Dimite Cristian Alcázar, el teniente de alcalde de L’Hospitalet de Llobregat investigado por corrupción

El segundo teniente de alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, ha anunciado este miércoles su dimisión, pocas semanas después de que la Fiscalía haya pedido cuatro años y medio de cárcel por presuntamente simular un despido y pagar una indemnización fraudulenta. En un comunicado, Alcázar también ha informado de que renuncia al cargo de primer secretario de la Federación del PSC de L’Hospitalet que ostentaba hasta ahora.

Alcázar, acusado de estafa o apropiación indebida y de un delito contra la Seguridad Social en una pieza separada del caso principal de supuesto desvío de fondos en el Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat (CELH), ha tomado esta decisión “para concentrarse en su defensa”. En el texto, reitera su inocencia e insiste en su “determinación para seguir colaborando con la justicia para esclarecer los hechos que se investigan”. En este sentido, ha considerado que tenía que dar este paso “para desvanecer cualquier sombra de duda” sobre su gestión al frente del Consell Esportiu y “en favor de su partido”.

Fuentes del Ayuntamiento de L’Hospitalet consultadas por Efe se han limitado a expresar “respeto” por la decisión de Alcázar y han informado de que con la renuncia se ponen en marcha los mecanismos para sustituirlo, que previsiblemente culminarán en el pleno municipal del mes de mayo.

La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para Alcázar y para el exconcejal del PSC Cristóbal Plaza por simular presuntamente el despido del segundo y pagar una indemnización fraudulenta de 47.147 euros. Los hechos se remontan a finales de 2016, cuando Alcázar era teniente de alcalde, concejal de Deportes y presidente del CELH, mientras que Plaza era el director de esta entidad, que, pese a ser privada, la mitad de la Comisión Directiva es designada por el Consistorio. El despido de Plaza, acordado en fecha de 31 de diciembre de 2016, fue justificado por causas objetivas, dado el descenso de los ingresos del Consell, obligado, en consecuencia, a amortizar el puesto de trabajo de Plaza, y se pactó una indemnización de 47.147,62 euros.

Sin embargo, la Fiscalía cuestiona la argumentación oficial del despido y señala que, analizando las cuentas del Consell Esportiu, su situación económica no se podía considerar negativa, “ni era necesario amortizar el puesto” de Plaza, pues su sustituto tenía las mismas competencias y un sueldo similar.

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