¿Quién quiere hacer posible el derecho a la vivienda?

Ningún partido habla en contra del derecho a la vivienda, pero no hay manera de hacerlo efectivo. Un recurso del Partido Popular acaba de tener como respuesta que el Constitucional anule la capacidad de la ley catalana de vivienda que permitía la fijación de límites en los alquileres, y que estaba consiguiendo su objetivo. Se considera que la norma catalana invade competencias estatales. No es el primer caso en el que el Constitucional interviene restringiendo una ley aprobada en el Parlament de Catalunya que busca avanzar en el derecho a la vivienda, lo hizo ya para recortar el decreto contra los desahucios.

Hay una contradicción que emerge al tener noticia de estas actuaciones: la Constitución española declara un derecho a la vivienda que no se hace posible. El Constitucional, que debe encargarse del cumplimiento de la Constitución no actúa para garantizarlo. Nunca se ha interpretado que el derecho a la vivienda deba ser garantizado, ningún gobierno hasta ahora lo ha querido hacer. Tampoco ningún Constitucional. Si hoy se plantea el derecho a la vivienda como una obligación de las administraciones es consecuencia de la fuerza y el apoyo social de la movilización a favor de ampliar y consolidar derechos.

El Sindicat de Llogateres, creado en 2017, es el impulsor de la ley del Parlament para limitar el precio de los alquileres. La Plataforma de Afectadas por la Hipotecas lo fue de la Ley 24/2015 para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética. El Parlament de Catalunya ha hecho posible legalizar para hacer avanzar en estos derechos, incluso contra la voluntad de los gobiernos existentes. Incluso hay partidos que llevándolas al Constitucional las reclaman en lo municipal al ver su eficacia.

Conviene reconocer el trabajo fundamental de la movilización social para que este derecho tenga un gran impulso popular, entre en el sentido común de la época y en la agenda institucional. Y también es es necesario atender a lo que hacen los partidos. ¿Por qué si dicen estar a favor del derecho a la vivienda llevan toda ley al Constitucional y no impulsan ninguna que lo haga posible? ¿Si el Constitucional anula leyes por invasión competencial por qué los partidos que pueden legislar en el Congreso no lo están haciendo? ¿Si gobiernan aprobando estas leyes porque no las desarrollan cómo necesitarían? ¿Por qué el Ayuntamiento de Barcelona hace lo que está muy lejos de hacer Generalitat y Gobierno? Basta con analizar y comparar la inversión en vivienda social o acompañamiento a las personas que viven emergencia habitacional de cada administración.

Más allá de partidismos, conviene poder conversar abiertamente de lo que falta hacer para que un derecho declarado esté garantizado. La lucha por este derecho es larga, la primera huelga documentada es de 1931 y ha dado pie a un interesante y necesario programa Memoria de las luchas por la vivienda en Barcelona, impulsado por el ayuntamiento hasta junio de 2022, Podría ser un buen espacio para esta conversación. Un derecho no existe si no se garantiza.