Estalla el enfado vecinal contra el cableado caótico de Barcelona: “Hay calles que parecen Bangkok”

Es de esos fenómenos urbanos que molestan pero que no se resuelven. No suelen pasar de la queja entre vecinos. Hablamos de la presencia de cajas y cables de telecomunicaciones, como la fibra óptica o la telefonía, en las fachadas de los edificios. En algunos barrios de Barcelona pueden observarse hasta cuatro y cinco de estas cajas, que los técnicos conocen como torpedos, apiñadas en apenas dos metros cuadrados y con incontables cables. Hay casos incluso de cables aéreos, que cruzan la calle.

Fuentes del Ayuntamiento explican que la Ley de Telecomunicaciones, de ámbito estatal, considera las redes de comunicaciones como “equipamiento de carácter básico (como la luz, el agua y el gas) y permite el despliegue de cables y equipos en las fachadas cuando no haya canalizaciones previas o no sea posible su uso por razones técnicas o económicas”. “Esto ha comportado, en la práctica, su despliegue prácticamente sin limitaciones”, añaden las mismas fuentes. Sin embargo, recuerdan también que “la instalación de cableados debe someterse a licencia, junto con un proyecto de integración global en la composición arquitectónica del edificio”.

Lo que no aciertan a esclarecer en el Ayuntamiento es por qué hay zonas de la ciudad (las más céntricas del Eixample, o la zona noble de la Diagonal, por ejemplo) donde el desorden no existe.

En el barrio de la Barceloneta, en el distrito de Ciutat Vella, se hartaron del desorden. Manel Martínez, de la asociación de vecinos, explica que las denuncias comenzaron en 2019, pero se pararon con la pandemia. “Hay calles que parecen Bangkok. Ya no es que sea antiestético, es que es peligroso. Las telecomunicaciones hoy en día son tan básicas como el agua: es la fibra de la tele, pero también el teletrabajo o la teleasistencia de una persona mayor”, explica y añade que “los técnicos no siempre están bien calificados o supervisados”.

Las quejas han llevado al Ayuntamiento a requerir a las empresas que acondicionen las redes instaladas (retiren el cableado y varíen el trazado) o que las retiren si ya no funcionan. Si no, avisan, las multarán. Entre las operadoras afectadas están Telefónica u Orange (que en España opera con las marcas Orange, Jazztel y Simyo).

El concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, daba cuenta este lunes en las redes sociales del envío de 66 cartas (una por cada ubicación de un punto con situaciones de especial desorden) a compañías de telefonía. “Nuestras calles no merecen estos despropósitos que hace demasiados años que duran”, escribió Rabassa.

La gerente del distrito, Yolanda Hernández, explica que las cartas llegan como último recurso después de años de trabajo. A través del Pla de Veïnatge se destinaron equipos de visualizadores que peinaron el distrito antes de que lo hicieran los inspectores. Recogieron situaciones flagrantes, quejas vecinales y detectaron torpedos en edificios catalogados, lo que está prohibido. También el grupo municipal de Ciutadans pidió poner orden en un pleno.

Las normativas que incumplen los casos que han sido requeridos son variadas. Una es la ordenanza de usos del Paisaje Urbano. La segunda es la Ordenanza de intervención municipal en las instalaciones de radiocomunicación. Y la tercera, la de protección del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de la ciudad, que impide cualquier instalación en edificios catalogados.

Una de las claves de las situaciones que se producen, explica la gerente, es que la ordenanza de Paisaje Urbano habla de que las compañías son “responsables del mantenimiento y tienen la obligación de impedir la provisionalidad, dejadez, desorden y visibilidad ostensible”, lo que es interpretable. “Tampoco la ley de telecomunicaciones deja claro el límite. Apunta que deben utilizar canalizaciones subterráneas o el interior de los edificios, pero en muchos casos no es posible”. La nueva ley de telecomunicaciones que se está tramitando endurecerá la normativa, pero todavía no hay un redactado definitivo.

Antes de las cartas, el distrito mandó requerimientos en el mandato pasado y se ha reunido con las operadoras, explica Hernández. ¿Y qué les responden? “Que la ley de telecomunicaciones lo permite”, contesta. El distrito solo ha conseguido que se ordenen los torpedos cuando ha multado: ocurrió en la calle de Magdalenes o en la plaza de Sant Josep Oriol. Sanciones de entre 300 y 3.000 euros.

Telefónica ha declinado responder a la petición de este diario sobre los requerimientos municipales. Fuentes de la compañía Orange aseguran que ante la petición del Consistorio están “buscando la mejor solución de ordenación de los cables afectados, con la premisa de seguir ofreciendo el mejor servicio a los clientes y mantener su conectividad”.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal