ERC, la izquierda de la izquierda

Cuando Esquerra decidió oponerse a la reforma laboral algunos desde sus propias filas insinuaron que el partido se orientaba hacia un nuevo laborismo. La voz de Gabriel Rufián atronaba contra los dirigentes de esa izquierda gobernante y claudicante que eran capaces de presentar como una victoria un pacto entre los sindicatos mayoritarios y la patronal. El texto legal acordado, a juicio de Rufián, se limitaba a “maquillar” la normativa del PP: no recupera las indemnizaciones por despido improcedente, ni los salarios de tramitación. “La pregunta no es por qué ERC no acepta la reforma laboral, sino por qué la aceptan PSOE y Unidas Podemos junto a Ciudadanos, la CEOE y la FAES”, enfatizaba Rufián.

Es cierto que la reforma laboral es mejorable. No obstante, en la decisión de Esquerra pesó más la no convocatoria de la mesa de diálogo con el Gobierno central. ERC embozó el fracaso de la negociación con el tacticismo social de jugar a ser la izquierda de la izquierda. Se miró en el espejo de partidos hermanos, sin reparar en que ELA-STV –próximo al PNV– ostenta el 40% de delegados en la comunidad vasca o el sindicato LAB –en la órbita de Bildu– cuenta con el 20% de los representantes. La Intersindical Confederació Sindical de Catalunya, que apoya ERC, cuenta con 1.105 delegados casi todos entre el funcionariado autonómico, lejos de los 22.356 de CC OO o los 19.779 de UGT, según datos de finales de marzo. Bien es cierto que en Cataluña hay militantes republicanos en UGT y CC OO, pero a juzgar por los silencios parece que han sido seducidos por el reformismo claudicante.

Lo paradójico es que la experiencia muestra que en el caso de Esquerra una cosa es predicar en Madrid y otra dar trigo en Cataluña. En casa, el alma liberal pesa en muchas ocasiones más que la social, tal como se ha puesto de manifiesto en la gestión de elementos clave para combatir la pobreza como la Renta Garantizada de Ciudadanía. Hace 12 años que no se actualiza el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), base máxima sobre la que se calcula el derecho a percibir prestaciones. En ese periodo, el IPC ha aumentado un 27% en Cataluña.

Además, la Generalitat ha incumplido lo dispuesto en sus propios presupuestos en 2021 y 2022, lo que le hubiera permitido incrementar en IRSC un 5% y un 2,5%, respectivamente. El dato es especialmente relevante pues el informe FOESSA sitúa la exclusión social en Cataluña en el 29,1% de la población, mientras que la Renta Garantizada de Ciudadanía —ya sea total o en forma de complemento— solo la perciben entre un 33% y un 35% de esas 470.000 personas que están en situación de pobreza material severa, según la propia Generalitat.

Primero fue la reforma laboral, luego el rechazo al decreto anticrisis. Por muy graves que sean las razones —como son la falta de diálogo en Madrid o el espionaje desde los aparatos del Estado— para un partido de izquierda con aspiraciones a ser mayoritario resulta difícil explicar ante la actual situación de crisis y precariedad cómo se sacrifican en el altar de las grandes verdades políticas los avances sociales por pequeños que sean.

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