El ministro Bolaños y la consejera Vilagrá se reunirán para reconducir la crisis del espionaje

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña intentarán encauzar la crisis de las supuestas escuchas a los móviles de más de 60 dirigentes independentistas mediante una reunión que se celebrará este domingo en Barcelona. Así lo han comunicado el Govern de Pere Aragonès y el Gobierno este sábado mediante un comunicado que informa de una reunión en la capital catalana entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y la consejera Laura Vilagrà, mano derecha del presidente catalán.

La reunión llega después de casi una semana de turbulencias entre ambos gobiernos tras conocerse que unos 65 dirigentes independentistas catalanes y vascos, así como algunos periodistas, fueron espiados mediante el programa Pegasus, de producción israelí y que, según su fabricante, solo pueden comprar gobiernos o agencias gubernamentales. El Gobierno de la Generalitat ha acusado directamente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de estar detrás del supuesto monitoreo de los móviles, que se produjeron mayoritariamente entre 2019 y 2020, una vez ya se había desactivado la amenaza de una declaración unilateral de independencia de Cataluña por parte de la Generalitat.

El Gobierno ha negado siempre tener cualquier implicación con estas presuntas escuchas, aunque el CNI dispone del programa Pegasus. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha escudado en el secreto que ampara las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia para no confirmar o desmentir si se ha utilizado para seguir a los secesionistas.

Entre los afectados identificados por el grupo de expertos canadienses Citizen Lab también hay políticos en activo de Bildu, PDeCAT, Junts per Catalunya, los abogados de líderes del procés, representantes de entidades como la ANC y Òmnium y los últimos cuatro presidentes de la Generalitat. Todos han anunciado acciones legales para esclarecer las responsabilidades no solo en España, sino también en otros países donde se habría espiado, como Bélgica, Suiza y Alemania.

El Govern, que compareció en bloque el martes pasado, ha decidido congelar las “relaciones políticas” con el Ejecutivo central ante lo que considera un ataque frontal a la confianza necesaria entre Administraciones. El propio president Aragonès ha supeditado la normalización de esas relaciones a que se ponga en marcha una investigación interna, con control independiente, sobre quién encargó el espionaje, por qué y qué contenido se ha extraído.

A partir de ahí, ha dicho el jefe del Govern, se decidirá qué responsabilidades se puede exigir a diferentes niveles de la Administración del Estado. El independentismo, sin embargo, no es monolítico en este punto y, por ejemplo, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ya ha solicitado la dimisión de Pedro Sánchez.

El Gobierno está muy interesado en restaurar cuanto antes la confianza con ERC. El jueves hay una votación muy importante del decreto con ayudas para paliar las consecuencias de la guerra, y el Ejecutivo quiere contar con el apoyo de ERC ante la posibilidad de que el PP se vaya al no. La Moncloa señala que “para el Gobierno es muy importante seguir manteniendo la misma voluntad de diálogo que se ha venido practicando hasta ahora con el Govern de Catalunya desde que Pedro Sánchez es presidente”.

“Este Gobierno apuesta y seguirá apostando por el diálogo y el acuerdo. Es importante recordar de dónde venimos y dónde estamos en las relaciones entre el Govern de Catalunya y el Gobierno de España para darnos cuenta de que ese es el camino a seguir: cooperación institucional y diálogo. Los catalanes, en particular, y toda España lo agradecerán. En los últimos días, se han venido produciendo diversos contactos entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat, que han dado lugar a la celebración de la reunión que tendrá lugar mañana para continuar con el diálogo entre gobiernos”, resumen en el Ejecutivo.

El Gobierno y la Generalitat llevan varios días buscando una salida satisfactoria para Aragonés, que ha sido espiado y además tiene mucha presión en el mundo independentista para que exija una solución rápida. El hecho de que se produzca la reunión de Bolaños y Vilagrá indica que la solución está cercana, porque no tendría sentido convocar una reunión para romper. La Generalitat exige una investigación interna en el Gobierno que determine exactamente qué ha pasado con el espionaje. El Ejecutivo prefiere acudir a la vía de la comisión de secretos oficiales, que aún no se ha constituido. El PP veta la entrada de Bildu, y eso complica esta solución. Pero el PSOE y ERC están buscando soluciones alternativas y probablemente el pacto incluirá una fórmula mixta entre todas ellas.

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