Límites salariales o agendas públicas: el código ético de Colau choca con la realidad

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declaró el pasado viernes como investigada por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones del Ayuntamiento a entidades afines, como la PAH, de la que fue fundadora y portavoz. Desde la oposición algunas voces criticaron que la alcaldesa no dimitiera, aludiendo al código ético de Barcelona en comú (BComú), que fija que se aparte a los cargos públicos imputados. En enero, la edil y el partido respondieron a estas peticiones que no debía renunciar porque el código precisa que solo debe producirse el cese cuando haya un presunto ánimo de lucro personal y las ayudas investigadas son “concedidas por la Comisión de Gobierno como órgano colegiado”.

Barcelona en comú fijó en 2015 un exigente código ético a sus cargos “electos y de libre designación”. Se gestó cuando meditaba en impulsar una lista conjunta con la CUP y como activo frente a la política tradicional. Ya en el gobierno de Barcelona, los comunes se han visto obligados a modificar aspectos como el tope salarial de 2.200 euros mensuales; muchos incumplen con la publicación de sus agendas. O se da por hecho de que considerará ampliar los mandatos de dos a tres.

Fuentes oficiales de Barcelona en comú defienden que sí se cumple en otras muchas cuestiones, como las referidas a conciliación y la feminización. Otras fuentes del partido reconocen que cometieron la ingenuidad de redactar el código sin contar que podían gobernar. En el partido hace meses que hay intentos de poner al día del código pero oficialmente no se alude a estas peticiones.

Los sueldos. ”La exigencia para un cargo electo o gerencial es muy alta, por la responsabilidad y las horas que se pasan fuera de casa, que quizás hacen que necesitas alguna ayuda, y el salario no es un incentivo, por lo que mucha gente renuncia a estos cargos”, lamenta una persona que trabajó para Colau en el primer mandato. De hecho, al llegar al gobierno en algunos casos (gerentes y comisionados), se optó por rebajar la retribución respecto lo salarios oficiales en esta escala en el consistorio aunque por encima del tope de 2.200 euros. A comienzos del segundo mandato, el partido aprobó sumar un complemento a los puestos de mayor responsabilidad. El argumento es, que estar en primera línea del gobierno comporta una sobrecarga de trabajo que perjudica la conciliación. Al entrar en la institución, muchos concejales tuvieron que contratar canguros o llevar ropa a la tintorería, y no alcanzaban a pagarlos. La alcaldesa recibe desde 2019 900 euros más al mes; los ediles, 600; y los comisionados 300. Los complementos no modifican el código ético, mantiene el partido, sino que son “una medida para compensar las largas jornadas de trabajo”.

Las agendas públicas. Según el código, electos y cargos de confianza deben “hacer públicas sus agendas para hacer visible con quién se reúnen y los temas de los que se trata”. Basta consultar estas agendas, que sí son públicas, para ver que nadie lo cumple así. Algunas aparecen en blanco; otras sin más detalle que “reunión interna” o “reunión externa”; otras, mencionan con quién son los encuentros, pero ni asomo lo que abordan.

Volver a trabajar fuera de la institución. La ex concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, ha relatado en la red sus dificultades para acceder a nuevos empleos tras abandonar la institución. En su caso, explica, “no era tanto por el código ético como por la ley de incompatibilidades de los cargos electos”. “Tiene lógica que no puedas trabajar para nadie a quien hayas contratado u otorgado una subvención, pero los límites deberían tener una escala: no es lo mismo firmar un contrato millonario con Telefónica y luego entrar en el consejo de administración; que una subvención pequeña y luego trabajar media jornada”, argumenta. La ley, reflexiona Pin, “está redactada pensando en profesionales que pueden solicitar una excedencia por cargo público; hay que pensar en la reinserción en empleos precarios, porque si no, solo podrá hacer política quien tiene las espaldas cubiertas u opte por entrar en el circuito de saltar de una administración a otra”.

El límite de mandatos. Está por ver si la alcaldesa u otros ediles optarán a un tercer mandato. El código lo prevé: “Excepcionalmente a un mandato más siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana”. Cuatro de los diez concejales están en su segundo mandato.

Fuentes de Barcelona en comú defienden que el código ético “es un marco de compromiso con la sociedad que sigue vivo, adaptándose, y plenamente vigente” y apuntan que “el grado de cumplimiento es absolutamente satisfactorio”. El comité, eso sí, ha determinado que hay que trabajar más las cuestiones de “feminización e igualdad; conciliación y sostenibilidad de la vida con las tareas institucionales; y el regreso tras el paso por la institución”. A la pregunta de si el partido fue demasiado radical, la fuente oficial responde: “Al contrario, se cumple, se aplica y hemos llegado mucho más lejos de lo que nadie hubiese llegado. El Código Ético inspira muchas actuaciones de la propia organización al margen de los titulares”.