Sánchez y Aragonès intentan recuperar el diálogo en el peor momento de la relación de ERC y Junts

Ha llovido mucho, políticamente hablando, después de que, en septiembre pasado, los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, echaran a rodar en Barcelona su apuesta por la vía dialogada con el encuentro en el Palau de la Generalitat. Pese a que el giro producido con los indultos a los condenados del procés es indudable, a la cita que celebrarán ambos presidentes este viernes en La Moncloa se llega con un contexto turbulento: el encuentro coincide con la resaca del debate del estado de la nación, cierto viento a favor para el PP en las encuestas y el cierre del cerco judicial sobre la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Tres situaciones que muestran la distancia abismal no solo entre el Gobierno, por un lado, y ERC y Junts por otro, sino también entre los dos socios del Ejecutivo catalán.

Sin embargo, en La Moncloa se traslada un cierto optimismo con el encuentro. Nadie espera que salga de ahí una cita concreta para la mesa de diálogo, que sería el resultado más tangible, pero sí un cambio de tono después de la enorme tensión provocada por el caso Pegasus ―una intrusión en los móviles de independentistas sin autor conocido― y por el espionaje legal reconocido por el CNI a Aragonès. En el Ejecutivo central ven como un gesto claro de acercamiento las últimas votaciones de ERC en el Congreso, que se ha abstenido en la ley de memoria y ha votado a favor de la convalidación del último decreto de medidas anticrisis. En el anterior, en plena tormenta de Pegasus, votó en contra. Por eso el Ejecutivo cree que de esta cita no saldrá una solución definitiva a la crisis, pero sí un mensaje de que las cosas han cambiado.

En La Moncloa no habrá una reunión de la mesa de diálogo, que aún espera una fecha para volver a ser convocada, sino una reunión de los dos presidentes, que se ha ido retrasando desde abril, cuando estaba ya casi cerrada y estalló el escándalo de las escuchas a decenas de independentistas. Por eso en la agenda no solo están las cuestiones del “conflicto político” catalán, que Sánchez califica así y quiere contribuir a resolver, sino también de gestión entre dos gobiernos que se enfrentan a problemas similares con una inflación desbocada.

Las relaciones políticas (que no las técnicas) entre ambos Ejecutivos están congeladas desde que trascendió el espionaje. A ERC, y al independentismo en general, no les ha bastado con el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, y quieren también garantías de no repetición. De ahí que la cita de este viernes (donde Aragonès aspira a recibir de primera mano explicaciones sobre ese tema o sobre la poca inversión en Cataluña que muestran las cifras oficiales) sea el primer paso para resintonizar y reconstruir la confianza perdida.

Un Sánchez acosado por los buenos resultados demoscópicos del PP y su triunfo en Andalucía necesita afianzar a su principal socio de la legislatura para no vivir una derrota en cada pleno. Por eso, estas últimas votaciones son tan importantes para el PSOE como gesto de que las cosas están cambiando, pero es un giro que tendrían que consolidar los dos líderes. En La Moncloa señalan que incluso se podría hablar de la posibilidad de plantear un apoyo a los Presupuestos que quiere presentar Sánchez en octubre. Hasta hace poco se pensaba que sería imposible sacar adelante las terceras cuentas, pero ahora en el Gobierno no acaban de descartarlo del todo. Depende de ERC, porque sin ellos sería inviable.

El siguiente paso será reactivar las dos vías de negociación: la de la mesa de diálogo y la de la Comisión Bilateral, más técnica y que se encarga de cuestiones de transferencias o disputas de competencias. Hace un mes, la Generalitat había descartado reunir la Bilateral bajo el argumento de que no había ningún traspaso de calado sobre la mesa. Traspasos que, recuerdan desde el Gobierno, necesitan tiempo y vienen de años congelados durante los gobiernos del PP. Cierto es que, por otro lado, nunca se ha roto la línea directa de contacto entre los dos Ejecutivos.

Pero sea una conversación entre presidentes o la mesa de diálogo, el escollo sigue siendo el mismo. Los puntos de partida están en las antípodas, negociarlos requiere tiempo y compromiso y hay muchos interesados en que descarrile cualquier intento. Por un lado, está Sánchez y su “agenda del reencuentro”, una lista de 44 puntos que asumía incumplimientos ya denunciados en su día por los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y que, además del retraso histórico en infraestructuras, apuntaba al apoyo a los Juegos Olímpicos de Invierno o la mejora de la financiación autonómica. Por el otro, ERC insiste en la necesidad de un referéndum pactado sobre la independencia y una amnistía para todos los procesados por asuntos derivados del procés.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, precisamente avisó el pasado miércoles en el debate del Congreso de que “solo se sentará en un proceso de negociación real”, dejando claro que ve ilusorio que la reunión de este viernes vaya en esa dirección. En ERC están convencidos de que, después de las reuniones preparatorias entre Félix Bolaños y Laura Vilagrà, se podrán presentar resultados concretos, especialmente en lo que llaman la “agenda antirrepresiva”. Los negociadores del Gobierno y la Generalitat acordaron la semana pasada una especie de principios mínimos para poder recuperar la mesa de diálogo, y a eso se aferra el Ejecutivo para confiar en que Sánchez y Aragonès podrán avanzar sobre esta base. Para los indepedentistas, sin embargo, lo único en el horizonte, por el momento, es cierta apertura a revisar el delito de sedición, aunque el Gobierno insiste en que cree que no hay apoyos en el Congreso para llevar adelante esta reforma. Los republicanos están dispuestos a escuchar, pero Nogueras, al menos en público, descarta moverse de lo que no sea una amnistía total.

La líder de Junts también aprovechó su intervención el pasado miércoles para criticar las condiciones de los indultos (revisables y reversibles) y pidió medidas para el resto de los “represaliados”. Tras conocerse el escrito de la Fiscalía, pidiendo seis años de prisión y 21 de inhabilitación a Laura Borràs, presidenta del Parlament, por delitos de corrupción, el vicepresident Jordi Puigneró ha apuntado en Twitter: “¿De quién es la Fiscalía?”, sugiriendo que el Gobierno pueda influir en esa petición de penas.

La gran duda sobre llegar a acuerdos en Cataluña pasa por el papel que debería tener Junts (tercera fuerza en el Parlament y con un sector considerable de la población que conecta aún con Puigdemont) en ese diálogo. En su entrevista a este diario, Sánchez aseguró que le gustaría “contar con la presencia de Junts” en la mesa, una idea que sigue sin materializarse. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, abrió hace una semana la puerta a que Jordi Turull pudiera participar en ese foro, como quería Junts, pero ni en el resto del Gobierno ni en ERC se acepta esa posibilidad.

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