¿Faltan recursos?

La exclusión social en Cataluña afecta al 29% de la población, según el informe FOESSA de Cáritas. Una situación que no ha parado de crecer a tenor de datos como las condiciones socioeconómicas de las familias que solicitan beca para las actividades de tiempo libre educativo en verano de la Fundación Pere Tarrés. Según este análisis, el 70% de las familias que optaron a ayudas para ‘casals’ o colonias aumentaron sus dificultades económicas en 2021, y un 78% se situaba por debajo del umbral de pobreza, una cifra dos puntos más alta que el año anterior. Estas familias se enfrentan a situaciones muy complicadas en su vida diaria: cuatro de cada 10 no pueden mantener la temperatura de casa adecuadamente, el 40% tienen ingresos mensuales inferiores a los 1.000 euros y en casi la mitad alguno de los miembros de la familia se encuentra en paro.

Que las familias vulnerables progresen depende de sí mismas y del acompañamiento de los servicios sociales y de entidades no lucrativas. No podemos delegarlo todo a la administración, pero la acción de ésta puede aliviar la situación de los más débiles. En este contexto, dramático para muchos, las administraciones dicen no tener medios suficientes para atender los servicios propios del estado del bienestar. Todos somos testigos de las carencias de la sanidad pública. La enseñanza necesitaría más maestros bien calificados para atender la diversidad. La vivienda es inaccesible para muchos colectivos, y no se favorece la construcción de promociones sociales. Y la falta de recursos públicos se evidencia también en lo que cuesta acceder a prestaciones para atender a un familiar dependiente, acceder a la renta mínima garantizada o atender infancia vulnerable no institucionalizada. Aumenta la deuda, los presupuestos son insuficientes, las remuneraciones precarias, especialmente para los profesionales que trabajan para los servicios públicos externalizados.

La presión fiscal sobre el trabajo y el consumo es elevada, pero no así sobre la especulación financiera. Es evidente que el gasto público tiene límites, pero a la vez constatamos un derroche presupuestario sobre el que nadie pide responsabilidades.

Algunos ejemplos: Construir el famoso “tambor” de la plaza de las Glòries, en Barcelona en la época de los Juegos Olímpicos, supuso una inversión de 4.000 millones de pesetas de aquel momento, que hoy serían más de 24 millones de euros. Posteriormente, costó 15 millones de euros derribarlo, y otros 60 construir los túneles subterráneos para el tráfico y urbanizar la plaza, con desviaciones importantes sobre lo presupuestado inicialmente. La indemnización que la constructora del fallido proyecto Castor recibió del Estado alcanzaba los 1.350 millones de euros, un coste que repercutirá en el recibo del gas de los ciudadanos durante 30 años. El Tribunal de Cuentas ha detectado un sobrecoste de 7.600 millones de euros en varios proyectos para reordenar y enterrar líneas del AVE en 13 capitales de provincia.

Cifras que evidencian cierta forma de gestión de lo público que podemos contraponer con otras cifras, las de la desigualdad. Viendo por un lado lo que se ha derrochado y por otro, las inversiones imprescindibles para frenar las desigualdades, ¿podemos asegurar que verdaderamente faltan recursos?

Josep Oriol Pujol Humet. Director General de la Fundació Pere Tarrés

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