El Parlament regula el alquiler pendiente de un posible recurso

Cataluña cuenta desde este miércoles con una ley que limita el valor de los alquileres según la zona, la renta del inquilino y la del propietario de la vivienda. La norma, sin embargo, corre riesgo de ser recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. El Consell de Garanties Estatutàries ya consideró que invade competencias estatales. El texto salió adelante gracias a los votos de ERC, CUP, los comunes y 29 de los diputados de Junts per Catalunya. Los otros cuatro diputados de esa última bancada, que continúan en el PDeCAT, se opusieron a la aprobación, certificando así la división en el seno del grupo parlamentario.

En la votación general el articulado recibió 71 votos a favor y 63 en contra (Ciudadanos, PSC, PP, dos de Demòcrates y cuatro diputados del PDeCAT). Los neoconvergentes, que se desmarcan por primera vez del grupo de Junts, argumentaron que la norma alteraría el mercado de alquiler reduciendo la oferta y perjudicando al pequeño propietario. En la votación de las enmiendas, sin embargo, el PDeCAT sí voto como sus excompañeros.

Pese al gran acuerdo en la Cámara, el dictamen contrario del Consell augura un posible recurso ante el Constitucional. Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters, quitó hierro a esa posibilidad y consideró que la decisión de llevar al texto al alto tribunal “es política”. También se oponen al articulado Foment y las patronales que representan al sector inmobiliario. Incluso la Autoridad Catalana de la Competencia cree que puede tener efectos nocivos en el mercado del alquiler.

El pleno del Parlament comenzó ayer con las dudas sobre el futuro de la ley que inicialmente habían pactado el Sindicat, republicanos, la CUP, comunes y neoconvergentes. Junts per Catalunya generó incertidumbre por dos razones. Primero, porque pese a apoyar la tramitación había enmendado el texto acordado a principios del verano y el martes las posiciones parecían muy alejadas. Segundo, porque no se sabía cuál sería el sentido de voto del grupo al ser evidente que había visiones encontradas no solo entre los cuatro diputados que continúan en el PDeCAT sino entre otros que ya están con Carles Puigdemont.

Desde las filas de ERC y de los comunes se pedía a Junts que apoyara la ley para evitar que decayera. El mensaje más claro llegó en la sesión de control al president Quim Torra, en la que el líder de ERC, Sergi Sabrià lamentó que “el centro derecha” impidiera aprobar la norma. Torra respondió criticando esa etiqueta y pidió “no equivocarse de adversario”.

La fumata blanca llegó justo después. Junts y el Sindicat lograron un acuerdo respecto al punto que más les separaba, los requisitos de renta para tener la condición de “propietario vulnerable”. El texto inicial hacía que el tope de precios fuera obligado para cualquier casero que tuviera una renta de unos 1.000 euros. Junts maniobró ayer para lograr subir ese umbral, argumentando que había muchos pequeños propietarios que quedaban desprotegidos.

El texto establece que los nuevos contratos no podrán superar el precio del anterior. En Cataluña funciona, de manera informativa, un índice de precios que se calcula de acuerda a las fianzas de alquiler que se depositan en el Incasòl. Eso permite saber el precio medio en determinadas zonas, de acuerdo a las condiciones de la vivienda. La ley aprobada usa ese baremo para condicionar los nuevos contratos, que no podrán superar el valor máximo establecido para ciertas zonas.

La posibilidad de subir el precio está condicionado también por la renta tanto del propietario como del inquilino. Quedan fuera de ese control los pequeños propietarios que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces la renta de suficiencia de Cataluña, unos 2.000 euros mensuales (contando ingresos y rentas). En el caso de que los ingresos del inquilino no superen 3,5 veces el mismo índice, alrededor 3.200 euros en el caso de una familia de tres miembros en Barcelona, su alquiler está blindado.