Quim Torra liquida su condena por desobediencia tras pagar la multa que aseguró que nunca iba a abonar

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado por liquidada la condena de inhabilitación impuesta en diciembre de 2019 al expresidente catalán Quim Torra, quien sigue pendiente de que se dicte sentencia por su segundo juicio por negarse a retirar lazos amarillos del balcón de la Generalitat. En sendos autos, la sala civil y penal del alto tribunal catalán acuerda el licenciamiento definitivo de Torra, tras comprobar que ha cumplido la pena de año y medio de inhabilitación para ejercicio de cargos públicos y que ha pagado los 30.000 euros de multa que se le impusieron por un delito de desobediencia. Torra anunció y puso por escrito en mayo de 2021 que no iba a pagar las multas y que se arriesgaba a entrar en prisión. Pero, según el TSJC, el expresidente “ha pagado el total de la deuda” y, como consecuencia de haber “efectuado el pago de la totalidad de la pena de multa impuesta” se da por extinguida la responsabilidad del condenado.

Para liquidar la pena de Torra, el TSJC ha constatado además que los ingresos que ha percibido mientras ha estado inhabilitado son los correspondientes a su pensión como expresidente de la Generalitat, retribución que la condena no le impedía cobrar. El expresident está a la espera de que se dicte la sentencia de su segundo juicio por desobediencia por negarse a retirar una pancarta de apoyo a los políticos presos con un lazo amarillo de la fachada del Palau de la Generalitat, vista celebrada el pasado mes de marzo a la que Torra no acudió.

Poco antes del inicio del juicio, celebrado en un juzgado de lo penal de Barcelona dado que el expresidente ya no ostentaba la condición de aforado, Torra publicó en su cuenta de Twitter un vídeo para admitir que desobedeció y que no se prestaría a participar en una “farsa”, tras lo que fue juzgado en ausencia, lo que es posible en el caso de penas menores. En este segundo caso, la Fiscalía le pide un año y ocho meses de inhabilitación -además de 30.000 euros de multa- por desoír una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le obligaba a retirar de la Generalitat una pancarta con un lazo amarillo de apoyo a los presos del procés.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal