, puesto que las nuevas leyes aprobadas por el Gobierno catalán impiden fijar porcentajes.

En noviembre se cumplirá un año desde que el Tribunal Supremo decretó la firmeza de la sentencia, dictada en 2020, que obliga a impartir un mínimo de un 25% de castellano en las aulas. La decisión desató una tormenta política, sobre todo por su carácter aparentemente definitivo. Los tribunales llevaban años dictando resoluciones, en Cataluña, que obligaban a tal o cual colegio a impartir más contenidos en castellano. Pero esta decisión afectaba al conjunto del sistema educativo público y, por tanto, a uno de los pilares de la acción de gobierno de la Generalitat.

Una de esas sentencias a partir de demandas particulares llegó en mitad de esa convulsión y por eso generó un inusual revuelo: la de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona). Los padres que solicitaron más castellano para su hijo fueron objeto de acoso en redes sociales en un episodio que provocó manifestaciones a favor de la inmersión lingüística, pero también una mayor beligerancia de las entidades y plataformas que promueven el bilingüismo.

Que la sentencia del 25% iba en serio lo dejó claro el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando en mayo —a pocas semanas de acabar el curso escolar— dio un máximo de dos semanas al Govern para ejecutar la resolución e instruir a los directores para lograr ese porcentaje, incluyendo al menos una asignatura troncal en castellano. El Ejecutivo de Pere Aragonès, integrado por ERC y Junts, protestó, gesticuló —el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, habló de “aberración”— e hizo amagos de desobediencia. Halló, finalmente, una vía para sortear la imposición de porcentajes a las escuelas e institutos: cambiar la ley.

En junio, el Parlament aprobó —con un amplio consenso, pues contó con los votos de ERC, Junts, PSC y En Comú Podem— la nueva ley de uso de lenguas oficiales en la escuela. Según esa norma, el catalán sigue siendo la única lengua vehicular, aunque el castellano adquiere por primera vez el rango de lengua “curricular”; en la práctica, eso significa que puede emplearse más allá de la asignatura de Lengua Castellana, si así lo considera el centro educativo. Pero la decisión volvió a topar con los tribunales. El TSJC constató que, con la nueva ley en vigor, que fija la “inaplicación” de porcentajes en los proyectos lingüísticos de los centros, resultaba imposible ejecutar la sentencia sobre el 25%. Y llevó la ley al Tribunal Constitucional al considerar que puede ser inconstitucional y que su único objetivo es “bloquear” la ejecución de la sentencia del 25%.

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