Competencia ve irregularidades en la operativa de cuatro empresas de vehículos compartidos en Barcelona

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) concluye en un informe, al que ha tenido acceso Efe, que la plataforma de alquiler de motocicletas Reby y los operadores Avant, Eco-Logica, Oiz y Tucycle actúan en Barcelona de forma concertada, como si formasen parte de un mismo grupo, contraviniendo así la normativa municipal.

El reglamento que regula la concesión de las licencias temporales para el estacionamiento de bicicletas, ciclomotores y motocicletas de uso compartido en el municipio de Barcelona establece que para poder solicitar el permiso para operar es necesario “no formar parte con otra de las empresas solicitantes de licencia objeto de esta regulación de un grupo de sociedades”.

En la ciudad de Barcelona operan actualmente nueve compañías de motos compartidas, cuatro de las cuales, las anteriormente citadas, bajo el paraguas de la aplicación Reby, desde la que se pueden alquilar los vehículos disponibles.

Las otras empresas del sector son Cooltra, Yego, Acciona Mobility, SeatMó y Movo Cabify, después de que en el último año y medio hayan abandonado este mercado otros dos operadores: Gecco y Cityscoot.

Cada una de las operadoras en activo cuenta con 632 licencias, pues el consistorio decidió en mayo de 2020 repartir un total de 6.958 concesiones de forma salomónica, independientemente del tamaño de cada empresa.

Las cerca de 1.300 licencias que han dejado libres Gecco y Cityscoot con su marcha aún no se han repartido entre el resto de operadores que siguen trabajando.

Fue precisamente Cityscoot la empresa que en enero de 2021 registró un escrito ante la Autoridad Catalana de la Competencia contra Avant, Eco-Logica, Oiz y Tucycle por supuestas conductas infractoras de la ley de defensa de la competencia.

El operador francés sostenía que estas cuatro empresas formaban parte de un mismo grupo y que no competían entre ellas, “vaciando de esta manerael contenido de las licencias otorgadas, impidiendo y falseando la competencia”.

Basaba su acusación en múltiples indicios, como que las cuatro compañías utilizaban los mismos modelos de ciclomotores, cascos idénticos, aplicaciones móviles iguales, compartición de datos (el registro con uno de los operadores conlleva estar dado de alta en los otros tres) o los mismos textos legales de las apps.

También la Gerencia de Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona remitió a la ACCO un escrito en el que admitía que Avant, Eco-Logica, Oiz y Tucycle “habrían llevado a cabo una actuación o prácticaconcertada”, no comportándose por tanto como verdaderos competidores, y ponía de manifiesto que un operador no titular de ninguna de las licenciasotorgadas —Reby— ofrecía el servicio de alquiler de estas cuatro empresas en su aplicación móvil.

La ACCO decidió entonces investigar estos hechos de manera conjunta.

En su informe de conclusiones, Competencia señala que hay indicios que apuntan a que “no nos encontramos ante diversas unidades económicas de decisión plenamente independientes, sino que existirían determinados vínculos entre las cuatro operadoras” denunciadas y una quinta, Reby.

Esta empresa defiende que en el sector de ‘motorsharing’ de Barcelona solo opera en calidad de proveedor tecnológico de otros actores locales, a diferencia de su posición en otros mercados, en los que se ha constituido como operador de transporte propiamente dicho.

En este sentido, Reby sostiene que en Barcelona tiene firmados acuerdos con las cuatro empresas denunciadas en tanto que proveedor tecnológico y también de compraventa de vehículos.

Sin embargo, la ACCO asegura haber tenido acceso a determinada documentación que demostraría que este vínculo “va más allá de una relación meramente contractual”.

Entre estos documentos figura un correo electrónico con fecha de 12 de mayo de 2020 en el que un representante de Reby hace referencia a información financiera y planes de negocio conjuntos de dicha empresa con los cuatro operadores objeto de análisis.

En definitiva, la Dirección General de la ACCO considera que “no concurre en este caso el requisito de la bilateralidad de comportamiento exigido por la aplicación del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia”, ya que “existen indicios que llevarían a considerar que las empresas denunciadas y Reby conforman una única empresa o unidad económica de decisión”.

Competencia ha puesto en conocimiento su informe tanto a Cityscoot España como a la Gerencia de Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, que es el organismo que ha de decidir si revoca o no las licencias otorgadas a Avant, Eco-Logica, Oiz y Tucycle por incumplir la normativa municipal.

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