La moto compartida desata una guerra por las licencias en Barcelona
21 empresas optan al concurso por las 7.000 licencias que adjudicará el Ayuntamiento
El pastel de las motos eléctricas de alquiler en Barcelona ha desatado una guerra entre empresas en el concurso por las 7.000 licencias que adjudicará el Ayuntamiento. Hay cinco operadores en activo (eCooltra, Acciona, Yego, Movo y Scoot, con entre 2.300 y 500 motos) y el sector esperaba que al concurso se presentaran cuatro o cinco más. Pero optaron 21: les han tocado 350 licencias provisionales por empresa. La mitad de aspirantes pertenecen al sector de la movilidad compartida pero el resto son empresas de muy reciente creación o sin experiencia en el sharing. Y de éstas, seis tienen relación con Reby, operador de los patinetes retirados por la alcaldesa Ada Colau. El resto de compañías están convencidas de que los seis buscan agruparse y sumar 2.100 motos.
Pero estos operadores descartan por ahora impugnar el concurso y esperan que sea el Ayuntamiento quien actúe. Colau ha admitido que algo ha fallado en un concurso que tacha de innovador y que fue pactado con los operadores actuales, que llevan cuatro años haciendo negocio en un limbo legal. La semana pasada, la concejal Rosa Alarcón se refirió en el Ayuntamiento a la posibilidad de que alguien busque cometer alguna irregularidad y recordó que el concurso prohíbe expresamente la compraventa de licencias.
Alarcón también se mostró convencida de que habrá empresas que se retirarán. Fuentes municipales señalan que “se están analizando todos los documentos y evidencias recibidas y se actuará conforme a la Ley”. Y añaden que se ha avisado a los adjudicatarios de licencias provisionales de que el concurso prohíbe agrupaciones de empresas o compraventa de licencias.
Tres de los actuales operadores (eCooltra, Yego y Movo) alertan del “fraude de ley que supondría una posible agrupación de empresas”. “Sería competencia desleal”, señala el consejero delegado de Yego, Tim Ougeot. “Los datos son públicos, la vinculación es tan obvia que el Ayuntamiento debería tomar medidas”, prosigue en un argumento compartido por el consejero delegado de eCooltra, Oriol Marimon, y el director general de Movo, Luis Chen. Los tres reivindican su esfuerzo inversor y de gestión en los últimos cuatro años: “En su día creamos y desarrollamos un servicio que no existía”, explica Marimon.
Aseguran que eran conscientes de que con el concurso perderían licencias, pero no tantas. La flota mínima para hacer viable el negocio es, aseguran, de 1.500 motos. Ahora tienen 2.300 motos eCooltra, 1.600 Acciona, 1.000 Yego, 650 Movo y 500 Scoot. “Nuestro esfuerzo debe enfocarse a prestar el mejor servicio, es el Ayuntamiento el protagonista para poner coto a malas prácticas”, defiende Chen.
Estos operadores aseguran que 350 motos por operador es una cifra que hace inviable el negocio, por los costes estructurales que tiene: logística, mecánicos, vehículos, atención al cliente 24 horas al día, todos los días del año y en varios idiomas...
Más allá de las empresas que ya operan, del total de 21 que inicialmente aspiraron a las licencias provisionales, una optó por retirarse (Tier). Y entre el resto, figuran varios operadores conocidos en el sector (Boltest, Wind o Respiro, filial de Seat).
Entre la decena restante hay sociedades constituidas en los últimos meses del año pasado (los aspirantes podían presentarse hasta noviembre), algunas con un capital mínimo (3.000 euros cuando la inversión requerida para comprar 300 motos roza el millón de euros), y de sectores que nada tienen que ver con la movilidad sostenible (inmobiliario, textil o artes gráficas, según figura en el registro mercantil).
A partir del lunes, para conseguir la licencia definitiva, las empresas que han obtenido autorizaciones provisionales tienen 10 días hábiles para presentar documentación, una garantía económica y demostrar que han comprado ya las motocicletas.
Las seis aspirantes que tienen vínculos con Reby
Los datos que figuran en el registro mercantil o publicados en internet y en redes sociales revelan vínculos de seis de las empresas que han obtenido licencias provisionales con Reby. Tucycle, con sede en Gijón, es el operador de bicicletas compartidas en la ciudad, y también de patinetes de Reby. Uno de sus representantes trabajó en la empresa de Barcelona. Otra empresa, UUalk, tiene como cofundadora a Cristina Castillo, que en su perfil de Twitter afirma que también lo es de Reby. Quasar Mobility tiene como administrador único a Juan Andrés García, uno de los dos apoderados de Reby.
En el caso de Ecohibrid, su administrador único y accionista mayoritario, Carlos Saiz, aparece en la web Apollo como “product operation manager” de Reby. Y dos casos más: la firma Global Mobility Sharing se dio de alta en noviembre de 2019; su administrador único fue hasta enero Sergi Monferrer, que es director general de Buny, empresa que opera patinetes en Vigo y que es una marca de Arisharing, según figura en el registro, y que también ha obtenido licencias provisionales. Montferrer trabaja en Reby, aseguran fuentes del sector.
Este diario ha intentado contactar con todos ellos sin éxito. El mismo intento ha realizado, también sin obtener respuesta, con Pep Gómez, el fundador de Reby.
