¿Por qué hay que regular los alquileres?

Estos días pueden ser momentos históricos en nuestro país si el proyecto de ley sobre la regulación de precios de los alquileres acordado entre las entidades sociales y la Generalitat pasa finalmente el trámite parlamentario.

Si esto finalmente es así, querrá decir que una mayoría de los responsables políticos del país habrán entendido que no existen los mercados libres y que, por tanto, estos hay que regularlos. Se habrá roto una de las creencias más extendidas y que más daño han producido en nuestra sociedad, al abandonar el derecho constitucional a la vivienda en las leyes de un supuesto libre mercado.

El mercado de la vivienda en nuestro país es literalmente un saco de tensiones. Privilegios fiscales de las SOCIMI y otras sociedades de inversión, privilegios a los tenedores de licencias turísticas que son eternas y no caducan nunca, pérdida permanente de viviendas que marchan a los mercados temporales o de alquiler de habitaciones...

Una situación en la que, a pesar de la crisis turística provocada por la covid, los 10.000 pisos turísticos no pasan al mercado de la vivienda y los precios no bajan todo lo que deberían bajar porque los grandes tenedores las pueden mantener vacías más de dos años y porque la administración no ejerce ningún control sobre el mercado y que para saber cuál es la oferta de vivienda existente han de recurrir a los portales inmobiliarios privados. Por no hablar del rotundo incumplimiento del Pacto Nacional por la Vivienda de 2007.

La regulación de los precios de los alquileres es ahora una necesidad altamente deseada por una parte muy importante de la población afectada por la crisis de la vivienda. Y es, por otra parte, una emergencia destinada a contener el alza de los precios, en un momento en que ya no hay tiempo material de aplicar los cambios estratégicos económicos y legislativos que requeriría una profunda regulación del conjunto del mercado de la vivienda y la construcción de un parque de vivienda protegida, tal como mandaba la Ley catalana de la vivienda de 2007.

Llegados a este punto, la FAVB y un conjunto de 12 entidades vinculadas al conflicto de la Vivienda firmamos el 25 de febrero la Crida a un Pacte per a l’Habitatge, en un contexto en el que planteábamos la necesidad de introducir elementos correctores del mercado y del conjunto de factores que alteran y tensionan el mercado de la vivienda, en línea con el resto de legislaciones europeas. Y no solo se trata de aplicar una política de regulación o contención de los precios.

Son las políticas económicas y legislativas las que alteran los precios de las viviendas y, por lo tanto, después de la aprobación de este proyecto de ley será la próxima tarea que habrá que abordar.

Jaume Artigues i Vidal es arquitecto y vocal de la Comisión de Vivienda de la FAVB