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Los líderes del ‘procés’ dicen que el dictamen de la ONU les da “munición jurídica” en Europa

Romeva insta al Estado a reaccionar antes de que culmine el plazo de 180 días y Rull afirma que es una victoria más jurídica que moral

Los exconsellers Raül Romeva (d) y Josep Rull (c), acompañados del abogado y también exconsejero Carles Mundó, esta mañana, en Barcelona. / MARTA PEREZ (Efe).
Los exconsellers Raül Romeva (d) y Josep Rull (c), acompañados del abogado y también exconsejero Carles Mundó, esta mañana, en Barcelona. / MARTA PEREZ (Efe).Marta Pérez (EFE)
Àngels Piñol

Los líderes del procés han sostenido esta mañana en Barcelona que el reciente dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU, un organismo de expertos independientes que analiza el cumplimiento de los tratados internacionales, les otorga razones en su posición política y en las diferentes causas que tienen presentadas ante la justicia europea. El informe establece que España violó el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que suscribió en 1985 y que blinda el derecho a “participar en la dirección de los asuntos públicos, eligiendo o siendo elegido “sin restricciones indebidas”. El exconsejero de Exteriores de la Generalitat por ERC Raül Romeva ha instado al Estado a reaccionar en los 180 días de plazo que da el dictamen. “No es solo una victoria moral y anímica. Esto nos da munición jurídica”, ha subrayado el exconsejero Josep Rull en alusión al recorrido de sus causas en los tribunales europeos.

Acompañados de sus abogados, Jordi Pina y Carles Mundó, los dos exconsejeros han valorado el dictamen mientras de forma simultánea el letrado Nico Krisch, hacía lo propio desde Ginebra (Suiza) junto en este caso a Oriol Junqueras. Krisch ha resaltado que el informe expone que hubo “manifiesta violación” del artículo 25 cuando a Junqueras, Rull, Romeva y Jordi Turull se les privó de ocupar el escaño que ganaron en las elecciones de 2017 pese a no estar todavía inhabilitados judicialmente. “No nos devolverán los escaños: pero tiene que haber una reacción del Estado para que eso no vuelva a pasar. A los conflictos políticos no se les puede dar una respuesta jurídica. Debe de ser política y se llama amnistía”, ha señalado Romeva, exconsejero de Exteriores.

Rull ha alegado que es consciente de que desde diversas instancias se ha despreciado el informe como ya ocurrió con el del Grupo de detenciones arbitrarias dependiente de la ONU, que pidió en ese caso su excarcelación, y ha sostenido que es una resolución vinculante porque toca los “derechos fundamentales” de la Constitución. “No es algo simbólico y que se pueda evaporar”, ha apuntado Rull afirmado que en el caso de los líderes del proces España hizo un homenaje a “a la deconstrucción de separación de poderes”. “Para garantizar su unidad territorial se vio forzado a no respetar esa separación. Hubo un fallo global del sistema político y jurídico”, ha insistido.

Pina ha recordado que la causa contra los líderes del procés se basó en el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento criminal concebido para evitar que los presos de ETA pudieran ser electos y que cayó por su propio peso porque no existió violencia alguna en 2017. Mundó, también exconsejero de ERC, ha argumentado que el dictamen puede beneficiar a la republicana Marta Rovira, procesada por rebelión -los presos del procés fueron condenados por el delito de sedición y luego indultados- y huida de la justicia española. La secretaria general de Esquerra reside en Suiza desde 2018.

Los líderes del procés tienen actualmente varias causas abiertas en la Corte de Luxemburgo y en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Hay buen montón de carpetas abiertas”, ha dicho Mundó, que ha considerado que el dictamen vincula al Estado y que debe sentirse concernido. Pina y Mundó han soslayado si el informe podría aplicarse a Laura Borràs, suspendida como presidenta del Parlament por que va a ir a juicio por una causa vinculada a la corrupción. El exconsejero de ERC sí ha puntualizado que en el caso de los presos se analizó, con el resultado conocido, el artículo por 25 del Tratado por si hubo una actuación violenta que justificara que se les privara del escaño.


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