El Constitucional rechaza el último recurso para frenar la eutanasia del pistolero de Tarragona, que ya tiene fecha: el 23 de agosto

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo que perseguía frenar la eutanasia del vigilante de seguridad de Tarragona que el pasado 14 de diciembre asaltó a tiros la oficina de la empresa donde trabajaba, hirió a tres compañeros y a un mosso d’esquadra. El agresor también resultó herido posteriormente por los mossos en una masía en la que se refugió, quedando tetrapléjico. La resolución judicial abre la puerta a que Marin Eugen Sabau vea confirmada su petición de muerte voluntaria. El Hospital Penitenciario de Terrassa ha fijado para el próximo 23 de agosto la ejecución del procedimiento.

El recurso impugnaba la decisión de la Audiencia de Tarragona de autorizar la práctica de dicho procedimiento de eutanasia, alegando entre otros motivos que con ella se vulneraban los derechos de las víctimas de la agresión de Sabau. La providencia del Constitucional —a la que EL PAÍS ha tenido acceso— ha respondido a este respecto que inadmite la impugnación “dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental (de los recurrentes) tutelable en amparo”. La resolución ha sido dictada por la sección del tribunal que atiende las cuestiones urgentes durante la primera quincena del mes de agosto, compuesta por los magistrados Ramón Sáez, Concha Espejel e Inmaculada Montalbán. En su providencia, dicha sección ha estimado que el recurso, dado su planteamiento, no tenía recorrido constitucional.

La impugnación —que incluía la petición de suspensión del procedimiento de eutanasia— se basaba en los artículos 15 y 24 de la Constitución. El primero es el que proclama el derecho a la vida. A este planteamiento ha respondido el tribunal que dicho derecho a la vida es titularidad del investigado preso, es decir, de quien ha solicitado que se reconozca su derecho a recibir ayuda para ponerle fin. El artículo 24, a su vez, es el que se refiere al derecho de los ciudadanos a recibir la tutela judicial efectiva, que los recurrentes consideraban vulnerado si se producía el fallecimiento de Marin Eugen Sabau por la práctica de la eutanasia, ya que nunca sería juzgado por los hechos que cometió. El Constitucional, en cambio, ha estimado que dicho derecho a la tutela judicial efectiva lo que debe garantizar es que se produzca una resolución judicial motivada y razonable, como habría ocurrido en este caso con la que dictó la Audiencia de Tarragona. Los magistrados han estimado que sólo se vulnera el derecho a dicha tutela cuando la resolución judicial contra la que se recurre es arbitraria, irrazonable o manifiestamente errónea, circunstancias que no se dan en este caso. El tribunal sostiene, por el contrario, que el auto de la juez de instrucción que intervino en el caso y el de la Audiencia Provincial de Tarragona estaban correctamente motivados en derecho.

“Ahora, poco podemos hacer”, manifiesta el abogado José Antonio Bitos, del sindicato de Mossos USPAC y representante legal del agente que resultó herido durante la huida desbocada de Marin Eugen Sabau. El letrado elevó recurso al TC para tratar de paralizar el protocolo de eutanasia solicitado por el vigilante de seguridad. “No se trataba de impedir la eutanasia, pero sí queríamos que las víctimas pudiesen tener un juicio justo”, lamenta el abogado.

Marin Eugene Sabau, de 46 años, tiene el cuerpo paralizado de cintura para abajo y alega sufrir dolores constantes. Su caso se ha tramitado con una gran celeridad. En primera instancia ya se fijó el procedimiento de eutanasia para el 28 de julio, pero un recurso judicial propició su suspensión. El pasado 4 de agosto la Audiencia de Tarragona descartó que hubiera motivos para seguir dilatando el protocolo. Un recurso de amparo presentado de urgencia ante el TC y rechazado tampoco ha alterado el avance del proceso de eutanasia.

Mireia Ruiz, letrada de uno de los trabajadores que quedó herido durante el asalto a las oficinas de Securitas en Tarragona, resalta la velocidad con la que se ha resuelto un asunto que no cuenta con precedentes. “El tema ha tenido una gran repercusión social y se le ha dado una agilidad a la que no estamos acostumbrados los letrados que tenemos mucha experiencia en juicios”.

El expediente de Marin Eugene Sabau supone un choque de derechos, hasta ahora inédito en España: el de Sabau a una muerte digna, y el de sus víctimas, a una tutela judicial efectiva. Durante el proceso, con su petición de eutanasia ya en marcha, el acusado pidió declarar como investigado ante la jueza de instrucción. “Estoy parapléjico. Llevo 45 puntos en la mano. No puedo mover bien el brazo izquierdo. Llevo tornillos y no siento el pecho”, contó Sabau el pasado 11 de julio, desde el hospital penitenciario de Terrassa donde se encuentra ingresado. En su breve comparecencia, no dio más explicaciones sobre su decisión de acogerse a la Ley de Eutanasia.

El exvigilante de seguridad también acusó a los Mossos d’Esquadra del desenlace final del tiroteo. Sabau aseguró que fueron los agentes quienes abrieron fuego en primer lugar y que, tras recibir un primer disparo en el pecho, quedó “inconsciente”. “No me avisó nadie, me dispararon directamente sin avisarme ni hablar conmigo”, dijo.

Tras asaltar a tiros las oficinas de Securitas en el centro de Tarragona y herir a tres compañeros, Marin Eugene Sabau, aficionado a las armas de fuego y miembro de un club de tiro, escapó en dirección a Reus. Abrió fuego contra una patrulla de los Mossos d’Esquadra y, luego, se refugió en un caserón abandonado. Una unidad de élite de los Mossos logró reducirle tras un intercambio de tiros.

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