La huelga educativa en Cataluña agoniza por el cansancio de los profesores y la falta de resultados

Las huelgas educativas que han alterado la vida en los centros escolares catalanes llegan a su fin sin un claro ganador y con ambas partes desgastadas. Después de cuatro meses de conflicto —iniciado con el anuncio del nuevo calendario escolar—, los sindicatos cerraron este jueves la novena jornada de paros con un exiguo seguimiento y sin lograr ninguna reversión de los recortes, más allá de las que ya tenía previstas el departamento. Y Educación y su consejero, Josep Gonzàlez-Cambray, han visto notablemente erosionada su popularidad y mancillada la relación con las direcciones de los centros.

El pasado mes de febrero, cuando Cambray anunció por sorpresa, y sin haberlo negociado ni hablado con el sector, que el curso escolar empezaría una semana antes en septiembre, prendió la mecha del agotamiento que acumulaban los docentes por los dos años de pandemia y una dura sexta ola con ómicron que golpeó con dureza en las escuelas, y que hasta ahora se había mantenido en una calma tensa.

El cúmulo de circunstancias hizo aflorar antiguas quejas y alimentó la protesta, que en marzo se concretó en cinco días de huelga que empezaron con una estampa que hacía años que no se veía: 33% de seguimiento en las aulas y una manifestación con 22.000 asistentes. La protesta se fue deshinchando hasta el 8% y los 6.000 manifestantes del último día. El colectivo del profesorado no acostumbra a aguantar huelgas sostenidas en el tiempo por el impacto que tiene en las nóminas. Los sindicatos, en previsión, de las cuatro jornadas de paro en mayo y junio, convocaron solo dos en horario completo y dos parciales, de solo dos horas. Pero el resultado no ha sido bueno: un seguimiento del 6% y 3.000 manifestantes el pasado 25 de mayo y un 3,44% y unas mil personas en la manifestación de este jueves, el último que cierra el ciclo de huelgas de este curso.

Las negociaciones no han dado frutos. Durante la primera tanda de protestas, el nuevo calendario se convirtió en el caballo de batalla —a lo que se sumó la reclamación de acabar con los recortes de hace una década—, pero tras el inmovilismo del departamento en esta cuestión, en las últimas reuniones la línea roja ha sido recuperar las horas lectivas previas a los recortes. Los sindicatos exigían que se hiciera en primaria y secundaria a partir del curso próximo. Reducir una hora a los maestros supondría contratar a 1.463 profesores y un coste de 67 millones, y en secundaria, a 2.009 docentes y 105 millones, algo inviable según Educación, que ofrecía aplicarlo en septiembre en primaria y el año que viene en secundaria.

En la última mediación celebrada este miércoles, el departamento ofreció también recuperar en septiembre el complemento de antigüedad de seis años —ahora se cobra el primero a los nueve— (con un coste de 48 millones), dotar a los centros con más alumnos vulnerables con 271 educadores e integradores sociales (8,5 millones) y aumentar las aulas de acogida. Los sindicatos han considerado todas las propuestas “insuficientes”.

Así, se cierra un ciclo de protestas sin conseguir ninguna mejora para el profesorado. “A nivel tangible no hemos logrado nada, pero sí hemos conseguido situar la educación en primera línea de debate, se ha visualizado el cansancio y los docentes se han empezado a organizar en asambleas”, valora Teresa Esperabé, de CC OO. Por su parte, la portavoz del sindicato mayoritario, Ustec, Iolanda Segura, dice que más allá de las cifras de la huelga “el malestar de los docentes se ve en otros elementos” y que en estos meses se ha producido “un cambio en las relaciones con el departamento” y que “se están moviendo hilos”. “Por eso tenemos que continuar presionando”, añade. Los sindicatos amagan con nuevas protestas durante el inicio de curso.

Todo ello ha enrarecido las relaciones entre el departamento y la comunidad educativa (y no solo los sindicatos), ya que decenas de directores han escrito cartas al consejero criticando sus políticas. Y aunque los sindicatos no han logrado el cese de Cambray, que continúa teniendo el apoyo del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el conflicto sí ha hecho mella en su imagen pública y, de rebote, ha generado presión política sobre el Govern y el partido de ERC, que teme que le pueda pasar facturas en futuras elecciones.

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