La ley catalana de los alquileres hizo bajar los precios en Barcelona, según un informe oficial

La ley aprobada en el Parlament en septiembre de 2020 para contener el precio de los alquileres en Catalunya contribuyó a reducir los precios en los municipios de Barcelona donde se aplicó. Es la primera vez que esta afirmación aparece en un informe oficial, en este caso del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, en el que participan el Ayuntamiento, el Área Metropolitana de Barcelona, la Diputación y la Generalitat. En el informe han participado también el Instituto Catalán del Suelo, a quien se depositan las fianzas; y la Asociación de Gestores de Políticas Sociales de Vivienda.

La Ley catalana impedía subidas de precio del alquiler en los 60 municipios más poblados de Cataluña e incluso contemplaba caídas si los precios superaban lo que fijaba el índice oficial de la Generalitat. Estuvo vigente entre septiembre de 2020 y abril de 2022, cuando el Tribunal Constitucional anuló los artículos clave en la regulación.

El estudio apunta que la reducción fue “particularmente intensa en los primeros meses de aplicación de la normativa”. La caída de precios fue del 7,7% en la ciudad de Barcelona y del 7% en el resto de municipios donde se aplicó. En cambio, los precios aumentaron un 4,1% en el mismo periodo en los municipios sin regulación. En los tres semestres que estuvo vigente, los precios cayeron un 3% en Barcelona. La renta mensual pasó de 962,75 euros (seis meses antes de entrar en vigor) a 913,63 euros (un año y después de entrar en vigor). “El OHB constata que tras tres meses de vigencia, el precio medio en Barcelona y en el grupo de municipios donde se aplicó continuó situándose en valores inferiores a los del momento de aplicación, tanto en términos mensuales como semestrales”, apunta el informe.

Sobre los efectos de esta regulación, 18 meses que en parte coincidieron con la pandemia, siempre se ha cuestionado cuánto del comportamiento de los precios es atribuible a la Ley y cuánto a la situación de crisis social y económica. En este sentido, Jordi Bosch, director del Observatorio apunta que el informe no se centra en analizar el efecto pandemia porque “afectó a todos los municipios” tanto allí donde los precios cayeron como donde subieron; tanto si tenían precios regulados como si no.

El informe, por otra parte, desmiente efectos de la regulación sobre los que han alertado actores privados del mercado inmobiliario: ni cayó la oferta de viviendas ni cayó la cifra de contratos firmados. Los contratos firmados en los municipios regulados durante la vigencia de la ley fueron un 6,9% más que respecto al año anterior y un 7,2% más en los no regulados. En Barcelona, la actividad contractual fue mayor al semestre previo al a pandemia: durante la vigencia de la Ley se firmaron un 31% más de contratos que el año anterior.

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